La iniciativa, impulsada por el colombiano Iván Duque, atribuye al
presidente venezolano “la comisión de crímenes de derecho
internacional”, publica El País.
Un centenar de congresistas colombianos y chilenos han presentado
este martes ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La
Haya, una denuncia contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. El
escrito se basa en informes de organismos internacionales, como algunas
agencias de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, estudios de ONG e información oficial, y acusa al sucesor de
Hugo Chávez de haber sido “partícipe de graves violaciones al derecho
internacional” a partir de 2008, cuando era ministro de Exteriores, y le
atribuye “la comisión de crímenes de derecho internacional” desde que
fue elegido en 2013. La iniciativa, impulsada por el senador colombiano
del Centro Democrático Iván Duque, ha sido respaldada por representantes
de formaciones de distintos colores y busca que la Fiscalía de La Haya
abra, como primera medida, una observación en Venezuela, que firmó el
Estatuto de Roma en 1998 y por tanto acepta la jurisdicción de la CPI.
El Tribunal de La Haya juzga delitos que afectan a la comunidad
internacional: genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad.
Las acusaciones que formula la denuncia son ocho En primer lugar, “el
crimen de asesinato por instigación directa e indirecta”. “Entre los
años 2013 y 2017, se ha dado muerte en Venezuela a personas que se
manifestaron en situaciones concretas, o mediante el ejercicio de sus
derechos humanos, en contra de políticas, medidas u omisiones imputables
al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, señala el texto,
al que ha tenido acceso EL PAÍS. En segundo lugar, los denunciantes le
imputan una “imposición intencional de condiciones de vida, entre otras
la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la
destrucción de parte de una población”. Un delito que califican como
“exterminio” y que entienden “estrechamente relacionado con el
genocidio, ya que ambos se dirigen contra un gran número de personas”.
En tercer lugar, “deportación o traslado forzoso de población”, algo
que achacan al “uso de la fuerza física o a través de amenazas”. Los
otros cargos recogidos en el escrito, de 56 páginas sin incluir los
documentos probatorios aportados, son encarcelación de opositores;
tortura; “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia”,
en referencia a los críticos con el chavismo; “desaparición forzada de
personas” e incluso “el crimen de apartheid, es decir, “actos inhumanos
cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión”.
“Yo espero que con todos los hechos que están ocurriendo en Venezuela
la Fiscalía diga primero que van a poner a Venezuela en observación,
que ya es un mensaje muy importante para advertir de que lo que está
ocurriendo es muy grave. Y el segundo objetivo es que la fiscalía pueda
abrir una investigación formal a Nicolás Maduro”, explica Duque. “Los
Gobiernos de América Latina se han quedado en las lindas formas de los
salones multilaterales, pero ninguno ha hecho ninguna acción”.
La crisis institucional que atraviesa ese país recrudeció cuando el
Tribunal Supremo de Justicia suspendió, a finales de marzo, las
competencias del Parlamento, de mayoría opositora. Esa decisión reactivó
una ola de protestas que aún no se ha detenido. En los últimos tres
meses y medio han fallecido alrededor de cien personas, ha aumentado la
presión de la comunidad internacional, el chavismo está dividido, la
fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se ha convertido en un símbolo de la
resistencia al Gobierno, se produjo la excarcelación de Leopoldo López.
Pero Maduro no está dispuesto a renunciar a las elecciones de una
Asamblea Nacional Constituyente, convocadas para el 30 de julio con unas
reglas del juego que, según la oposición, favorecen al oficialismo.
El diputado chileno encargado que promovió la denuncia en ese país
fue Felipe Kast, antiguo ministro del conservador Sebastián Piñera,
quien asegura que la apoyaron ocho partidos políticos, “desde la
izquierda hasta la derecha, pasando por el centro, con excepción del
Partido Comunista y el Socialista”. “Para Chile”, señala, “esta realidad
de Venezuela es especialmente sensible”. “Cuando en Chile se violó la
democracia, recibió apoyo internacional”, prosigue Kast, que espera que
Parlamentos y autoridades de otros países de la región se sumen a esta
iniciativa.
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