Caracas.-
La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) se pronunció a
través de un comunicado sobre la situación económica del país y alertó
sobre "el acelerado deterioro de las condiciones de vida de la población
venezolana".
La ANCE exhortó al Ejecutivo a que hable con
claridad al país, asuma las responsabilidades y que no "rehúya la tarea
de labrar los consensos que viabilicen este ajuste al menor costo
posible, es imprescindible". También pidió al Gobierno nacional que no
siga buscando "culpables" al deterioro de las condiciones de vida del
venezolano para no "enmendar" sus propios errores políticos.
"El
país no toleraría que no se asuman claramente las grandes
responsabilidades que el momento exige. El grave empobrecimiento de los
venezolanos causado por la inflación desbordada requiere respuesta
inmediata. La Academia Nacional de Ciencias Económicas asume la suya,
poniendo sus capacidades de análisis y de divulgación como contribución a
este esfuerzo", se destaca en el comunicado.
Además, pidió al
Gobierno instrumentar "un ajuste que restablezca los equilibrios
macroeconómicos esenciales que permitan la unificación del tipo de
cambio en torno a sus valores de equilibrio para abatir la estanflación,
generar expectativas favorables a la inversión y establecer condiciones
financieras que promuevan el ingreso de los capitales necesarios para
que estos cambios tengan viabilidad".
Para leer el comunicado en la página de la ANCE,
presione aquíA continuación el pronunciamiento:"Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas ante la situación del país
La
población venezolana viene padeciendo un acelerado deterioro en sus
condiciones de vida desde hace tres años. La tasa de inflación,
actualmente la más alta del mundo, se une al desabastecimiento, la
desmejora de los servicios públicos, la mengua de los salarios, la grave
situación de inseguridad y la penuria en que se encuentran los
servicios de salud, para empobrecer a las mayorías, no obstante los
cuantiosos ingresos captados por el país bajo la presidencia de Hugo
Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro. La Academia Nacional de Ciencias
Económicas considera su deber pronunciarse sobre las causas y
consecuencias de tan lamentable situación, en beneficio de contribuir
con su comprensión y con la formulación de políticas que puedan sacar al
país de tal extravío. Si bien este empobrecimiento se ha agravado por
la caída en los precios de exportación del petróleo, sus causas
anteceden a esta situación. Encuentran sus raíces en el proyecto
económico implantado por ambos gobiernos, que ha despilfarrado los
enormes recursos percibidos, destruido la capacidad productiva
doméstica, alimentado la inflación, y aumentado nuestra dependencia del
ingreso petrolero y de proveedores foráneos.
Un cálculo somero de
los recursos manejados por el régimen bolivariano entre 1999, su primer
año de gobierno, y 2014, da una cifra superior a 1,3 billones[1] de
dólares entre ingresos al Gobierno Central, incremento de la deuda
pública y gasto social (parafiscal) de PdVSA. El objetivo económico
principal proseguido ha sido el de centralizar en manos de la
Presidencia de la República estos cuantiosos recursos para su aplicación
discrecional con fines políticos. Para ello se desmanteló el marco
institucional del Estado de Derecho que regulaba la Hacienda Pública,
así como las relaciones entre el Estado y el sector privado, al acceder
Chávez al gobierno. En el ámbito de lo macroeconómico, los proventos de
la venta de petróleo en los mercados mundiales pasaron a disposición
directa del Ejecutivo para su reparto directo a través de "misiones", se
eliminó en la práctica el control legislativo sobre el gasto público,
se estableció un control cambiario que pretende ocultar la devaluación
sostenida del bolívar y que reservó el usufructo de las divisas al
arbitrio del Ejecutivo, y se acabó con la autonomía del Banco Central de
Venezuela. En el plano microeconómico se socavaron los derechos de
propiedad y las garantías procesales y para la solución de
controversias, se sometió la economía a una serie de regulaciones y
controles, y se congeló el mercado laboral, tanto en lo que respecta a
su movilidad, como en relación con la contratación colectiva.
Como
resultado de estas medidas, el Sector Público Restringido[2] aumentó su
peso en la economía venezolana desde un 26% del PIB en el último año
del gobierno de Rafael Caldera, hasta un 40% en los últimos cuatro años.
