POR:ROCÍO SAN MIGUEL.
Venezuela ha declarado sistemáticamente que reconoce la existencia de un conflicto armado no internacional en Colombia, por tanto, otorga el carácter de combatientes a las partes en conflicto. Es decir, ha otorgado el carácter de combatientes a los miembros del ejercito regular de Colombia y a los miembros de las fuerzas armadas irregulares: FARC, ELN y Paramilitares.
Los combatientes en el derecho internacional humanitario (DIH), son objetivos lícitos de acciones de guerra, esto incluye el uso de la fuerza mortal en su contra.
Las únicas circunstancias en las que los combatientes están protegidos de las hostilidades, es en la circunstancia de convertirse en combatientes heridos, combatientes enfermos, combatientes náufragos o combatientes prisioneros de guerra. En estas condiciones no es lícito hostilizar en su contra y pasan a estar protegidos por el DIH.
En consecuencia, las acciones militares emprendidas en contra de miembros de las FARC, por parte del ejercito colombiano, son licitas para el DIH, hayan estado durmiendo o hayan estado despiertos los combatientes. Con pijamas o con ropa interior. Aunque estas acciones no sean autorizadas para el derecho internacional público por tratarse de ataques emprendidos por un Estado fuera de su territorio, violando el espacio territorial de otro Estado.
En cuanto a la neutralidad: La desmedida reacción del gobierno venezolano por causa de la muerte de Raul Reyes, ha puesto en evidencia el animus belli, que esta a flor de piel por parte de altos funcionarios del Estado. Hay una hostilidad manifiesta que esta generando claramente y de forma irreversible, el fin de la neutralidad de Venezuela frente al conflicto armado en Colombia, lo que tendrá importantes consecuencias para el rol de la Fuerza Armada Nacional en los espacios fronterizos, a partir de esta fecha y sobre las reglas de enfrentamiento a cumplir para el caso de ingresar combatientes a territorio nacional. También tendrá consecuencias inmediatas sobre la inhabilitación del Presidente Chávez como mediador humanitario que ha venido desempeñando en la liberación de rehenes. A partir de las declaraciones hostiles en contra del gobierno de Colombia, Chávez ha perdido la condición primordial para el desempeño de esa actividad: la neutralidad.
Ahora bien, un ingrediente absolutamente impensable ha aparecido en escena: La promesa de Uribe de denunciar en los próximos días al Presidente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya. Esto es una acción penal internacional que se ejerce en contra de la individualidad de una persona y no en contra del Estado venezolano. Y que es factible por tratarse de dos Estados que han aceptado la competencia de este tribunal internacional, respecto de hechos cometidos por sus nacionales o en su territorio. Colombia ha hecho una reserva temporal de la jurisdicción de la CPI respecto a crímenes de guerra. Sin embargo puede interponer causas sobre crímenes de genocidio y de lesa humanidad.
Lo más grave para Chávez, es que el Estatuto de Roma, que eventualmente se le aplicaría, no acepta privilegios ni inmunidades en función del cargo oficial que ostenta. Esto es, que puede la CPI juzgar a Jefes de Estado o de Gobierno en funciones, e incluso a funcionarios involucrados en los hechos como cooperantes y facilitadores, no siendo posible –incluso- alegar cumplimento en el deber. Oído al tambor, militares y civiles que se presten para el cumplimiento de ordenes indebidas o tengan conocimiento de estarse cometiendo crímenes tipificados como tales por el Estatuto de Roma.
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1 comentario:
Manuel MALAVER:
ND/El Mundo
Por qué Chávez llora tanto a Raúl Reyes
Si con el choque armado en la frontera con Ecuador donde murió Raúl Reyes, la administración de Álvaro Uribe buscaba llamar la atención internacional sobre el apoyo creciente que los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa le suministran a las FARC en la hora en que parece inevitable su derrota, entonces resulta evidente que se anotó un éxito tan sorpresivo, como contundente.
Logro, tanto más significativo, cuanto que sucede en una coyuntura en que la organización guerrillera necesitaba, como del aire que respira, de las zonas de alivio que le garantizaban los dos caudillos “socialistas siglo XXI”, así como de asistencia financiera, equipos militares, logística y de intendencia, que ahora se verán perturbados o impedidos en la medida que la comunidad internacional entienda cuál era el verdadero interés de Chávez y Correa en el canje humanitario y la liberación de Ingrid Betancourt.
Pero igualmente de la hábil campaña de propaganda y relaciones públicas que instrumentadas desde los palacios de Miraflores en Caracas, y de Corondelet en Quito, trataban de presentar a las FARC como una suerte de secta cristiana primitiva, profundamente mística y piadosa que solo “por amor” mantiene secuestrados a miles de colombianos en selvas y pantanos donde, después de años, pierden toda referencia personal y humana.
Y por tanto, merecedora de que se le reconozca el status de beligerancia en el conflicto colombiano, de que se le de un tratamiento de gobierno paralelo en sus territorios “liberados” y en el exilio y garantías de que pueda mantener su organización, infraestructura y ejército.
O sea, de todo lo que hay que hacer para salvar a las FARC de la derrota, de la presión para que política y militarmente acepte su incapacidad de sobrevivir y se siente a discutir un acuerdo por el cual se le busque una solución negociada al conflicto y se tomen las decisiones para que de militar y guerrillera, se convierta en una organización civil y partidista.
Perspectiva que no puede ser más hórrida para los profetas “desarmados”, Chávez y Correa, ya que entre sus planes figuraba el objetivo estratégico de transformar a las FARC en un ejército irregular transnacional que, estacionado en territorio colombiano, pero a pocos kilómetros de las fronteras venezolana y ecuatoriana, pudiera desplazarse a socorrer a sus socios en caso de que sus nacionales, bien en las urnas, en las calles, o en los cuarteles, decidan poner fin al experimento, tan inútil como costoso, de retrotraer a dos sociedades del siglo XXI, a los albores del siglo XIX, y aun más atrás.
Chávez ya vivió el 2 de diciembre pasado una experiencia traumática que pudo ser decisiva para apresurarse a sellar, e imprimirle toda la velocidad posible a su alianza con las FARC, como fue la decisión de la FAN de obligarlo a aceptar los resultados del referendo con el que buscaba convertirse en dictador vitalicio y darle naturaleza constitucional a su delirio socialista.
Y en cuanto a Correa, ya conocemos sus tribulaciones para hacer de cachorro y continuador de Chávez, pues no solo el ejército, sino los poderes legislativo y judicial ecuatorianos lo han mantenido a raya para que solo se atreva a lo que está pautado en la constitución.
Es la consecuencia, de no acceder al poder como el dios Marx manda, que es sudando el lomo, arriesgando la vida, sufriendo cárceles y exilios para fundar partidos y ejércitos que, una vez en el poder, garanticen que la revolución se impone porque lo quiere el caudillo, y no por la legalidad de las instituciones burguesas que te reconocen el triunfo electoral, pero están al acecho de desconocértelo en cuando violes la institucionalidad.
Por eso, si Raúl Reyes necesitaba a Chávez y Correa, más necesitaban Chávez y Corra a Reyes, que deben ahora explicar cómo es que apoyaban a una organización terrorista calificada y repudiada por la comunidad internacional.
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