POR:MARTHA COLOMINA.
Venezuela es un polvorín en manos del gobierno y de su brazo
político, el tsj, que puede ser activado por un pueblo desesperado sin
alimentos ni medicinas, con pobreza creciente (70%), acosado por la
criminalidad y la inflación más alta del mundo y que, además, ve burlada
su voluntad soberana expresada masivamente a través del voto del 6-D.
Las acciones del régimen de Maduro no se orientan hacia la búsqueda de
soluciones concertadas con todos los sectores nacionales para salir de
la estallante crisis que nos ha convertido en el país más arruinado del
continente a causa de la corrupción y despilfarro oficiales, sino en
violar flagrantemente la Constitución para permanecer “como sea” en el
poder, a pesar de que 85% de la población clama por la salida pacífica
de Maduro y su sustitución por un gobierno de concertación nacional.
El tsj acaba de declarar “inconstitucional” la ley del BCV aprobada
por la nueva AN que ponía fin al decreto de Maduro con el cual el
instituto emisor se convertía abiertamente en su caja chica, y podía
nombrar a dedo a toda su directiva. En cualquier país democrático, su
banco central goza de autonomía para así garantizar que el interés
nacional quede a salvo de los abusos y corrupción del poder. Con apenas 3
meses de la nueva AN, el tsj al servicio de las aberraciones
inconstitucionales de Maduro acabó con la mayoría calificada opositora,
mediante la cual podía remover magistrados, rectores del CNE e
integrantes del mal llamado Poder Ciudadano, todos obscenamente
politizados a favor del régimen. La sala electoral rojita interrumpió
sus vacaciones navideñas para suspender la elección de los 4 diputados
de Amazonas (tres de los cuales son opositores) con el peregrino
argumento de que “había muchos votos nulos” y la acusación de “compra de
votos”, nunca probada, por ser incierta. El caso está engavetado hasta
el punto de que tampoco han llamado a nuevas elecciones en Amazonas
porque saben que las perderían por paliza. Las “sentencias” de la sala
(in)constitucional del tsj son todas anulatorias de las atribuciones del
nuevo Parlamento, a saber: declarar “constitucional” el adefesio del
Decreto de Emergencia Económica de Maduro que no combate la crisis
económica, sino que amplía las políticas erradas que han llevado a
Venezuela a la ruina y acabado con la agricultura, la industria, los
servicios y la salud de los venezolanos. Maduro “está raspando la olla”:
está vendiendo el poco oro monetario que nos queda, entregando la
minería a empresas trasnacionales, incluidas parte de las filiales de la
hoy arruinada Pdvsa (los crímenes de Tumeremo podrían formar parte de
la urgencia de “limpiar la zona” para entregarla a sus nuevos dueños).
Ninguna de estas operaciones han sido para paliar las necesidades del
pueblo, sino para aumentar el gasto público (acaba de crear 9 nuevos
ministerios, hasta llegar a casi a 50 y más de 140 viceministerios). Una
mirada a la desolación del país nos muestra un sistema eléctrico
destruido, con constantes apagones de los que oficialmente culpan al
fenómeno de El Niño: 60 millardos de dólares en plantas, equipos, y
turbinas que, en su mayoría, no llegaron al país, o se compraron usados,
y nunca funcionaron (solo 28% de las plantas eléctricas compradas a
Cuba a precio exorbitante está operativo). Las hidrológicas demuestran
la negligencia y corrupción durante los 17 años de gobierno chavista,
culpables de la carencia de agua en toda Venezuela, hasta límites de
crisis humanitaria (la sarna y los piojos reinan). El Proyecto Tuy IV,
que debía haberse concluido en 2007, sigue paralizado en 2016 (con lo
dilapidado en la última campaña electoral de Chávez podrían haberse
construido 3 represas), pero sí hay millones de dólares para comprar
armas a China y Rusia que llegarán a fines de este año. El chavismo
abandonó también la represa Yacambú-Quíbor, en la que se han gastado más
de 1 millardo y solo registra 50% de lo programado. Igual ocurre con
los hospitales y su mantenimiento: “A los venezolanos nos envían al
hospital a morir” relatan medios internacionales. Tampoco han hecho
mantenimiento de las infraestructuras y equipos bajo control del
gobierno: las refinerías de Pdvsa son una ruina, al igual que el resto
de sus instalaciones. La revista Dinero acaba de publicar un reporte
sobre el caos de las empresas del Estado y el declive de su producción
(Industrias Diana, Mercal Producción, Lácteos Los Andes, etc.). ¿Ustedes
han visto en los anaqueles algún paquete de harina de maíz de las 16
plantas que tiene el Estado? Hasta el ministro Faría reconoce que “las
empresas expropiadas no producen”. El sector privado hace 4 años que no
recibe divisa alguna para insumos y equipos, mientras Cuba sigue
recibiendo gratis 100.000 barriles diarios de crudo venezolano. Maduro
confiesa desvergonzadamente que la “revolución venezolana mantiene a
países del Caribe” mientras los venezolanos mueren de mengua.
El gobierno, que ordenó las muertes y torturas de quienes
participaron en las protestas de 2014, dice cínicamente ahora “que los
asesinos de las 43 personas durante las protestas no pueden ser
amnistiados”, adelantándose así a una nueva sentencia de
“inconstitucionalidad” del tsj sobre la Ley de Amnistía. Los mismos que
celebraron el perdón a favor de Chávez con sus muchos muertos del 4-F.
Las críticas a la AN de algunos demócratas nos parecen injustas, porque
nuestros diputados están haciendo lo que pueden ante un régimen
dictatorial apoyado delictivamente por los demás poderes, incluidos sus
militares armados. Sin embargo, sería bueno que además del trabajo
parlamentario, los dirigentes de los partidos y sus millones de
activistas rompieran la censura mediática oficial yendo de casa en casa,
informando al pueblo que no habrá comida en los anaqueles, ni medicinas
en las farmacias, ni hospitales equipados, ni electricidad, ni agua en
nuestros hogares, ni seguridad en las calles, ni tampoco disminuirá la
inflación mientras Maduro y sus huestes sigan en el poder. Y que quienes
están impidiendo que la soberanía popular sea respetada para producir
los cambios pacíficos que los venezolanos reclamamos, son los
magistrados del horror que están al servicio de la dictadura de Maduro y
dirigentes rojitos tan aberrantes como el dizque abogado
constitucionalista que sacraliza en las redes sociales y en la hegemonía
mediática oficial la reedición del horror de las Lista Tascón: “Si a
Maduro quieres revocar, tu firma y cédula las van a publicar”.
Así que el régimen no se asombre de que cualquier día de estos, con
tanta provocación, el pueblo se plante masiva y pacíficamente a las
puertas del tsj reclamando sus derechos electorales conculcados por un
“poder” secundario, que no puede estar por encima de la carta magna, ni
burlarse del voto popular en el que descansa la verdadera soberanía
constitucional. Tic, tac, tic, tac.
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