En su diagnóstico y recomendaciones el Decreto de Emergencia
Económica configura un fraude con pretensiones de liberar al régimen
construido por Hugo Chávez, y continuado por Nicolás Maduro, de la
exclusiva responsabilidad de haber destruido el aparato productivo
nacional y generado los graves problemas que encaramos en la actualidad.
El Decreto supone que los problemas –inflación, escasez,
desabastecimiento- derivan de una supuesta “guerra económica” desatada
por factores nacionales y foráneos. Maduro, asesorado por un equipo de
miopes e ignorantes, pretende refugiarse en esa guarimba. No se pregunta
por qué Venezuela es el único país de América Latina, incluidos los del
Alba, donde tal guerra se desencadenó. En Bolivia, su socio Evo Morales
acordó una estrecha alianza con los empresarios de Santa Cruz, la
región más próspera del Altiplano; resultado: Bolivia crece a tasas
sostenidas y Morales gana popularidad entre los sectores más pobres del
país andino. En Ecuador el cuadro es aún más favorable: Rafael Correa ha
mantenido la dolarización de la economía y ha conservado una relación
cercana con los industriales; consecuencia: la inflación se mantiene en
un dígito y la economía crece de forma moderada, a pesar de la caída de
los precios del petróleo. Daniel Ortega, compañero de ruta de Maduro,
vive una prolongada luna de miel con los Estados Unidos y con los
empresarios nicaragüenses, lo que ha hecho posible la expansión de la
economía con un incremento de precios muy bajo. En la otra acera se
encuentra Brasil, hundido en una aguda crisis económica. En 2015 tuvo
una caída del PIB de 2%, algo insólito en la séptima economía mundial. A
la señora Dilma, cuya presencia en el Gobierno está seriamente
amenazada, no se le ha ocurrido hablar de “guerra económica” o
disparates similares. Si lo hiciese, sus palabras serían interpretadas
como una burla cínica para intentar ocultar los desmanes y la corrupción
que hubo en la era de Lula y durante su administración.
Si existiese la fulana “guerra económica” de la que hablan Maduro y
sus adláteres, las empresas públicas funcionarían como un teatro de
operaciones sincronizado, donde el Gobierno demostraría la eficacia de
su modelo socialista. Resulta que las empresas estatizadas están
quebradas. Fueron arruinadas por la incompetencia y la corrupción.
Parece que hubiesen sido arrasadas por un huracán. De las 16 industrias
que integran el complejo de la GVG, solo una muestra cifras positivas.
Las demás exhiben cuentas en rojo. Pdvsa, la empresa más importante del
país, y en su momento una de las más importantes del planeta, luego de
una década ocupándose de todo, menos de explorar, refinar y vender
petróleo, hoy se encuentra en la bancarrota. Le cuesta conseguir crédito
internacional y socios para extraer crudo de la Faja del Orinoco.
Agroisleña, empresa líder en el ramo agrícola, fue desbaratada por el
chavismo. La fábrica de pañales desechables Guayuco, creada con capital
público, no ha producido ni un solo pañal. La Electricidad de Caracas,
que pasó a formar parte de Corpoelec, está postrada. Cantv y Movilnet no
están en capacidad de invertir para mantenerse al ritmo de los cambios
tecnológicos. No existe central azucarero, hacienda o hato que haya
pasado a manos del Gobierno, que no se encuentre en un estado
lamentable. Hasta los hoteles estatizados se hallan en condiciones
deplorables. Si de guerra se habla, los soldados más letales son los
guardias rojos que invadieron esos activos, antes en manos privadas.
La inflación, la escasez, el desabastecimiento, la caída del empleo
de calidad, el aumento de la buhonería y de los oficios improductivos,
la falta de medicinas, forman el colofón del socialismo del siglo XXI.
Los delirios estatistas de Chávez y Maduro y los afanes expansionistas
del modelo revolucionario, no podían pasar sin generar graves
consecuencias. El régimen en vez de fortalecer el FEM (Fondo de
Estabilización Macroeconómica), concebido para ahorrar, consolidó el
Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional) diseñado para gastar sin control.
Los resultados los estamos sufriendo.
El ardid de la “guerra económica” es una treta insolente concebida
para enmascarar los excesos cometidos en nombre de la revolución. Ese
decreto podrá servir para iniciar el debate sobre qué debe hacerse, pero
jamás debe aprobarse como está redactado. Terminaría de acabar con lo
poco que queda de economía productiva.
Fuente:http://www.noticierodigital.com/2016/01/el-decreto-de-guerra-economica/
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