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ANCE alerta sobre acelerado deterioro de la situación del país
La Academia Nacional
de Ciencias Económicas (ANCE) exhortó al Gobierno nacional a asumir la
responsabilidad ante la situación económica actual y pidió a todos lo
actores económicos, incluyéndose, y políticos a ponerse de acuerdo para
orquestar un plan de recuperación económica ante una gastada y mermada
industria petrolera nacional.
Caracas.-
La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) se pronunció a
través de un comunicado sobre la situación económica del país y alertó
sobre "el acelerado deterioro de las condiciones de vida de la población
venezolana".
La ANCE exhortó al Ejecutivo a que hable con claridad al país, asuma las responsabilidades y que no "rehúya la tarea de labrar los consensos que viabilicen este ajuste al menor costo posible, es imprescindible". También pidió al Gobierno nacional que no siga buscando "culpables" al deterioro de las condiciones de vida del venezolano para no "enmendar" sus propios errores políticos.
"El país no toleraría que no se asuman claramente las grandes responsabilidades que el momento exige. El grave empobrecimiento de los venezolanos causado por la inflación desbordada requiere respuesta inmediata. La Academia Nacional de Ciencias Económicas asume la suya, poniendo sus capacidades de análisis y de divulgación como contribución a este esfuerzo", se destaca en el comunicado.
Además, pidió al Gobierno instrumentar "un ajuste que restablezca los equilibrios macroeconómicos esenciales que permitan la unificación del tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio para abatir la estanflación, generar expectativas favorables a la inversión y establecer condiciones financieras que promuevan el ingreso de los capitales necesarios para que estos cambios tengan viabilidad".
Para leer el comunicado en la página de la ANCE, presione aquí
A continuación el pronunciamiento:
"Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas ante la situación del país
La población venezolana viene padeciendo un acelerado deterioro en sus condiciones de vida desde hace tres años. La tasa de inflación, actualmente la más alta del mundo, se une al desabastecimiento, la desmejora de los servicios públicos, la mengua de los salarios, la grave situación de inseguridad y la penuria en que se encuentran los servicios de salud, para empobrecer a las mayorías, no obstante los cuantiosos ingresos captados por el país bajo la presidencia de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro. La Academia Nacional de Ciencias Económicas considera su deber pronunciarse sobre las causas y consecuencias de tan lamentable situación, en beneficio de contribuir con su comprensión y con la formulación de políticas que puedan sacar al país de tal extravío. Si bien este empobrecimiento se ha agravado por la caída en los precios de exportación del petróleo, sus causas anteceden a esta situación. Encuentran sus raíces en el proyecto económico implantado por ambos gobiernos, que ha despilfarrado los enormes recursos percibidos, destruido la capacidad productiva doméstica, alimentado la inflación, y aumentado nuestra dependencia del ingreso petrolero y de proveedores foráneos.
Un cálculo somero de los recursos manejados por el régimen bolivariano entre 1999, su primer año de gobierno, y 2014, da una cifra superior a 1,3 billones[1] de dólares entre ingresos al Gobierno Central, incremento de la deuda pública y gasto social (parafiscal) de PdVSA. El objetivo económico principal proseguido ha sido el de centralizar en manos de la Presidencia de la República estos cuantiosos recursos para su aplicación discrecional con fines políticos. Para ello se desmanteló el marco institucional del Estado de Derecho que regulaba la Hacienda Pública, así como las relaciones entre el Estado y el sector privado, al acceder Chávez al gobierno. En el ámbito de lo macroeconómico, los proventos de la venta de petróleo en los mercados mundiales pasaron a disposición directa del Ejecutivo para su reparto directo a través de "misiones", se eliminó en la práctica el control legislativo sobre el gasto público, se estableció un control cambiario que pretende ocultar la devaluación sostenida del bolívar y que reservó el usufructo de las divisas al arbitrio del Ejecutivo, y se acabó con la autonomía del Banco Central de Venezuela. En el plano microeconómico se socavaron los derechos de propiedad y las garantías procesales y para la solución de controversias, se sometió la economía a una serie de regulaciones y controles, y se congeló el mercado laboral, tanto en lo que respecta a su movilidad, como en relación con la contratación colectiva.
