"Un informe de cuatro abogados recopila más de 45.000 sentencias que reflejan el sometimiento judicial al Gobierno"
 POR:ALFREDO MEZA.
Los amigos del abogado venezolano Antonio Canova suelen decir que 
tiene un estómago de hierro. No es para menos, piensan. Junto a sus 
colegas Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez Ortega y Giuseppe Graterol,
 Canova revisó y clasificó las 45.474 sentencias emitidas entre 2004 y 
2013 por las salas Político-Administrativa, Electoral y Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela
 —las tres que controlan los actos del Gobierno—, y las compiló en un 
libro de circulación casi clandestina llamado El TSJ al servicio de la 
revolución (Editorial Galipan), valorado también como una joya por 
analistas y periodistas. La conclusión principal de este grueso ensayo 
de reciente aparición es que el Supremo jamás ha dictado una sentencia 
contra el Gobierno.
Esa primera certeza es la corteza de un árbol frondoso y cargado de 
frutos como estos: los autores afirman que, a medida que pasa el tiempo,
 los magistrados del Supremo venezolano necesitan mostrarse más 
revolucionarios para sobrevivir a las purgas periódicas impulsadas por 
la troika gobernante, que el Gobierno interviene y controla 
políticamente al Poder Judicial con el objetivo de que este no limite 
sino que legitime "jurídicamente sus decisiones y actuaciones", que tras
 la muerte del presidente Hugo Chávez
 [5 de marzo de 2013] se han hecho más explícitas las evidencias de 
politización de la justicia, y que los criterios judiciales de las 
cortes estudiadas se apartan y son contrarios al derecho internacional, a
 los derechos humanos "y a la jurisprudencia y doctrina universal más 
reconocidas en materias como democracia y Estado de derecho".
En el libro se recuerda que durante la apertura del año judicial en 2007, el entonces presidente del Supremo, Omar Mora Díaz, instó en su discurso a los otros magistrados a apoyar el proyecto de reforma constitucional que entonces impulsaba Chávez, o como en el año anterior los magistrados corearon el cántico chavista "Uh, ah, Chávez no se va" como una manera de saludar al entonces jefe de Estado, quien estaba presente entre los invitados.
Hay un patrón que se cumple invariablemente, según Canova. El 
Gobierno anuncia una medida que se corresponde con su visión 
estratégica. La oposición y los expertos critican la decisión por 
anticonstitucional, pero a los pocos días una sentencia del TSJ avala la
 postura de la alta jerarquía chavista. "Esto no es un tribunal, sino 
una farsa", opina el abogado. "Con una justicia así, será imposible que 
alguien invierta en Venezuela. No hay garantía alguna de protección al 
empresario", agrega.
El libro pretende zanjar también una vieja discusión de la oposición.
 El chavismo ha sido un proceso de difícil caracterización: algunos 
dicen que es un proceso autoritario y que es posible reconstruir al país
 respetando las instituciones legadas por la Constitución promovida por 
Chávez en 1999; otros, más dramáticos, prefieren enunciarla como una 
dictadura que segrega a los que piensan distinto y viola los derechos 
humanos. Canova se inclina por la segunda opción. En Venezuela, dice, no
 hay un déficit de justicia ni el sistema judicial es perfectible, como 
sostiene la oposición menos radical. "Ellos quieren permanecer en el 
poder y que los tribunales garanticen la supervivencia de la revolución,
 como el propio Chávez decía", opina Canova.
El coautor Luis Alfonso Herrera dice que el fallecido líder planificó
 la toma del poder judicial desde el mismo momento en que asumió su 
primer Gobierno, el 2 de febrero de 1999, e impulsó la redacción de una 
nueva Constitución. Las resistencias naturales a los procesos que 
plantean cambios de raíz impidieron el plácido avance de ese plan. 
Chávez sufrió un revés cuando el Supremo decidió no enjuiciar a los 
altos cargos militares que en 2002 participaron en el golpe de Estado 
que le derrocó durante un fin de semana. Aún resuenan los ecos de la 
escatológica frase que pronunció —"Los magistrados del Supremo pusieron 
una plasta"— al conocer el fallo. En buena medida, ese día quedó sellada
 la suerte del Supremo. El Gobierno logró imponer una reforma a la Ley 
Orgánica del TSJ que incluyó el aumento del número de magistrados —de 20
 a 32— y su elección por mayoría simple en la Asamblea Nacional.
Después de leerse más de 45.000 sentencias, Antonio Canova está 
satisfecho. El abogado ha logrado trascender los análisis interesados y 
establecer conclusiones comprobando él mismo el razonamiento del Poder 
Judicial. "Después de esto ya no escribiré más", dice como despedida.
 Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/12/actualidad/1418373177_159073.html




No hay comentarios.:
Publicar un comentario