"Desobediencia civil" ("... se transforma en un sagrado deber cuando el estado se vuelve ilegal...corrupto...Gandhi")

POR:JOSÉ TORO HARDY.

Se irrespeta la voluntad popular al imponer por vía de leyes lo que el pueblo rechazó

Creyéndose un nuevo Julio César, el llanero cruzó el Rubicón. “Alea jacta est” (la suerte echada). En esta oportunidad se lo juega el todo por el todo y, si resulta triunfador, pretende aplastar la libertad y controlar el poder imponiéndole a la sociedad su socialismo del siglo XXI per saecula saeculorum.

El cierre de 34 emisoras de radio y la amenaza de sacar del aire otras 200 con miras a coartar la libertad de expresión, así como la aprobación inconstitucional de una ley de educación que por vía de reglamentos abre las puertas a la ideologización (”¡Yes!”. A confesión de parte relevo de pruebas), al igual que las amenazas contra la propiedad a través de la Ley de Tierras Urbanas y a la vez una Ley Electoral diseñada para eternizarse en el poder, constituyen suficientes elementos para afirmar que se pasaron de la raya.

Recurriendo a una estrategia zamarra, el llanero atacó varios flancos a la vez. Por una parte a la comunidad educativa, por otra a los medios de comunicación, simultáneamente a los empresarios y además a los partidos políticos (con la Ley Electoral). Su intención es obvia. Intenta recurrir a una táctica utilizada por Julio César en la guerra de las Galias y que fue popularizada en una máxima de Maquiavelo, “divide y vencerás”:

“Si no se extirpa la cohesión de los ciudadanos y se les disgrega, nunca olvidarán el nombre de la libertad &” afirmaba el florentino en el Capítulo V de su obra El Príncipe.

Pretendió el llanero dividir la cohesión de los ciudadanos, forzando a cada sector a defender sus respectivos intereses, con lo cual creyó que se diluiría la reacción que inevitablemente provocarán esas leyes.

Obviamente el llanero no leyó el Ca-pítulo VI de la misma obra de Maquiavelo:

“No hay cosa más difícil de intentar, ni menos segura de conseguir, ni más peligrosa de manejar, que llegar a ser príncipe e imponer nuevas leyes. Porque serán enemigos suyos las viejas instituciones, y tibios amigos y defensores quienes amen las nuevas”.

Nos enfrentamos a una radicalización que tumba la caretas democrática y nos conduce cada vez más hacia una “tiranía”. Vale la pena recordar lo que al respecto afirmaba Mahatma Gandhi:

“La desobediencia civil se transforma en un sagrado deber cuando el Estado se vuelve ilegal, o lo que es lo mismo, corrupto. Y un ciudadano que se entienda con tal Estado, comparte su corrupción y su ilegalidad”.

Y no sólo Gandhi. En su Ensayo sobre la Desobediencia Civil publicado en Boston en 1849, Henry David Thoreau estableció que bajo ciertas circunstancias es perfectamente legítimo rebelarse contra la autoridad:

“Todos los hombres reconocen el derecho a negarse a la obediencia y oponer resistencia al Gobierno cuando este es tirano o cuando su ineficiencia es insoportable”.

La mayor parte de las legislaciones nacionales e internacionales reconocen hoy en día que, bajo ciertas condiciones, es lícito desobedecer aquellos regímenes que atenten contra los principios, valores o derechos humanos fundamentales.

La educación es un derecho humano fundamental. Violarlo y a la vez pretender que por ser tal no se puede recurrir a un referendo abrogatorio, no hace otra cosa que tapar la válvula de escape en una olla de presión. La libertad de expresión también es un derecho humano que se está transgrediendo, al igual que otros principios y garantías democráticas que se menoscaban al coartar el derecho a la propiedad y el derecho del pueblo a elegir conforme al principio del pluralismo político y la representación proporcional de las minorías. Adicionalmente también se irrespeta la voluntad popular al imponer por vía de leyes lo que el pueblo rechazó en el referendo del 2 de diciembre del 2007.

El concepto de Gandhi y de Thoreau en relación con la desobediencia civil está previsto en nuestra propia Constitución: “Art. 350.- El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”.

Por último, cabe recordar el Artículo 25 de la Constitución:

“Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

Fuente:http://www.noticierodigital.com/?p=48192