En octubre la ONU elegirá nuevos miembros del Consejo de Seguridad. El único país de América Latina en postularse: Venezuela
POR:EZEQUIEL VÁZQUEZ-GER
El 11 de Septiembre del 2001 los países miembros de la Organización
de Estados Americanos se reunieron el Lima, Perú, con el fin de adoptar
la Carta Democrática Interamericana. Lo hicieron para reafirmar el
derecho que las personas de nuestro continente tienen a vivir en
democracias basadas en el respeto a los derechos humanos y las
libertades fundamentales, en elecciones libres y justas, en un ambiente
de transparencia y respeto, con un Estado de derecho que limite el poder
del gobierno, con separación de poderes entre las distintas ramas del
Estado, sin discriminación y con el derecho y la responsabilidad de
todos los ciudadanos de un país a participar en las decisiones que hacen
a su propio desarrollo.
Desde entonces, Venezuela ha invertido enormes cantidades de tiempo,
dinero y petróleo en subvertir los principios establecidos en dicha
Carta, tanto dentro del país, a través de una continua destrucción de
las instituciones democráticas y de sistemáticas violaciones a los
Derechos Humanos; como en el mundo, a través de la captación de los
organismos internacionales tales como la propia OEA; o de la creación de
nuevas organizaciones, como UNASUR o CELAC. Los resultados de estas
acciones, ignoradas por todos e incluso por los Estados Unidos, recién
ahora comienzan a materializarse.
Dentro de Venezuela, la situación es evidente para los que la quieren
ver: durante los últimos 15 años el país ha padecido la paulatina
descomposición de todas las instituciones democráticas. Desde comienzos
de año, este proceso destructivo se ha intensificado. El Gobierno de
Nicolás Maduro ha atacado sistemáticamente, reprimido y criminalizado
las protestas de estudiantes indefensos, en algunos casos mediante la
brutal e ilegal práctica de la tortura; ha perseguido y encarcelado, sin
proceso judicial, a la disidencia política, hoy convertida en
resistencia; ha cerrado medios de comunicación, limitado el acceso a la
información, promovido la impunidad, confiscado la propiedad privada,
impedido la libre circulación de los ciudadanos, despreciado el derecho a
la vida, a la integridad física, a la alimentación y a la educación.
Internacionalmente, la situación se hace evidente al observar el
accionar de la Organización de Estados Americanos durante el transcurso
del corriente año. A punta de dólares y petróleo, Venezuela ha logrado
controlar, casi en su totalidad, los votos dentro de dicha Organización,
la cual no solo ha permanecido en silencio respecto a la situación
catastrófica que vive la Democracia en el país, sino que ni siquiera ha
permitido debatir tal situación en su Consejo Permanente.
Frente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la reacción del
régimen venezolano fue diferente: al no poder controlar a la Comisión
Interamericana, decidieron retirarse, en una clara señal de falta de
respeto a los principios establecidos en la Carta Democrática.
Dentro del sistema de Naciones Unidas, Venezuela parece decidido a
continuar el mismo camino. En octubre próximo se elegirán los nuevos
miembros al Consejo de Seguridad, y uno de ellos provendrá de América
Latina. El Consejo de Seguridad tiene como principal responsabilidad el
velar para que los principios fundamentales que guían las relaciones
entre los países, tales como la paz, la seguridad, la vida y la
integridad física, el respeto a los Derechos Humanos y la protección del
medioambiente, sean respetados.
Lo que preocupa, es que el único país de la región que busca hacerse
de esta banca es justamente Venezuela. Fuentes con conocimiento del tema
me informan de que a la fecha Venezuela ya habría logrado el respaldo
unánime de los 33 países de la región que conforman el Grupo Regional de
América Latina y el Caribe (GRULAC).
Lamentablemente, pareciera que la comunidad internacional aún no
quiere abrir los ojos ante la realidad social y política que vive
Venezuela, comenzando por la violación al Derecho Internacional, el
desconocimiento de la justicia internacional y la violación sistemática
de los Derechos Humanos. El desinterés o la complicidad de gran parte de
los países de la región que sí son democráticos, tales como México,
Chile, Perú o Uruguay, puede traer consecuencias aún más graves para la
protección internacional de estos principios universales.
La entrada de Venezuela al Consejo de Seguridad sería sin duda una
nueva piedra en el zapato para la comunidad internacional, con la que
habrá que lidiar al momento de resolver las crisis internacionales que
ponen en peligro la paz, la libertad, la seguridad y la democracia en el
mundo. Es hora de que los países democráticos de la región pongan fin
al silencio.
Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/06/actualidad/1402072830_889800.html
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