POR:ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA.
Nadie resulta inocente, cuando su adversario es el juez”Lucano.
Alguien cometió el imperdonable error de señalar que no existían exiliados bajo el régimen venezolano y que quienes habían abandonado el país lo habían hecho por motivos exclusivamente económicos. Declaración tanto más falaz y tanto más grave cuanto que quien aventuró esa afirmación lo hacía ante un buen montón de exiliados por razones estrictamente políticas. Se trataba de perseguidos, acosados, hostigados o acorralados por un gobierno dictatorial que poco a poco ha ido mostrando su verdadera faz. Hoy a pocos les cabrán dudas: el régimen es dictatorial y empuja a la resistencia activa, a la carcel o al destierro. O a la apatia, el cinismo y el sometimiento, las más perversas formas de sobrevivencia.
El caso de Manuel Rosales es el más reciente. No fue el primero ni será el último. Obligados contra su más íntima voluntad a vivir fuera de la tierra en que nacieran o hicieran suya con el sudor de su frente los hay ya que se cuentan por cientos, quizá por miles. Ciertamente, muchos más son los que han debido salir para poder sobrevivir con un trabajo digno. Ocultar el hecho de que en Venezuela contaban con ese trabajo digno y enaltecedor y fueron empujados al destierro por la persecución política del régimen es sencillamente canallesco. Es el caso de miles de trabajadores petroleros. Como lo es también el de nuestros jóvenes profesionales que ven ocupar sus eventuales puestos de trabajo por mercenarios cubanos, como sucede con los médicos recién graduados. Pretender que los cubanos han ocupado puestos que los venezolanos jamás hubieran aceptado es una calumnia. Como lo es ensalzar un ambulatorio de mala muerte para encubrir el destrozo sistemático de nuestras instalaciones hospitalarias. Si el régimen, en vez de destrozar dicha infraestructura otrora ejemplar utilizando puestos asistenciales por motivos políticos hubiera utilizado los colosales recursos de que ha dispuesto en ampliar y modernizar nuestro sistema hospitalario, nuestros jóvenes médicos no hubieran abandonado su patria en busca de un trabajo honorable. Lo tendrían en su país, que adoran. Y de sobra.
Hay luego quienes salen al destierro para escapar al espantoso cerco de la (in) justicia gobernante. En Venezuela, bajo este régimen dictatorial, en que el teniente coronel Hugo Chávez es, además de presidente, acusador, juez y parte, la justicia es una farsa, un instrumento de persecución política y un arma de represión y amedrentamiento. El caso de los comisarios y policías condenados de la manera más brutal, con ensañamiento y alevosía, demuestra que mejor hubieran hecho escapando de esa seudo justicia y asilándose en cualquier país amigo. Esa condena violó principios constitucionales y jurídicos esenciales. Pero además pasó por sobre un acuerdo diplomático estricto y de obligatorio cumplimiento: someter a quienes abandonaron la sede de la embajada de El Salvador en que se habían asilado, siempre y cuando se les sometiera a un juicio justo, oportuno y objetivo. Sorprende que la República de El Salvador haya guardado silencio ante el cobarde atropello de ese acuerdo por las autoridades venezolanas.
El caso de Manuel Rosales es el más reciente. No fue el primero ni será el último. Obligados contra su más íntima voluntad a vivir fuera de la tierra en que nacieran o hicieran suya con el sudor de su frente los hay ya que se cuentan por cientos, quizá por miles. Ciertamente, muchos más son los que han debido salir para poder sobrevivir con un trabajo digno. Ocultar el hecho de que en Venezuela contaban con ese trabajo digno y enaltecedor y fueron empujados al destierro por la persecución política del régimen es sencillamente canallesco. Es el caso de miles de trabajadores petroleros. Como lo es también el de nuestros jóvenes profesionales que ven ocupar sus eventuales puestos de trabajo por mercenarios cubanos, como sucede con los médicos recién graduados. Pretender que los cubanos han ocupado puestos que los venezolanos jamás hubieran aceptado es una calumnia. Como lo es ensalzar un ambulatorio de mala muerte para encubrir el destrozo sistemático de nuestras instalaciones hospitalarias. Si el régimen, en vez de destrozar dicha infraestructura otrora ejemplar utilizando puestos asistenciales por motivos políticos hubiera utilizado los colosales recursos de que ha dispuesto en ampliar y modernizar nuestro sistema hospitalario, nuestros jóvenes médicos no hubieran abandonado su patria en busca de un trabajo honorable. Lo tendrían en su país, que adoran. Y de sobra.
Hay luego quienes salen al destierro para escapar al espantoso cerco de la (in) justicia gobernante. En Venezuela, bajo este régimen dictatorial, en que el teniente coronel Hugo Chávez es, además de presidente, acusador, juez y parte, la justicia es una farsa, un instrumento de persecución política y un arma de represión y amedrentamiento. El caso de los comisarios y policías condenados de la manera más brutal, con ensañamiento y alevosía, demuestra que mejor hubieran hecho escapando de esa seudo justicia y asilándose en cualquier país amigo. Esa condena violó principios constitucionales y jurídicos esenciales. Pero además pasó por sobre un acuerdo diplomático estricto y de obligatorio cumplimiento: someter a quienes abandonaron la sede de la embajada de El Salvador en que se habían asilado, siempre y cuando se les sometiera a un juicio justo, oportuno y objetivo. Sorprende que la República de El Salvador haya guardado silencio ante el cobarde atropello de ese acuerdo por las autoridades venezolanas.Manuel Rosales ha vuelto a poner en entredicho al sistema judicial venezolano. Medio año antes de que saliera al destierro fue declarado de manera pública y notoria por el presidente de la república como pieza de caza para su operación “Manuel Rosales vas preso”. En una cadena nacional sostenida en Octubre de 2008 aseguró: “te voy a meter preso”. Prueba más que suficiente para demostrar el carácter político de la persecución de que es objeto y de la absoluta parcialidad de quienes tenían la orden presidencial de encarcelarlo, condenarlo y pudrirlo en las mazmorras del régimen. Como en tiempos de Juan Vicente Gómez. Con la amenaza pretendió impedir su triunfo electoral. Como el tiro le salio por la culata, con su encarcelamiento pretendía ultimarlo políticamente.
Muy bien ha hecho Manuel Rosales en no entregarse a la sevicia presidencial. Un perseguido político de un régimen dictatorial no debe entregarse a sus carceleros. Sometido a la inclemente perseución de la tiranía no tiene más que dos vías: la lucha clandestina o el destierro. La escogencia depende de las circunstancias, a saber: cual de ambas vías es más efectiva en la lucha por la superación del estado imperante.
El camino escogido por Rosales - justo, digno y necesario - ya fue recorrido por otros perseguidos políticos como Carlos Ortega y Eduardo Lapi. Miembros de nuestras fuerzas armadas, periodistas, ingenieros, comunicadores, artistas y una pléyade de personalidades venezolanas de todo tipo han debido escoger el doloroso camino del exilio. De no haberlo hecho, hoy pudrirían sus carnes a la sombra de las mazmorras del regimen, habrían sido objeto de farsas judiciales, humillados, escarnecidos y condenados para servir a la crueldad y la venganza del presidente de la república y sus esbirros.
Que con su dolorosa existencia lejos de la patria constituyan un testimonio de la tragedia que impera en Venezuela. No es la primera vez que el exilio nos singulariza. Luchemos para que sea la última.
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