POR:ALEXANDER GUERRERO.
1. La anti-historia y la vuelta al pasado con grandes costos sociales y económicos
Contracorriente al reloj de la historia, pese a haber perdido el referéndum en el 2007 para una reforma constitucional que le permitiera afectar unilateralmente los derechos de propiedad y expropiar capital privado, el gobierno continúa su acelerada carrera de expropiación y estatificación de empresas de capital privado, nacionales y extranjeras, si se quiere al margen de la ley y de la misma constitución, pese a que tanto ella como alguna jurisprudencia escrita en la Corte Constitucional del TSJ ha debilitado orgánicamente el ejercicio de los derechos de propiedad.
Ese proceso de descapitalización basado en la expropiación de activos privados le da contenido a lo que el gobierno denomina “socialismo del Siglo XXI” lo cual no es otra cosa que la transferencia -por la fuerza de las armas, no olvidemos la proclama cotidiana del Presidente que la revolución esta armada- de capital privado a propiedad del Estado. A todo evento, esas acciones contra la propiedad privada y sus derechos, son inconstitucionales y desde luego ilegales. La destrucción de esas libertades –económicas – básicas asentadas en la propiedad privada y sus derechos, configuran una fase de violencia institucional contra las ya precarias libertades y derechos a la propiedad privada.
2. Porqué y para qué expropiación de activos en propiedad privada
Las preguntas que se hace todo ciudadano preocupado por el destino suyo y de su familia son por demás sencillas porque no encuentran racionalidad política pero si son mecanismos de generación y pobreza, puestas en evidencia por la historia del socialismo y el comunismo de más de 80 años. Porqué y para qué el gobierno se ha embarcado en ese disparatado y violento esquema de descapitalización de activos en propiedad privada, demoliendo lo que resta de un marco jurídico de respeto a los derechos de propiedad ?. Cuál es el costo político y administrativo que el gobierno, ministros y Presidente están dispuestos a responder en virtud de los perjuicios y daños causados a la propiedad y libertades por irresponsabilidad política y administrativa, cuando el país retome el rumbo normal de nación civilizada? Acaso estemos entrando en la fase terminal de nuestras libertades por acción de un gobierno y por intermedio de la violencia institucionalizada y armada ?
Y más allá en el mediano plazo, cual es el costo económico y social por generación y ampliación de la pobreza dada la trasferencia de activos en propiedad privada al Estado ?, cabalgando sobre la evidencia empírica comprobada que el Estado no podrá ser nunca un administrador eficiente porque la propiedad estatal esta fuera de los incentivos naturales que mueven el desarrollo económico y social. Parafraseando a A. Smith “el Estado no crea riqueza, la destruye”, y para muestra un botón, lo que ocurre en Venezuela, una realidad demasiado protuberante como para no verla ni sentirla. Por ello la cubierta de toda propiedad estatal: una monumental corrupción.
3. Agenda de control social y político: servidumbre socialista y la propiedad del Estado
Aunque, a primera vista luce un proceso disparatado, alocado y contra-histórico; la estatificación de la economía, previa expropiación de los activos en propiedad de gente, empresas y organizaciones privadas, se explica sin mucha complejidad en el contexto de una hipotética sobrevivencia política de un régimen totalitario en su concepto y de un gobierno que requieren como conditio sine qua non la implantación de un sistema de servidumbre total y efectiva de los venezolanos por parte del Estado y su gestor, el gobierno revolucionario.
De esta manera, las estatificaciones y expropiaciones, y la enajenación del proceso de creación de riqueza de la gente, constituyen el epicentro político de un objetivo explicado en la tensión de una dominación política y social del venezolano que va al core de la existencia de individuos libres, el ejercicio se sus derechos económicos como emprendedores y dispuestos a cumplir con mayor eficiencia su función social capitalizando sus capacidades, intelecto y riqueza.