Como resultado de estas medidas, el Sector Público Restringido[2] aumentó su peso en la economía venezolana desde un 26% del PIB en el último año del gobierno de Rafael Caldera, hasta un 40% en los últimos cuatro años. Desde el 2010, el déficit público ha superado el 10% del PIB, llegando a ser más del 15% durante el último trienio. Ello está asociado a una política monetaria expansiva y permisiva. A partir del 31 de diciembre de 2010, la liquidez monetaria se ha multiplicado 10 veces, un 97% de incremento sólo en lo que va de 2015, sin que se haya aumentado el crédito bancario a la inversión reproductiva. Una tercera parte de la liquidez se origina en el financiamiento del BCV al flujo de caja de PdVSA, hecho posible por La reforma de la Ley del Instituto Emisor de 2010. Por su parte, el régimen de control cambiario implantado desde comienzos de 2003, en vez de impedir la fuga de capitales, fortalecer la moneda y defender las reservas internacionales, se ha traducido en una salida de más de $180 millardos por las cuentas financiera y de errores y omisiones[3], una caída de las reservas a los niveles precarios de ese año, y una cotización del dólar en la frontera que ha llegado a ser 130 veces superior a la tasa oficial de Bs. 6,30. Y como el otorgamiento de divisas a este último precio está fuertemente racionado y sujeto al arbitrio discrecional de los funcionarios que deciden al respecto, su cotización en el mercado paralelo se ha convertido en referente para la fijación de precios domésticos, impulsando aun más la inflación. Todo lo anterior ha socavado la confianza en el bolívar, que ha dejado de operar como depositario de valor y unidad de cuenta, colocando a Venezuela al borde de la hiperinflación.
En lo interno, bajo el pregón de construir un "socialismo del siglo XX1", se arrinconó a la economía privada, expropiando empresas productivas del campo y la ciudad –a veces sin compensación-, y estableciendo un draconiano control de precios que impide cubrir adecuadamente los costos de producir y comercializar bienes y servicios. Esto ha fomentado la búsqueda de rentas fabulosas arbitrando entre precios altamente distorsionados -particularmente en transacciones transfronterizas, en las que puede cobrarse en dólares-, provocando un clima de gran incertidumbre que ha socavado la iniciativa empresarial y, con ello, la inversión y el empleo productivo, mientras incentiva actividades especulativas de todo tipo, en connivencia con funcionarios corruptos. En consecuencia, la productividad laboral ha descendido en más de 12% desde 2008, con su inevitable efecto sobre la remuneración real de los asalariados. Como contraparte y secuela también de la excesiva sobrevaloración del tipo de cambio oficial, Venezuela se ha hecho mucho más dependiente del extranjero para la provisión de bienes de consumo y para la producción. En 2012 las importaciones llegaron a cuadruplicar el monto de las de 1998.
