POR:JOAN FAUS.
Casi tres meses después del estallido de las protestas opositoras en Venezuela,
una investigación de Human Rights Watch (HRW) pone al descubierto un
patrón de abusos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y
de trato discriminatorio en la esfera judicial. En un informe publicado
este lunes, la organización internacional relata decenas de casos de
severa represión a ciudadanos, opositores o no, como disparos a
quemarropa sin pretexto, excesos físicos y psicológicos, e incluso
episodios de tortura. Tristemente no es la primera vez que afloran
denuncias de abusos contra los opositores -primero fue una ONG local y
luego Amnistía Internacional- pero la particularidad de este nuevo
informe es que incluye un amplio abanico de ejemplos detallados y que
desvela una orquestada "práctica sistemática" de excesos tolerada por
las autoridades.
Tras una investigación de seis semanas en Caracas y tres estados, el
informe recoge, a partir de entrevistas y pruebas, 45 casos de
“evidencias convincentes” de graves violaciones de derechos humanos
cometidas por las fuerzas de seguridad. HRW estima que más de 150
personas fueron víctimas de estos abusos y que 10 de los 45 casos
constituyeron claramente torturas. El documento llega a las pocas
semanas de la primera reunión, poco fructífera, entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición
para tratar de encontrar una salida a la crisis generada por las
protestas, que arrancaron el 12 de febrero y se han cobrado desde
entonces una cuarentena de víctimas mortales. Y a los pocos días del
anuncio por parte de las autoridades de la creación de un consejo de
derechos humanos tras las quejas de la Iglesia por la cruenta represión.
En la mayoría de los episodios documentados, las víctimas fueron
arrestadas arbitrariamente y retenidas hasta 48 horas o por períodos
mayores, muchas veces en establecimientos militares. “Allí sufrieron
nuevos abusos, como violentos golpes y, en varios casos, descargas
eléctricas o quemaduras”, denuncia. “A numerosos detenidos con lesiones
graves se les negó el acceso a atención médica, o bien fue demorado, lo
que exacerbó su sufrimiento, a pesar de sus reiterados reclamos
solicitando tratamiento médico. En varios casos, guardias nacionales y
policías también sometieron a detenidos a severos abusos psicológicos,
que incluyeron amenazas de muerte y violación sexual”.
El informe incluye, por ejemplo, el caso de un hombre de 36 años a cuyo
rostro un agente de la guardia nacional disparó perdigones a quemarropa,
pese que ya había sido detenido y no ofrecía resistencia. Gengis Pinto
participaba ese 19 de febrero en una manifestación contra el Gobierno en
San Antonio de los Altos, donde cientos de manifestantes habían
bloqueado parte de una autopista. Pinto levantó el brazo para protegerse
del disparo, y recibió el impacto en la mano, lo que le causó graves
lesiones en varios de sus dedos y algunos perdigones se incrustaron en
su antebrazo. Sin embargo, los militares que lo retuvieron no lo
llevaron a ver un médico hasta al cabo de seis horas. El doctor le
recomendó que viera otro especialista urgentemente pero los agentes
hicieron caso omiso, lo esposaron sentado bajo el sol y tardaron diez
horas más en trasladarlo a una clínica privada.
La misma crudeza e inhumanidad se repite en otro caso, de un hombre
de 22 años, que fue detenido por guardias nacionales mientras se dirigía
a pie a un banco en las afueras de Caracas el 5 de marzo. “Ese mismo
día había participado en una protesta en la zona, y sin ningún tipo de
advertencia, fue interceptado por guardias nacionales que le propinaron
puntapiés, lo golpearon y dispararon un perdigón desde muy corta
distancia a su muslo derecho”, relata el informe.
A continuación, fue llevado a una sede militar, donde una decena de
guardias nacionales lo obligaron a desvestirse y le propinaron todo tipo
de abusos. Uno de ellos le introdujo un dedo en una herida abierta en
su pierna. Luego, según HRW, tres guardias nacionales lo esposaron a una
barra de metal, le aplicaron descargas eléctricas en dos oportunidades y
le exigieron que les dijera quiénes eran sus cómplices. “A
continuación, lo llevaron a un patio, donde fue obligado a luchar con
uno de ellos, mientras los demás miraban y se reían”, detalla. Poco
después fue trasladado a un hospital y más tarde, de vuelta en la sede
militar, volvió a ser pateado.
En su intento de sacudirse la responsabilidad por la represión, el
Gobierno de Maduro ha denunciado la violencia de algunos manifestantes,
que han lanzado piedras y cócteles Molotov contra los agentes. Según las
autoridades, más de 200 miembros de las fuerzas de seguridad y
funcionarios gubernamentales han resultado heridos y nueve han fallecido
por estos ataques. Sin embargo, ninguno de los 45 casos del documento
de HRW -que también pide investigar la agresividad de los opositores-
corresponde a personas que estuvieran participando en actos violentos
cuando fueron atacados por las fuerzas del orden. Además, según el
informe, algunas de las personas que fueron objeto de abusos ni siquiera
participaban en manifestaciones o ya se encontraban detenidas.
Esta excesiva brutalidad lleva a la organización a denunciar un
patrón de represión absolutamente dirigido: “La naturaleza y el momento
en que se produjeron muchos de estos abusos —así como la expresión
frecuente de epítetos políticos por quienes los cometieron— sugieren que
el propósito no fue que se cumpla con las normas vigentes o dispersar
las protestas, sino más bien castigar a personas por sus opiniones
políticas reales o presuntas”. Por ello, no sorprenderá que en buena
parte de los casos de abusos el objetivo fuera impedir que una persona
documentara, por ejemplo con una grabación de vídeo, la contundencia de
los agentes en dispersar las protestas.
En la misma línea, HRW asegura que miembros de las fuerzas de
seguridad permitieron que violentas pandillas armadas partidarias del
Gobierno agredieran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos
colaboraron abiertamente con ellas en los ataques.
Una connivencia que también se reproduce en la esfera judicial: “Casi
la totalidad de los 45 casos implicaron violaciones de las garantías de
debido proceso. Entre estos actos se incluyeron mantener a los
detenidos incomunicados, negarles el acceso a un abogado hasta minutos
antes de haber sido llevados ante un juez y, en varios casos, sembrar
pruebas falsas para poder imputarles delitos”. Y añade: “A menudo
algunos jueces confirmaron el procesamiento de detenidos sobre la base
de evidencias dudosas presentadas por la fiscalía, sin someter las
pruebas a un examen riguroso ni indagar de qué modo los presuntos
implicados que fueron presentados ante ellos habían sufrido lesiones que
eran visibles”.
Como resultado, la organización internacional critica que, por su
politización, el poder judicial “ha dejado de ejercer su rol como
garante frente a abusos del poder del Estado”, e insta al Gobierno de
Maduro -que pese a que ha prometido investigar posibles abusos a su vez
los ha tildado de casos aislados-, a aceptar las solicitudes de visita
de representantes de la ONU. También pide a los organismos regionales
presionar a Caracas para garantizar su respeto a los derechos humanos,
pero por ahora la reacción de la mayoría de países latinoamericanos se
ha caracterizado por lo contrario al abordar con tibieza la represión de
las protestas.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/05/actualidad/1399294523_101998.html
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