Nada es entonces un proceso ordenado por el gobierno sobre la base del desconocimiento, ignorancia o ineficiencia, como muchos así lo piensan; aunque si se quiere, algo se puede imputar a aquellas consecuencias no intencionadas, escondidas en el velo de la ignorancia, porque de lo que acontece solo puede resultar lo que vemos a diario, dado que viene incrustado en el sentido de políticas dirigidas a trazar la ruta –parafraseando a Hayek- de servilismo frente al Estado: es la quimera socialista de intereses mercantiles y políticos combinados con el marxismo como manual de operaciones para ejecutar esa dominación política y social. El control de la economía por el Estado dejara al venezolano como un amorfo agente servil de lo que el Estado le arranque con los impuestos y le devuelva en ineficiencia, corrupción, servicios públicos e infraestructura en destrucción, control policial de cada acto humano, esclavitud, es decir, miseria pobreza, como la que se ve en Cuba, Corea, y se conoció en China y en el este de Europa cuando la dominación soviética.
4. Así comenzó la destrucción de los derechos económicos
Vale acotar algunos antecedentes no lejanos en la historia de estos eventos revolucionarios incluidos en el devenir político como instrumento de control político y social y económico y que nos han traído a donde estamos hoy. Por ejemplo, aquella –funesta- decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 1999 que aparentemente y muy ingenuamente le entregó al gobierno la guadaña de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de carácter originario; es decir, de un instrumento político en manos de fanáticos ideologizados cuyo objetivo inmediato era la destrucción de todas las instituciones conformantes del poder político: congreso, judicatura, poder público, y con ello el marco jurídico que abarcaba el respeto por parte del estado y terceros de los derechos económicos, propiedad.
Todo ello fué destruido por un proceso de reconstitución innecesario pero condición prerrevolucionaria para pervertir el orden y el destino de los derechos de los ciudadanos, particularmente los económicos. Para eventualmente dar paso en el mediano plazo con lo que estamos presenciando hoy. Aquella CSJ no divisó quizás inducida por intereses políticos-mercantilistas en su forma para que una degollina institucional acabaría con libertades y derechos, y que la propuesta de socialismo no era otra que el conocido servilismo político y social que caracterizó al Estado soviético y al comunismo puro y simple que se conoció en la segunda mitad del Siglo XX. Solo sobre esos conceptos podemos comprender lo que ocurre y nos evitaremos así hacernos la misma pregunta miles de veces, porque ese disparatado proceso de expropiaciones y estatificaciones, si el Estado no es eficiente ni racional con sus economías?
5. Estatificación de derechos económicos: tierras, empresas y ahora la vivienda
Las respuestas son hoy evidentes, y la gente ha comenzado a comprenderlas, el objetivo de las expropiaciones y estatificaciones masivas en estos últimos años es la inhabilitación económica de los individuos para hacerlos todos dependientes del Estado. Es un proceso que sabemos es de pobreza en movimiento, porque los activos estatificados como la evidencia empírica lo señala, serán arruinados más temprano que tarde, con lo cual la descapitalización acotada en esta nota y puesta en marcha desde la promulgación de la nueva constitución y en sucesivas leyes sobre el entorno económico sectorial que han enajenado progresiva y ahora violentamente al ciudadano de su soberanía económica.
Leyes que destruyeron la propiedad privada sobre tierras –una buena parte de tierras fértiles expropiadas, aguas, bosques, espacio electromagnético, recursos naturales (petróleo etc.), infraestructura, electricidad, telecomunicaciones aun en marcha, bancos, cementos, empresas productoras de alimentos y servicios agroindustriales, centros comerciales, y finalmente tierras urbanas, todas ellas en manos de promotores privados para el mercado de vivienda de sectores medios.
Las consecuencias de este último evento, de apropiación de tierras urbanas, y viviendas en construcción, introducen en el mercado inmobiliario de viviendas un factor depredador de precios y desvalorización de los activos inmobiliarios de las familias venezolanas. Ese proceso depredador sobre precios y valores inducidos ahora directamente por la intervención del Estado se expresará en envilecimiento del mercado, la demanda por vivienda caerá porque nadie la comprará sabiendo que el marco jurídico para su venta esta obstruido, después de todo, la vivienda es el activo de mayor valor en el balance de la familia. Amigo lector, imagínese ahora si Ud. quería vender, quien le compra si el marco jurídico de esa transacción está ahora intervenido y politizado.
