POR:ALFREDO MEZA.
Hace tres meses Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en medio de una grave crisis política. Contra todos los pronósticos, su rival, Henrique Capriles,
había obtenido una votación histórica para la oposición en tres
lustros. Apenas lo separó de la victoria un ínfimo porcentaje de votos
(una distancia de un punto y medio) que derivó en sospechas de fraude.
Solo las inequidades del proceso electoral venezolano —la parcialidad
del Consejo Electoral, el descarado uso de los recursos del Estado con
fines proselitistas o la amenaza de represalias a los beneficiarios de
los programas sociales— y las irregularidades en el día de la votación
habían impedido un histórico relevo en el palacio de Miraflores.
Esa ajustada derrota colocaba al chavismo frente a un gran revés
político. Un mes antes, el 5 de marzo de 2013, cuando fue declarado
muerto el presidente Hugo Chávez,
sus herederos parecían destinados a sucederlo sin mucha resistencia. La
derrota provocó nuevas lecturas. Se dudaba entonces de la capacidad que
tendría el Gobierno de mandar sin convocar a la mitad que le había
votado en contra. Para la segunda semana de mayo, una encuesta del
Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) mostraba que 51,3% de
los ciudadanos tenían una opinión negativa de la situación del país. La
percepción del aspecto político era incluso peor. Seis de cada 10
pensaban entonces que la situación era inestable.
Tres meses después, mientras el recuerdo de Chávez se diluye en la
rutina de una vida compleja, que no deja espacio para el culto al héroe,
Maduro se afianza y la oposición se debilita entrampada en su propia
estrategia, que consiste en esperar que prospere la impugnación de las elecciones
ante el Tribunal Supremo de Justicia, mientras apuesta al desgaste de
un Gobierno que no tiene el imán de Chávez y a ganar más espacios en las
municipales del próximo 8 de diciembre. Ya sufrieron su primera
derrota. A mediados de semana la Sala Constitucional desestimó una
recusación de los abogados de Capriles para impedir que los siete
magistrados titulares de la sala, chavistas confesos, intervinieran en
la causa.
La oposición sigue sin darle dirección política a las recurrentes
protestas y demandas sociales. Hace una semana Capriles dijo que la
gente no debía esperar el visto bueno del líder para organizarse y
buscar soluciones a sus problemas. En ese escenario de voluntaria
desmovilización Maduro ha administrado el caos y se ha afianzado en el
cargo. Valgan estas cifras para ilustrar la crisis económica de este país:
entre diciembre y junio la moneda local, el bolívar, se ha devaluado un
172%; las ventas petroleras del primer trimestre del año —el 96% de los
ingresos— cayeron a 21.300 millones de dólares, un 13,41% menos que en
el mismo periodo de 2012, y el índice de desabastecimiento de productos básicos
llegó al 20,5% en mayo, una cifra jamás alcanzada en tiempos de Chávez.
Hasta el 11 de julio las reservas internacionales habían caído en 5.363
millones con respecto al mismo periodo del año pasado. Solo se contaba
con dinero contante y sonante para 15 días de importaciones, según los
cálculos del economista Pedro Palma.
La tasa de inflación acumulada en el primer semestre es la expresión
más concreta de todos los malestares del venezolano. La cifra de 24,99%
superó al marcador de todo 2012 (20,09%). El Gobierno supo entender que
la crisis se agudizaría si no generaba las condiciones para que la
empresa privada pudiera trabajar sin tantas restricciones. Una reunión
con el empresario Lorenzo Mendoza, dueño de Empresas Polar, la segunda
fortuna del país, simbolizó la cohabitación por la que el Gobierno
apostó en aras de suavizar un modelo socialista que luce agotado y de su
propia supervivencia.
En aquellos días, cuando la escasez apremiaba y Venezuela era el
centro de la atención del mundo por la falta de papel higiénico, Maduro
acusó a Mendoza de ser el principal responsable del desabastecimiento al
no producir al máximo. Tras esa cita la comunicación con los
empresarios comenzó a fluir, aunque estos no están satisfechos con los
acuerdos alcanzados con el Gobierno.
Para cumplir con esos acuerdos se reformó el gabinete económico.
Maduro relevó entonces al dogmático Jorge Giordani del Ministerio de
Finanzas y lo sustituyó por Nelson Merentes, que ha diseñado un
mecanismo alternativo a la Comisión de Administración de Divisas
(Cadivi) para obtener dólares de forma legal (en Venezuela rige un
control de cambios desde febrero de 2003). Aunque apenas se han
efectuado dos subastas en el año, se espera que se convoquen nuevas
pujas con regular periodicidad. Al Gobierno le urge corregir la
reducción del 87,7% de la oferta de dólares por vías alternas a Cadivi
en el primer semestre de 2013. Este año se adjudicaron apenas 639
millones comparados con los 5.197 millones del primer semestre de 2012.
Todas esas concesiones al sector privado no se corresponden con la
estrategia asumida para enfrentar a la oposición. Contradiciendo lo que
vaticinaban los analistas el 15 de abril —que sería imposible gobernar
sin acuerdos políticos—, el chavismo se ha seguido comportando como si
el otro no existiera y ha estrechado el cerco sobre sus rivales. Dos de
los tres gobernadores de la oposición están siendo investigados por la
Asamblea Nacional por malversación de fondos. Sobre la espalda del
restante, Henrique Capriles, se cierne la presunta responsabilidad de
las nueve muertes ocurridas tras el rechazo del estrecho resultado de
las elecciones. El Gobierno amenaza cada tanto con enjuiciarlo por ese
hecho. Eso tal vez nunca ocurra, pero sí ha logrado que el dirigente
prefiriera seguir su reclamo en los despachos de los tribunales y no en
la calle.
Otros dos diputados, María Corina Machado
y Richard Mardo, serán investigados también. La antigua candidata
presidencial, por una escucha difundida por el Gobierno en la cual
criticaba a sus compañeros de la Mesa de la Unidad por la estrategia
seguida después de las elecciones. Mardo lo tiene mucho más difícil. El
Supremo encontró motivos para quitarle la inmunidad parlamentaria y
enjuiciarlo por blanqueo de capitales y defraudación tributaria.
El Gobierno asegura que está haciendo una lucha sin cuartel contra la
corrupción sin distinciones políticas. Pero en el chavismo solo caen
peces chicos: 7 funcionarios de migraciones en el Estado de Táchira, 14
ciudadanos acusados de cobrar beneficios para entregar ayudas sociales,
otras 7 personas relacionadas con el desfalco al Fondo Chino. Maduro ha
usado ese ejemplo para aleccionar a los suyos. En eso sí se parece a
Chávez, pero también en otros aspectos: copiosas intervenciones en la
cadena de televisión del Estado, largas caminatas por la provincia para
cumplir con el denominado “Gobierno de calle” y bailes con la comunidad.
El pasado domingo también agregó otro hito al anunciar su primera
expropiación. Sucedió en el Estado de Apure, donde anunció la toma de un
terreno para construir viviendas. Poco antes anunciaba que había
logrado “estabilizar la revolución”.
Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/19/actualidad/1374200104_823616.html
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