Esta conducción de lo económico ha acentuado la vulnerabilidad del país ante los altibajos del mercado petrolero internacional. El petróleo provee actualmente el 96% de los ingresos por exportación, pero el manejo de esta industria según criterios políticos, en contraposición a lo que debería ser su misión corporativa, hacen que una parte significativa de estos recursos no ingresen al país y/o sean utilizados para fines que merman significativamente su capacidad de respuesta a los desafíos del negocio petrolero. Para el cierre de 2014 los estados financieros de PdVSA mostraban $27 millardos en cuentas por cobrar –buena parte acreencias con países cuyas importaciones de crudo venezolano son financiadas a través de PetroCaribe-, una deuda externa por $46 millardos y aportes por encima de $8 millardos al año para atender el servicio de la deuda contraída por la nación con la República Popular de China. En lo interno, la empresa pierde cerca de $15 millardos anualmente por el subsidio a la gasolina y otros combustibles. Las insuficiencias de caja provocadas ha obligado a PdVSA a depender del financiamiento monetario del BCV para poder cumplir con sus compromisos, no sin diferir el pago a muchos proveedores. Adicionalmente, enfrenta demandas en su contra que suman varios millardos de dólares por parte de distintas empresas transnacionales, algunas ya con fallos en contra. Es decir, la fuente principalísima de divisas con que cuenta el país para atender las importaciones y el pago de la deuda, y sobre la cual ha descansado buena parte de las políticas "socialistas" de ambos gobiernos, está extenuada, sin que sea fácil su recuperación. Peor aún, no tiene reemplazo inmediato: las exportaciones no tradicionales han prácticamente desaparecido con el abandono inconsulto del pacto andino y la incorporación del país a Mercosur -con posibilidades de exportación mucho menores-, y el costo de la contratación de empréstitos con el extranjero, dada el desacertado manejo de la economía, es actualmente prohibitivo. Sin políticas conducentes al desarrollo de la competitividad de empresas e industrias domésticas, basadas en el fortalecimiento del talento y de sus capacidades de innovación, Venezuela no podrá superar la situación de postración que ahora exhibe.
Es menester entender que las políticas de reparto, suponiendo precios internacionales del petróleo en torno a los $100 el barril, descansan en controles y regulaciones severas que han generado incentivos perversos que destruyen la actividad productiva. Las distorsiones engendradas son pasto de buscadores de fortuna que se han ido apoderando de nichos importantes en los circuitos económicos. La merma en los precios de exportación del crudo venezolano ha puesto de manifiesto de la manera más cruda la inviabilidad de continuar con tal esquema. Y los cambios estructurales evidenciados últimamente en el mercado petrolero mundial no auguran un repunte importante de precios para 2016. Las largas colas de venezolanos observadas por doquier buscando alimentos, medicamentos y otros productos incrementan la tragedia representada por un alza desmedida de precios –este año se estima que la inflación podrá superar el 180%. Esta realidad no se corrige con medidas represivas ni cierres de fronteras. Tampoco puede aceptarse la actitud del Banco Central y de otros organismos, de ocultar la información sobre el acontecer económico, violando los artículos 311 y 319 de la Constitución, como si con ello la grave situación no existiese. Para este año se vislumbra una caída significativa de la producción doméstica –estimada por el Fondo Monetario Internacional en 10%-, que se acumula con la contracción del 4% ocurrida en 2014.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas hace un llamado a las autoridades públicas, los partidos políticos, al sector empresarial, las universidades, los trabajadores y al público consumidor, a concertar los esfuerzos necesarios para producir un cambio fundamental en la conducción de los asuntos económicos y así poder superar la grave situación en que nos encontramos. Es imperativa la liberación de las fuerzas productivas para aliviar la escasez, generar fuentes de ingreso que complementen progresivamente al petróleo en la provisión de divisas y proveer empleo productivo y bien remunerado. Venezuela tiene los recursos con los cuales superar la presente situación. En este cometido el Ejecutivo tiene la responsabilidad central. Debe instrumentar un ajuste que restablezca los equilibrios macroeconómicos esenciales que permitan la unificación del tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio para abatir la estanflación, generar expectativas favorables a la inversión y establecer condiciones financieras que promuevan el ingreso de los capitales necesarios para que estos cambios tengan viabilidad. Este esfuerzo requiere el restablecimiento pleno de los derechos de propiedad y el levantamiento del aparato punitivo de controles y regulaciones que está asfixiando a la economía. Un programa bien diseñado de apoyo a los sectores más vulnerables podrá reducir el impacto adverso de estas medidas de saneamiento en el corto plazo mientras se generen los empleos productivos bien remunerados que sustenten mejoras en el bienestar de los venezolanos.
Una conducción política nacional que hable con claridad al país, que asuma las responsabilidades del caso y que no rehúya la tarea de labrar los consensos que viabilicen este ajuste al menor costo posible, es imprescindible. Ya basta de buscar "culpables" al deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos como excusa para no enmendar sus propios errores de política. El país no toleraría que no se asuman claramente las grandes responsabilidades que el momento exige. El grave empobrecimiento de los venezolanos causado por la inflación desbordada requiere respuesta inmediata. La Academia Nacional de Ciencias Económicas asume la suya, poniendo sus capacidades de análisis y de divulgación como contribución a este esfuerzo.
