POR:TRINO MÁRQUEZ.
En su discurso en el Campo de Carabobo el 24 de junio, Nicolás Maduro
calificó la corrupción como un azote al que su gobierno debe combatir
porque está “destruyendo la Patria”. Desde entonces el dirigente del
PSUV insiste en el tema cada vez que se presenta alguna oportunidad. Su
intensidad forma parte de la estrategia dirigida a golpear los grupos
que apoyan a Diosdado Cabello, señalados de haberse enriquecido de forma
obscena a la sombra de negocios ilícitos, comisiones, tráfico de
influencia, y de socavar las bases del poder de Maduro. Sus palabras en
Carabobo fueron pronunciadas luego de un gesto insólito de descortesía
con quien se supone es el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada. En ese
acto, el comandante que dirigía el desfile le pidió permiso a Maduro
para presentarle el parte militar (batallones, tanques, armas que se
desplegarían) al Presidente de la Asamblea Nacional. Este comportamiento
desconsiderado, nada casual, lo enfureció.
Anécdotas e intrigas palaciegas aparte, la cruzada contra la
corrupción emprendida por Maduro luce fingida e incoherente. El
conflicto con Cabello no puede librarlo de forma abierta porque pondría
en riesgo la unidad del régimen, aspecto esencial para su sobrevivencia.
Toda diferencia interna se subordina a la necesidad de mantenerse
cohesionados, y, sobre todo parecer que lo están. Esa apariencia no es
necesaria proyectarla con la oposición. A esta hay que tratar de
destruirla. El “combate” a la corrupción apunta a aniquilar a Henrique
Capriles, Henry Falcón y Liborio Guarulla, los tres gobernadores del
campo opositor, tal como antes hicieron con Manuel Rosales y,
parcialmente, con Leopoldo López. En la mira están Pablo Pérez y Richard
Mardo. Como guillotina cuentan con un Poder Judicial obsecuente y una
Contraloría, sin contralora designada por el Parlamento, sucursal de
Miraflores. El ariete de esta operación destructiva es Pedro Carreño.
Sin comentarios.
Si el régimen desease obtener resultados impactantes tendría que
adoptar iniciativas ambiciosas. Debería comenzar por levantar
progresivamente los controles de cambio y de precio, y eliminar las
excesivas regulaciones y normas punitivas aprobadas. Parte significativa
de la descomposición se encuentra asociada al régimen cambiario.
Inmensas fortunas se han amasado al amparo de un mecanismo perverso que
incentiva el tráfico de influencias y las coimas, y que solo se
justifica por el dominio político que el régimen quiere mantener sobre
los empresarios y la actividad económica. El control de precios es otra
fuente de distorsiones. Eduardo Samán yerra cuando invoca la moral
revolucionaria para preservar la pulcritud del esquema. Los precios
regulados, en realidad congelados, representan un mecanismo perverso que
deforma todo el sistema de precios, el cual debe estructurarse a partir
de la libre competencia y la relación entre demanda y oferta. En todos
los países socialistas, sometidos a férreos controles estatales, la
corrupción campea. El socialismo del siglo XXI no es la excepción de esa
ley universal.
Hay que desincentivar la corrupción. Crear motivos para que los
funcionarios no delincan. Un Poder Judicial profesional, meritocrático y
autónomo, capaz de perseguir, castigar e impedir la impunidad, razón
principalísima de la corrupción, es una pieza clave de esa lucha. El
sistema judicial forma parte de la red de complicidades que alimentan la
corrupción. Los tribunales sirven para criminalizar a los opositores y
proteger a los seguidores del gobierno. Las investigaciones objetivas
naufragaban en ese Mar de los Sargazos. Ningún caso de corrupción que
comprometa seriamente al Gobierno, se examina. Por eso el Plan Bolívar
2000, Pedeval, el maletín del Antonini Wilson, la quiebra de las
industrias de Guayana, los abusos electorales, forman parte de la
historia de la picaresca criolla. Se castiga solo a los huérfanos de la
nomenclatura, quienes sirven de chivos expiatorios.
La opacidad en la forma como el gobierno otorga las licitaciones y
los contratos forma otro capítulo de esta larga novela. Los convenidos
con China, Cuba, Brasil, Bilorrusia, Rusia, son secretos tan bien
guardados que solo los elegidos los conocen. Las firmas se estampan en
el mundo del misterio. El país ignora arreglos irresponsables, entre
ellos la compra de armas, firmados por el Ejecutivo, que comprometen el
presente y el futuro de la nación.
Lo medular de la lucha contra la corrupción no se orienta a adecentar el Estado, sino a destruir la oposición.
@trinomarquezc
Fuente: http://www.noticierodigital.com/2013/07/corrupcion-a-quien-castigar/
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