Desde el 2010, el déficit público ha superado el 10% del PIB, llegando a
ser más del 15% durante el último trienio. Ello está asociado a una
política monetaria expansiva y permisiva. A partir del 31 de diciembre
de 2010, la liquidez monetaria se ha multiplicado 10 veces, un 97% de
incremento sólo en lo que va de 2015, sin que se haya aumentado el
crédito bancario a la inversión reproductiva. Una tercera parte de la
liquidez se origina en el financiamiento del BCV al flujo de caja de
PdVSA, hecho posible por La reforma de la Ley del Instituto Emisor de
2010. Por su parte, el régimen de control cambiario implantado desde
comienzos de 2003, en vez de impedir la fuga de capitales, fortalecer la
moneda y defender las reservas internacionales, se ha traducido en una
salida de más de $180 millardos por las cuentas financiera y de errores y
omisiones[3], una caída de las reservas a los niveles precarios de ese
año, y una cotización del dólar en la frontera que ha llegado a ser 130
veces superior a la tasa oficial de Bs. 6,30. Y como el otorgamiento de
divisas a este último precio está fuertemente racionado y sujeto al
arbitrio discrecional de los funcionarios que deciden al respecto, su
cotización en el mercado paralelo se ha convertido en referente para la
fijación de precios domésticos, impulsando aun más la inflación. Todo lo
anterior ha socavado la confianza en el bolívar, que ha dejado de
operar como depositario de valor y unidad de cuenta, colocando a
Venezuela al borde de la hiperinflación.
En lo interno, bajo el
pregón de construir un "socialismo del siglo XX1", se arrinconó a la
economía privada, expropiando empresas productivas del campo y la ciudad
–a veces sin compensación-, y estableciendo un draconiano control de
precios que impide cubrir adecuadamente los costos de producir y
comercializar bienes y servicios. Esto ha fomentado la búsqueda de
rentas fabulosas arbitrando entre precios altamente distorsionados
-particularmente en transacciones transfronterizas, en las que puede
cobrarse en dólares-, provocando un clima de gran incertidumbre que ha
socavado la iniciativa empresarial y, con ello, la inversión y el empleo
productivo, mientras incentiva actividades especulativas de todo tipo,
en connivencia con funcionarios corruptos. En consecuencia, la
productividad laboral ha descendido en más de 12% desde 2008, con su
inevitable efecto sobre la remuneración real de los asalariados. Como
contraparte y secuela también de la excesiva sobrevaloración del tipo de
cambio oficial, Venezuela se ha hecho mucho más dependiente del
extranjero para la provisión de bienes de consumo y para la producción.
En 2012 las importaciones llegaron a cuadruplicar el monto de las de
1998.
Esta conducción de lo económico ha acentuado la
vulnerabilidad del país ante los altibajos del mercado petrolero
internacional. El petróleo provee actualmente el 96% de los ingresos por
exportación, pero el manejo de esta industria según criterios
políticos, en contraposición a lo que debería ser su misión corporativa,
hacen que una parte significativa de estos recursos no ingresen al país
y/o sean utilizados para fines que merman significativamente su
capacidad de respuesta a los desafíos del negocio petrolero. Para el
cierre de 2014 los estados financieros de PdVSA mostraban $27 millardos
en cuentas por cobrar –buena parte acreencias con países cuyas
importaciones de crudo venezolano son financiadas a través de
PetroCaribe-, una deuda externa por $46 millardos y aportes por encima
de $8 millardos al año para atender el servicio de la deuda contraída
por la nación con la República Popular de China. En lo interno, la
empresa pierde cerca de $15 millardos anualmente por el subsidio a la
gasolina y otros combustibles. Las insuficiencias de caja provocadas ha
obligado a PdVSA a depender del financiamiento monetario del BCV para
poder cumplir con sus compromisos, no sin diferir el pago a muchos
proveedores. Adicionalmente, enfrenta demandas en su contra que suman
varios millardos de dólares por parte de distintas empresas
transnacionales, algunas ya con fallos en contra. Es decir, la fuente
principalísima de divisas con que cuenta el país para atender las
importaciones y el pago de la deuda, y sobre la cual ha descansado buena
parte de las políticas "socialistas" de ambos gobiernos, está
extenuada, sin que sea fácil su recuperación. Peor aún, no tiene
reemplazo inmediato: las exportaciones no tradicionales han
prácticamente desaparecido con el abandono inconsulto del pacto andino y
la incorporación del país a Mercosur -con posibilidades de exportación
mucho menores-, y el costo de la contratación de empréstitos con el
extranjero, dada el desacertado manejo de la economía, es actualmente
prohibitivo. Sin políticas conducentes al desarrollo de la
competitividad de empresas e industrias domésticas, basadas en el
fortalecimiento del talento y de sus capacidades de innovación,
Venezuela no podrá superar la situación de postración que ahora exhibe.