La ANCE exhortó al Ejecutivo a que hable con claridad al país, asuma las responsabilidades y que no "rehúya la tarea de labrar los consensos que viabilicen este ajuste al menor costo posible, es imprescindible". También pidió al Gobierno nacional que no siga buscando "culpables" al deterioro de las condiciones de vida del venezolano para no "enmendar" sus propios errores políticos.
"El país no toleraría que no se asuman claramente las grandes responsabilidades que el momento exige. El grave empobrecimiento de los venezolanos causado por la inflación desbordada requiere respuesta inmediata. La Academia Nacional de Ciencias Económicas asume la suya, poniendo sus capacidades de análisis y de divulgación como contribución a este esfuerzo", se destaca en el comunicado.
Además, pidió al Gobierno instrumentar "un ajuste que restablezca los equilibrios macroeconómicos esenciales que permitan la unificación del tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio para abatir la estanflación, generar expectativas favorables a la inversión y establecer condiciones financieras que promuevan el ingreso de los capitales necesarios para que estos cambios tengan viabilidad".
Para leer el comunicado en la página de la ANCE, presione aquí
A continuación el pronunciamiento:
"Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas ante la situación del país
La población venezolana viene padeciendo un acelerado deterioro en sus condiciones de vida desde hace tres años. La tasa de inflación, actualmente la más alta del mundo, se une al desabastecimiento, la desmejora de los servicios públicos, la mengua de los salarios, la grave situación de inseguridad y la penuria en que se encuentran los servicios de salud, para empobrecer a las mayorías, no obstante los cuantiosos ingresos captados por el país bajo la presidencia de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro. La Academia Nacional de Ciencias Económicas considera su deber pronunciarse sobre las causas y consecuencias de tan lamentable situación, en beneficio de contribuir con su comprensión y con la formulación de políticas que puedan sacar al país de tal extravío. Si bien este empobrecimiento se ha agravado por la caída en los precios de exportación del petróleo, sus causas anteceden a esta situación. Encuentran sus raíces en el proyecto económico implantado por ambos gobiernos, que ha despilfarrado los enormes recursos percibidos, destruido la capacidad productiva doméstica, alimentado la inflación, y aumentado nuestra dependencia del ingreso petrolero y de proveedores foráneos.
Un cálculo somero de los recursos manejados por el régimen bolivariano entre 1999, su primer año de gobierno, y 2014, da una cifra superior a 1,3 billones[1] de dólares entre ingresos al Gobierno Central, incremento de la deuda pública y gasto social (parafiscal) de PdVSA. El objetivo económico principal proseguido ha sido el de centralizar en manos de la Presidencia de la República estos cuantiosos recursos para su aplicación discrecional con fines políticos. Para ello se desmanteló el marco institucional del Estado de Derecho que regulaba la Hacienda Pública, así como las relaciones entre el Estado y el sector privado, al acceder Chávez al gobierno. En el ámbito de lo macroeconómico, los proventos de la venta de petróleo en los mercados mundiales pasaron a disposición directa del Ejecutivo para su reparto directo a través de "misiones", se eliminó en la práctica el control legislativo sobre el gasto público, se estableció un control cambiario que pretende ocultar la devaluación sostenida del bolívar y que reservó el usufructo de las divisas al arbitrio del Ejecutivo, y se acabó con la autonomía del Banco Central de Venezuela. En el plano microeconómico se socavaron los derechos de propiedad y las garantías procesales y para la solución de controversias, se sometió la economía a una serie de regulaciones y controles, y se congeló el mercado laboral, tanto en lo que respecta a su movilidad, como en relación con la contratación colectiva.