Ese proceso de descapitalización basado en la expropiación de activos privados le da contenido a lo que el gobierno denomina “socialismo del Siglo XXI” lo cual no es otra cosa que la transferencia -por la fuerza de las armas, no olvidemos la proclama cotidiana del Presidente que la revolución esta armada- de capital privado a propiedad del Estado. A todo evento, esas acciones contra la propiedad privada y sus derechos, son inconstitucionales y desde luego ilegales. La destrucción de esas libertades –económicas – básicas asentadas en la propiedad privada y sus derechos, configuran una fase de violencia institucional contra las ya precarias libertades y derechos a la propiedad privada.
2. Porqué y para qué expropiación de activos en propiedad privada
Las preguntas que se hace todo ciudadano preocupado por el destino suyo y de su familia son por demás sencillas porque no encuentran racionalidad política pero si son mecanismos de generación y pobreza, puestas en evidencia por la historia del socialismo y el comunismo de más de 80 años. Porqué y para qué el gobierno se ha embarcado en ese disparatado y violento esquema de descapitalización de activos en propiedad privada, demoliendo lo que resta de un marco jurídico de respeto a los derechos de propiedad ?. Cuál es el costo político y administrativo que el gobierno, ministros y Presidente están dispuestos a responder en virtud de los perjuicios y daños causados a la propiedad y libertades por irresponsabilidad política y administrativa, cuando el país retome el rumbo normal de nación civilizada? Acaso estemos entrando en la fase terminal de nuestras libertades por acción de un gobierno y por intermedio de la violencia institucionalizada y armada ?
Y más allá en el mediano plazo, cual es el costo económico y social por generación y ampliación de la pobreza dada la trasferencia de activos en propiedad privada al Estado ?, cabalgando sobre la evidencia empírica comprobada que el Estado no podrá ser nunca un administrador eficiente porque la propiedad estatal esta fuera de los incentivos naturales que mueven el desarrollo económico y social. Parafraseando a A. Smith “el Estado no crea riqueza, la destruye”, y para muestra un botón, lo que ocurre en Venezuela, una realidad demasiado protuberante como para no verla ni sentirla. Por ello la cubierta de toda propiedad estatal: una monumental corrupción.
3. Agenda de control social y político: servidumbre socialista y la propiedad del Estado
Aunque, a primera vista luce un proceso disparatado, alocado y contra-histórico; la estatificación de la economía, previa expropiación de los activos en propiedad de gente, empresas y organizaciones privadas, se explica sin mucha complejidad en el contexto de una hipotética sobrevivencia política de un régimen totalitario en su concepto y de un gobierno que requieren como conditio sine qua non la implantación de un sistema de servidumbre total y efectiva de los venezolanos por parte del Estado y su gestor, el gobierno revolucionario.
De esta manera, las estatificaciones y expropiaciones, y la enajenación del proceso de creación de riqueza de la gente, constituyen el epicentro político de un objetivo explicado en la tensión de una dominación política y social del venezolano que va al core de la existencia de individuos libres, el ejercicio se sus derechos económicos como emprendedores y dispuestos a cumplir con mayor eficiencia su función social capitalizando sus capacidades, intelecto y riqueza.
