EDITORIAL.
"México horrorizado"
"La desaparición de estudiantes en Iguala es ahora el mayor reto que afronta Peña Nieto"
La indignación que sigue creciendo en México a medida que se conocen
nuevos detalles sobre la desaparición de 43 estudiantes en la localidad
de Iguala está colocando al presidente, Enrique Peña Nieto, ante el
desafío más importante al que se enfrenta desde que comenzó su mandato,
en diciembre de 2012.
La venenosa connivencia entre el poder político local, la policía y
el narcotráfico es un mal que aqueja a la imagen de México y a su
estabilidad como sociedad democrática. De nada sirven los esfuerzos
reformadores y el amplio consenso político para modernizar el país si no
se ataja, sin ningún tipo de miramiento, una situación de violencia
intolerable. Se trata de un auténtico reto al Estado y a la libertad de
la sociedad mexicana, que no puede admitir la existencia de zonas del
territorio nacional al margen de la ley en las que el chantaje, la
impunidad, el miedo y la muerte son las normas que rigen sobre el
ciudadano honrado.
El lugar al que está llamado México es la vanguardia social y
democrática americana y global. Eso es incompatible con un país sembrado
de entierros clandestinos cuyos cadáveres nadie sabe a quién
corresponden: así ha sucedido con los 28 cuerpos hallados mientras se
trataba de localizar a los estudiantes desaparecidos. Ninguno de estos
28 pertenece al grupo de los estudiantes desaparecidos, de modo que ya
no hay 43 casos sin resolver, sino 71. Los ciudadanos se preguntan, con
razón, cuántas personas más yacerán en todo el país mientras sus
asesinos siguen impunes.
Mención aparte merece la organización política en todo este caso. La
implicación de alcaldes y funcionarios muestra hasta qué punto la
corrupción ha penetrado en las estructuras del Estado. Éste se encuentra
en demasiadas ocasiones con que sus representantes locales dan su
lealtad al crimen organizado y dejan desamparados, cuando no convierten
en víctimas, a los mexicanos a los que se supone que deben representar y
defender.
El hartazgo y la ira popular no pueden ser la respuesta a una
situación tan terrible. Episodios como el asalto e incendio del Palacio
de Gobierno de Chilpancingo no van a solucionar el problema. Al
contrario. El crimen organizado busca precisamente el caos y el desorden
para extender su poder. Es el Estado el que debe responder, y hacerlo
con la fuerza de la ley y el respaldo ciudadano.
Fuente:http://elpais.com/elpais/2014/10/15/opinion/1413395966_352406.html
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