Como resultado de estas medidas, el Sector Público Restringido[2] aumentó su peso en la economía venezolana desde un 26% del PIB en el último año del gobierno de Rafael Caldera, hasta un 40% en los últimos cuatro años. Desde el 2010, el déficit público ha superado el 10% del PIB, llegando a ser más del 15% durante el último trienio. Ello está asociado a una política monetaria expansiva y permisiva. A partir del 31 de diciembre de 2010, la liquidez monetaria se ha multiplicado 10 veces, un 97% de incremento sólo en lo que va de 2015, sin que se haya aumentado el crédito bancario a la inversión reproductiva. Una tercera parte de la liquidez se origina en el financiamiento del BCV al flujo de caja de PdVSA, hecho posible por La reforma de la Ley del Instituto Emisor de 2010. Por su parte, el régimen de control cambiario implantado desde comienzos de 2003, en vez de impedir la fuga de capitales, fortalecer la moneda y defender las reservas internacionales, se ha traducido en una salida de más de $180 millardos por las cuentas financiera y de errores y omisiones[3], una caída de las reservas a los niveles precarios de ese año, y una cotización del dólar en la frontera que ha llegado a ser 130 veces superior a la tasa oficial de Bs. 6,30. Y como el otorgamiento de divisas a este último precio está fuertemente racionado y sujeto al arbitrio discrecional de los funcionarios que deciden al respecto, su cotización en el mercado paralelo se ha convertido en referente para la fijación de precios domésticos, impulsando aun más la inflación. Todo lo anterior ha socavado la confianza en el bolívar, que ha dejado de operar como depositario de valor y unidad de cuenta, colocando a Venezuela al borde de la hiperinflación.
En lo interno, bajo el pregón de construir un "socialismo del siglo XX1", se arrinconó a la economía privada, expropiando empresas productivas del campo y la ciudad –a veces sin compensación-, y estableciendo un draconiano control de precios que impide cubrir adecuadamente los costos de producir y comercializar bienes y servicios. Esto ha fomentado la búsqueda de rentas fabulosas arbitrando entre precios altamente distorsionados -particularmente en transacciones transfronterizas, en las que puede cobrarse en dólares-, provocando un clima de gran incertidumbre que ha socavado la iniciativa empresarial y, con ello, la inversión y el empleo productivo, mientras incentiva actividades especulativas de todo tipo, en connivencia con funcionarios corruptos. En consecuencia, la productividad laboral ha descendido en más de 12% desde 2008, con su inevitable efecto sobre la remuneración real de los asalariados. Como contraparte y secuela también de la excesiva sobrevaloración del tipo de cambio oficial, Venezuela se ha hecho mucho más dependiente del extranjero para la provisión de bienes de consumo y para la producción. En 2012 las importaciones llegaron a cuadruplicar el monto de las de 1998.
Esta conducción de lo económico ha acentuado la vulnerabilidad del país ante los altibajos del mercado petrolero internacional. El petróleo provee actualmente el 96% de los ingresos por exportación, pero el manejo de esta industria según criterios políticos, en contraposición a lo que debería ser su misión corporativa, hacen que una parte significativa de estos recursos no ingresen al país y/o sean utilizados para fines que merman significativamente su capacidad de respuesta a los desafíos del negocio petrolero. Para el cierre de 2014 los estados financieros de PdVSA mostraban $27 millardos en cuentas por cobrar –buena parte acreencias con países cuyas importaciones de crudo venezolano son financiadas a través de PetroCaribe-, una deuda externa por $46 millardos y aportes por encima de $8 millardos al año para atender el servicio de la deuda contraída por la nación con la República Popular de China. En lo interno, la empresa pierde cerca de $15 millardos anualmente por el subsidio a la gasolina y otros combustibles. Las insuficiencias de caja provocadas ha obligado a PdVSA a depender del financiamiento monetario del BCV para poder cumplir con sus compromisos, no sin diferir el pago a muchos proveedores. Adicionalmente, enfrenta demandas en su contra que suman varios millardos de dólares por parte de distintas empresas transnacionales, algunas ya con fallos en contra. Es decir, la fuente principalísima de divisas con que cuenta el país para atender las importaciones y el pago de la deuda, y sobre la cual ha descansado buena parte de las políticas "socialistas" de ambos gobiernos, está extenuada, sin que sea fácil su recuperación. Peor aún, no tiene reemplazo inmediato: las exportaciones no tradicionales han prácticamente desaparecido con el abandono inconsulto del pacto andino y la incorporación del país a Mercosur -con posibilidades de exportación mucho menores-, y el costo de la contratación de empréstitos con el extranjero, dada el desacertado manejo de la economía, es actualmente prohibitivo. Sin políticas conducentes al desarrollo de la competitividad de empresas e industrias domésticas, basadas en el fortalecimiento del talento y de sus capacidades de innovación, Venezuela no podrá superar la situación de postración que ahora exhibe.