Nada es entonces un proceso ordenado por el gobierno sobre la base del desconocimiento, ignorancia o ineficiencia, como muchos así lo piensan; aunque si se quiere, algo se puede imputar a aquellas consecuencias no intencionadas, escondidas en el velo de la ignorancia, porque de lo que acontece solo puede resultar lo que vemos a diario, dado que viene incrustado en el sentido de políticas dirigidas a trazar la ruta –parafraseando a Hayek- de servilismo frente al Estado: es la quimera socialista de intereses mercantiles y políticos combinados con el marxismo como manual de operaciones para ejecutar esa dominación política y social. El control de la economía por el Estado dejara al venezolano como un amorfo agente servil de lo que el Estado le arranque con los impuestos y le devuelva en ineficiencia, corrupción, servicios públicos e infraestructura en destrucción, control policial de cada acto humano, esclavitud, es decir, miseria pobreza, como la que se ve en Cuba, Corea, y se conoció en China y en el este de Europa cuando la dominación soviética.
4. Así comenzó la destrucción de los derechos económicos
Vale acotar algunos antecedentes no lejanos en la historia de estos eventos revolucionarios incluidos en el devenir político como instrumento de control político y social y económico y que nos han traído a donde estamos hoy. Por ejemplo, aquella –funesta- decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 1999 que aparentemente y muy ingenuamente le entregó al gobierno la guadaña de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de carácter originario; es decir, de un instrumento político en manos de fanáticos ideologizados cuyo objetivo inmediato era la destrucción de todas las instituciones conformantes del poder político: congreso, judicatura, poder público, y con ello el marco jurídico que abarcaba el respeto por parte del estado y terceros de los derechos económicos, propiedad.
Todo ello fué destruido por un proceso de reconstitución innecesario pero condición prerrevolucionaria para pervertir el orden y el destino de los derechos de los ciudadanos, particularmente los económicos. Para eventualmente dar paso en el mediano plazo con lo que estamos presenciando hoy. Aquella CSJ no divisó quizás inducida por intereses políticos-mercantilistas en su forma para que una degollina institucional acabaría con libertades y derechos, y que la propuesta de socialismo no era otra que el conocido servilismo político y social que caracterizó al Estado soviético y al comunismo puro y simple que se conoció en la segunda mitad del Siglo XX. Solo sobre esos conceptos podemos comprender lo que ocurre y nos evitaremos así hacernos la misma pregunta miles de veces, porque ese disparatado proceso de expropiaciones y estatificaciones, si el Estado no es eficiente ni racional con sus economías?
5. Estatificación de derechos económicos: tierras, empresas y ahora la vivienda
Las respuestas son hoy evidentes, y la gente ha comenzado a comprenderlas, el objetivo de las expropiaciones y estatificaciones masivas en estos últimos años es la inhabilitación económica de los individuos para hacerlos todos dependientes del Estado. Es un proceso que sabemos es de pobreza en movimiento, porque los activos estatificados como la evidencia empírica lo señala, serán arruinados más temprano que tarde, con lo cual la descapitalización acotada en esta nota y puesta en marcha desde la promulgación de la nueva constitución y en sucesivas leyes sobre el entorno económico sectorial que han enajenado progresiva y ahora violentamente al ciudadano de su soberanía económica.
Leyes que destruyeron la propiedad privada sobre tierras –una buena parte de tierras fértiles expropiadas, aguas, bosques, espacio electromagnético, recursos naturales (petróleo etc.), infraestructura, electricidad, telecomunicaciones aun en marcha, bancos, cementos, empresas productoras de alimentos y servicios agroindustriales, centros comerciales, y finalmente tierras urbanas, todas ellas en manos de promotores privados para el mercado de vivienda de sectores medios.
Las consecuencias de este último evento, de apropiación de tierras urbanas, y viviendas en construcción, introducen en el mercado inmobiliario de viviendas un factor depredador de precios y desvalorización de los activos inmobiliarios de las familias venezolanas. Ese proceso depredador sobre precios y valores inducidos ahora directamente por la intervención del Estado se expresará en envilecimiento del mercado, la demanda por vivienda caerá porque nadie la comprará sabiendo que el marco jurídico para su venta esta obstruido, después de todo, la vivienda es el activo de mayor valor en el balance de la familia. Amigo lector, imagínese ahora si Ud. quería vender, quien le compra si el marco jurídico de esa transacción está ahora intervenido y politizado.
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