"Un informe de cuatro abogados recopila más de 45.000 sentencias que reflejan el sometimiento judicial al Gobierno"
POR:ALFREDO MEZA.
Los amigos del abogado venezolano Antonio Canova suelen decir que
tiene un estómago de hierro. No es para menos, piensan. Junto a sus
colegas Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez Ortega y Giuseppe Graterol,
Canova revisó y clasificó las 45.474 sentencias emitidas entre 2004 y
2013 por las salas Político-Administrativa, Electoral y Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela
—las tres que controlan los actos del Gobierno—, y las compiló en un
libro de circulación casi clandestina llamado El TSJ al servicio de la
revolución (Editorial Galipan), valorado también como una joya por
analistas y periodistas. La conclusión principal de este grueso ensayo
de reciente aparición es que el Supremo jamás ha dictado una sentencia
contra el Gobierno.
Esa primera certeza es la corteza de un árbol frondoso y cargado de
frutos como estos: los autores afirman que, a medida que pasa el tiempo,
los magistrados del Supremo venezolano necesitan mostrarse más
revolucionarios para sobrevivir a las purgas periódicas impulsadas por
la troika gobernante, que el Gobierno interviene y controla
políticamente al Poder Judicial con el objetivo de que este no limite
sino que legitime "jurídicamente sus decisiones y actuaciones", que tras
la muerte del presidente Hugo Chávez
[5 de marzo de 2013] se han hecho más explícitas las evidencias de
politización de la justicia, y que los criterios judiciales de las
cortes estudiadas se apartan y son contrarios al derecho internacional, a
los derechos humanos "y a la jurisprudencia y doctrina universal más
reconocidas en materias como democracia y Estado de derecho".
En el libro se recuerda que durante la apertura del año judicial en 2007, el entonces presidente del Supremo, Omar Mora Díaz, instó en su discurso a los otros magistrados a apoyar el proyecto de reforma constitucional que entonces impulsaba Chávez, o como en el año anterior los magistrados corearon el cántico chavista "Uh, ah, Chávez no se va" como una manera de saludar al entonces jefe de Estado, quien estaba presente entre los invitados.
Hay un patrón que se cumple invariablemente, según Canova. El
Gobierno anuncia una medida que se corresponde con su visión
estratégica. La oposición y los expertos critican la decisión por
anticonstitucional, pero a los pocos días una sentencia del TSJ avala la
postura de la alta jerarquía chavista. "Esto no es un tribunal, sino
una farsa", opina el abogado. "Con una justicia así, será imposible que
alguien invierta en Venezuela. No hay garantía alguna de protección al
empresario", agrega.
El libro pretende zanjar también una vieja discusión de la oposición.
El chavismo ha sido un proceso de difícil caracterización: algunos
dicen que es un proceso autoritario y que es posible reconstruir al país
respetando las instituciones legadas por la Constitución promovida por
Chávez en 1999; otros, más dramáticos, prefieren enunciarla como una
dictadura que segrega a los que piensan distinto y viola los derechos
humanos. Canova se inclina por la segunda opción. En Venezuela, dice, no
hay un déficit de justicia ni el sistema judicial es perfectible, como
sostiene la oposición menos radical. "Ellos quieren permanecer en el
poder y que los tribunales garanticen la supervivencia de la revolución,
como el propio Chávez decía", opina Canova.
El coautor Luis Alfonso Herrera dice que el fallecido líder planificó
la toma del poder judicial desde el mismo momento en que asumió su
primer Gobierno, el 2 de febrero de 1999, e impulsó la redacción de una
nueva Constitución. Las resistencias naturales a los procesos que
plantean cambios de raíz impidieron el plácido avance de ese plan.
Chávez sufrió un revés cuando el Supremo decidió no enjuiciar a los
altos cargos militares que en 2002 participaron en el golpe de Estado
que le derrocó durante un fin de semana. Aún resuenan los ecos de la
escatológica frase que pronunció —"Los magistrados del Supremo pusieron
una plasta"— al conocer el fallo. En buena medida, ese día quedó sellada
la suerte del Supremo. El Gobierno logró imponer una reforma a la Ley
Orgánica del TSJ que incluyó el aumento del número de magistrados —de 20
a 32— y su elección por mayoría simple en la Asamblea Nacional.
Después de leerse más de 45.000 sentencias, Antonio Canova está
satisfecho. El abogado ha logrado trascender los análisis interesados y
establecer conclusiones comprobando él mismo el razonamiento del Poder
Judicial. "Después de esto ya no escribiré más", dice como despedida.
Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/12/actualidad/1418373177_159073.html
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