Es menester entender que las políticas de reparto, suponiendo precios internacionales del petróleo en torno a los $100 el barril, descansan en controles y regulaciones severas que han generado incentivos perversos que destruyen la actividad productiva. Las distorsiones engendradas son pasto de buscadores de fortuna que se han ido apoderando de nichos importantes en los circuitos económicos. La merma en los precios de exportación del crudo venezolano ha puesto de manifiesto de la manera más cruda la inviabilidad de continuar con tal esquema. Y los cambios estructurales evidenciados últimamente en el mercado petrolero mundial no auguran un repunte importante de precios para 2016. Las largas colas de venezolanos observadas por doquier buscando alimentos, medicamentos y otros productos incrementan la tragedia representada por un alza desmedida de precios –este año se estima que la inflación podrá superar el 180%. Esta realidad no se corrige con medidas represivas ni cierres de fronteras. Tampoco puede aceptarse la actitud del Banco Central y de otros organismos, de ocultar la información sobre el acontecer económico, violando los artículos 311 y 319 de la Constitución, como si con ello la grave situación no existiese. Para este año se vislumbra una caída significativa de la producción doméstica –estimada por el Fondo Monetario Internacional en 10%-, que se acumula con la contracción del 4% ocurrida en 2014.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas hace un llamado a las autoridades públicas, los partidos políticos, al sector empresarial, las universidades, los trabajadores y al público consumidor, a concertar los esfuerzos necesarios para producir un cambio fundamental en la conducción de los asuntos económicos y así poder superar la grave situación en que nos encontramos. Es imperativa la liberación de las fuerzas productivas para aliviar la escasez, generar fuentes de ingreso que complementen progresivamente al petróleo en la provisión de divisas y proveer empleo productivo y bien remunerado. Venezuela tiene los recursos con los cuales superar la presente situación. En este cometido el Ejecutivo tiene la responsabilidad central. Debe instrumentar un ajuste que restablezca los equilibrios macroeconómicos esenciales que permitan la unificación del tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio para abatir la estanflación, generar expectativas favorables a la inversión y establecer condiciones financieras que promuevan el ingreso de los capitales necesarios para que estos cambios tengan viabilidad. Este esfuerzo requiere el restablecimiento pleno de los derechos de propiedad y el levantamiento del aparato punitivo de controles y regulaciones que está asfixiando a la economía. Un programa bien diseñado de apoyo a los sectores más vulnerables podrá reducir el impacto adverso de estas medidas de saneamiento en el corto plazo mientras se generen los empleos productivos bien remunerados que sustenten mejoras en el bienestar de los venezolanos.
Una conducción política nacional que hable con claridad al país, que asuma las responsabilidades del caso y que no rehúya la tarea de labrar los consensos que viabilicen este ajuste al menor costo posible, es imprescindible. Ya basta de buscar "culpables" al deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos como excusa para no enmendar sus propios errores de política. El país no toleraría que no se asuman claramente las grandes responsabilidades que el momento exige. El grave empobrecimiento de los venezolanos causado por la inflación desbordada requiere respuesta inmediata. La Academia Nacional de Ciencias Económicas asume la suya, poniendo sus capacidades de análisis y de divulgación como contribución a este esfuerzo.