Es
menester entender que las políticas de reparto, suponiendo precios
internacionales del petróleo en torno a los $100 el barril, descansan en
controles y regulaciones severas que han generado incentivos perversos
que destruyen la actividad productiva. Las distorsiones engendradas son
pasto de buscadores de fortuna que se han ido apoderando de nichos
importantes en los circuitos económicos. La merma en los precios de
exportación del crudo venezolano ha puesto de manifiesto de la manera
más cruda la inviabilidad de continuar con tal esquema. Y los cambios
estructurales evidenciados últimamente en el mercado petrolero mundial
no auguran un repunte importante de precios para 2016. Las largas colas
de venezolanos observadas por doquier buscando alimentos, medicamentos y
otros productos incrementan la tragedia representada por un alza
desmedida de precios –este año se estima que la inflación podrá superar
el 180%. Esta realidad no se corrige con medidas represivas ni cierres
de fronteras. Tampoco puede aceptarse la actitud del Banco Central y de
otros organismos, de ocultar la información sobre el acontecer
económico, violando los artículos 311 y 319 de la Constitución, como si
con ello la grave situación no existiese. Para este año se vislumbra una
caída significativa de la producción doméstica –estimada por el Fondo
Monetario Internacional en 10%-, que se acumula con la contracción del
4% ocurrida en 2014.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas
hace un llamado a las autoridades públicas, los partidos políticos, al
sector empresarial, las universidades, los trabajadores y al público
consumidor, a concertar los esfuerzos necesarios para producir un cambio
fundamental en la conducción de los asuntos económicos y así poder
superar la grave situación en que nos encontramos. Es imperativa la
liberación de las fuerzas productivas para aliviar la escasez, generar
fuentes de ingreso que complementen progresivamente al petróleo en la
provisión de divisas y proveer empleo productivo y bien remunerado.
Venezuela tiene los recursos con los cuales superar la presente
situación. En este cometido el Ejecutivo tiene la responsabilidad
central. Debe instrumentar un ajuste que restablezca los equilibrios
macroeconómicos esenciales que permitan la unificación del tipo de
cambio en torno a sus valores de equilibrio para abatir la estanflación,
generar expectativas favorables a la inversión y establecer condiciones
financieras que promuevan el ingreso de los capitales necesarios para
que estos cambios tengan viabilidad. Este esfuerzo requiere el
restablecimiento pleno de los derechos de propiedad y el levantamiento
del aparato punitivo de controles y regulaciones que está asfixiando a
la economía. Un programa bien diseñado de apoyo a los sectores más
vulnerables podrá reducir el impacto adverso de estas medidas de
saneamiento en el corto plazo mientras se generen los empleos
productivos bien remunerados que sustenten mejoras en el bienestar de
los venezolanos.
Una conducción política nacional que hable con
claridad al país, que asuma las responsabilidades del caso y que no
rehúya la tarea de labrar los consensos que viabilicen este ajuste al
menor costo posible, es imprescindible. Ya basta de buscar "culpables"
al deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos como excusa
para no enmendar sus propios errores de política. El país no toleraría
que no se asuman claramente las grandes responsabilidades que el momento
exige. El grave empobrecimiento de los venezolanos causado por la
inflación desbordada requiere respuesta inmediata. La Academia Nacional
de Ciencias Económicas asume la suya, poniendo sus capacidades de
análisis y de divulgación como contribución a este esfuerzo.
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