Fuente:http://www.eluniversal.com/economia/151020/ance-alerta-sobre-acelerado-deterioro-de-la-situacion-del-pais
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4 comentarios:
EDITORIAL: César Miguel Rondón.
En la prensa de hoy la mayoría de los grandes titulares se ocupan del simulacro electoral que realizó ayer el Consejo Nacional Electoral. Este simulacro contó sólo con la participación del Psuv, la MUD se hizo al margen. Y como buena parte de la prensa está manejada con el criterio editorial oficialista, pues tenemos que este simulacro fue todo un éxito.
Sin embargo, hay voces que afirman lo contrario. Por ejemplo, un despacho de la Agencia EFE dice:
Frente a lo que fue el desastre de convocatorias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para el simulacro electoral realizado este domingo, que contrarrestó con los recuerdos de aquel PSUV que llenaba los centros de votación en todo el país, a Nicolás Maduro no se le ocurrió otra cosa que arremeter contra el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza.
Nicolás Maduro, pidió este domingo que la justicia venezolana procese a Lorenzo Mendoza, dueño de Empresas Polar, por una admitida negociación para obtener recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Es delito lo que él hizo y está haciendo: hablar en nombre de la patria; es un delito grave contemplado en el ordenamiento jurídico y debe ser procesado, tiene que ser procesado. Espero que los órganos de justicia reaccionen porque ¿qué es eso de que está hablando con el FMI?”
Tal como EFE presenta la noticia, no sabemos si en efecto el Presidente Maduro hizo esa llamada a VTV para tapar el supuesto fracaso del simulacro, pero en todo caso su acusación contra Mendoza trae lo suyo. Como se dice en criollo, Mendoza se ha convertido en el “coco” del presidente Maduro, es su obsesión. Una obsesión vieja, por lo visto insuperable.
¿Qué ocurre?
Recordarán que Diosdado Cabello presentó una grabación donde conversan Mendoza y el economista venezolano, de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann. En primer lugar, la grabación es ilegal y la difusión de esa conversación es un delito. Pero, a efectos del régimen, eso pasa a ser algo menor porque es el presidente de la Asamblea Nacional el que la divulga. ¿De qué hablan estas dos personas? De la situación económica del país, de lo mal que estamos. Y evidentemente hablan de una situación hipotética en la que se empezarían a tomar medidas para recuperar la economía nacional. Se habla de cifras como 40 o 50 mil millones de dólares que habría que inyectarle a la economía venezolana. Se menciona que el FMI podría aportar esa cifra. Eso es lo fundamental de la conversación.
EDITORIAL: César Miguel Rondón.
Antes, ya había dicho Nicolás Maduro, promocionando el programa de Cabello, “por allí vendrá la prueba de cómo la oposición le pide al Fondo Monetario Internacional 60 mil millones de dólares para dar un golpe de estado”. Se nota que aquí hay una tergiversación por completo de la idea. En ningún momento de la conversación se habla de golpe. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Una organización que está allí para financiar golpes? No. El Fondo Monetario Internacional, al cual pertenece nuestro país, porque es firmante de su constitución y tiene su gobernador, es una institución para ayudar a los países. Y su relación es con los gobiernos, no con los particulares. Así que mal puede el Fondo Monetario Internacional reunirse con Lorenzo Mendoza o cualquier otro particular. De hecho, Mendoza lo dicho, jamás se ha reunido con el Fondo Monetario Internacional.
¿Dónde está el delito? ¿Dónde está el delito que busca el presidente Maduro?
El detalle es que antes de que se divulgase todo esto el gobierno de Venezuela se había reunido con el Fondo Monetario Internacional a través de su gobernador en la institución. El Almirante (r) Diego Molero Bellavia, de ingrata recordación en su paso por el Ministerio de la Defensa. Además de ser el gobernador de Venezuela ante el FMI, el Almirante Molero es también el Embajador de Venezuela en Perú. Pues bien, entre el 5 y el 11 de octubre de este año, se dio la reunión anual de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en la ciudad de Lima. Y en esos días Molero sostuvo encuentros tanto con el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, como con la directora del FMI Christine Lagarde. Esa información la divulgó el semanario La Razón con foto donde vemos al señor Molero reunido con estas personalidades y la ha dado a conocer el portal Runrunes.com. informando que Venezuela está en negociaciones con el FMI.
Las cifras imprecisas del Presidente
EDITORIAL:CESAR MIGUEL RONDÓN
El Nuevo País lo apunta de manera acertada: “Están cerca las elecciones. Maduro aumenta el sueldo mínimo en 30%.” El Universal es escueto y se limita a la información oficial: “El presidente Nicolás Maduro anunció que a partir del primero de noviembre el salario mínimo se incrementa en 30%. Pasará de 7.421.66 bolívares a 9.649,00, lo que unido al incremento del ticket de alimentación, que sube a 6.750 bolívares, totalizará un salario integral de 16.399 bolívares mensuales, al modificarse la base de cálculo que pasa de 0,75% a 1,5% y la ampliación de la base de 22 a 30 días. Dijo que tal medida busca compensar la inflación, la cual podría llegar a 80% al final del año. Explicó que esto representa una inversión de casi 100.000 millones de bolívares extras, al cierre de 2015. Advirtió que deberán ajustarse de inmediato todas las tablas salariales dentro de la Administración Pública, la Fuerza Armada Nacional y todos los trabajadores.”
Llaman la atención varios detalles en la cita anterior. Comencemos por el final, “la Administración Pública, la Fuerza Armada Nacional y todos los trabajadores”. ¿La Fuerza Armada Nacional no forma parte de la Administración Pública? ¿Por qué ese señalamiento especial, aparte?
Y cuando se habla de Salario Integral de 16.399 bolívares mensuales, estamos hablando de una sumatoria un poco curiosa. No es que usted va a recibir ese dinero contante y sonante, ahí están los tickets de alimentación. Lo cierto es que ahora usted recibirá diariamente 321,60 bolívares. El nuevo aumento representa un incremento de 74,23 bolívares.
Pero usted que sale a la calle, que sólo gasta en lo indispensable porque en lo indispensable se le va todo, que tiene que trabajar y sobrevivir, sabe bien que con 74,23 bolívares usted no hace absolutamente nada. Sabe que con los 321,60 bolívares de incremento usted no hace absolutamente nada.
Las cifras imprecisas del Presidente
EDITORIAL:CESAR MIGUEL RONDÓN
Claro, eso no lo sabe el Presidente de la República porque él no sale como usted a trabajar diariamente pateando la calle, montándose en la buseta, etc. Y esto lo digo por la manera cómo el presidente maneja y aborda las cuentas.
Runrunes.com reseña sus palabras de ayer sobre esta medida: “La inflación puede estar cerca, por ahí, cerca de 80%; me dicen (que) son las proyecciones. Les corresponde a ellos, Banco Central de Venezuela e Instituto Nacional de Estadísticas, anunciar esas estadísticas”. Y además afirma Maduro que esos datos le fueron suministrados “oficialmente”. Pero se los suministraron solo a él, porque el país no tienen ningún dato oficial por parte del Banco Central de Venezuela desde diciembre del año pasado, precisamente por órdenes directas del propio Maduro.
“La inflación por allí cerca del 80%.” ¿Cómo se puede hablar con tanta ligereza en medio de la penuria económica que estamos padeciendo, cuando estamos, como se decía antes, buscando un medio para completar un real, contando cada churupo? ¿Cómo se hace una afirmación tan vaga e imprecisa sobre un asunto tan grave? No, señor presidente, la inflación no está por el 80%, “por allí por allí”. Está muy lejos de esa cifra. Según los cálculos más conservadores, la inflación cerrará este año sobre 200% 210%, y algunos expertos dicen inclusive 220%. Esa frase, esa manera de abordar el tema que castiga día a día a los venezolanos, nos da una idea muy clara de la ligereza y la irresponsabilidad con las que se está manejando la economía nacional.
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