

He allí el gran truco de magia socialista, ¿quieren leyes? Pues leyes les daremos, y por medio de la infame entrega de la facultad legislativa al Presidente, vía las leyes habilitantes, se implantó esa correa transmisora que mueve la factoría de normas absurdas creadas en Miraflores, que han llenado a la sociedad venezolana de preceptos que regulan todo, hasta el mínimo detalle, que exigen requisitos, uno más rocambolesco que el otro, que paralizan toda gestión del ciudadano ante el Estado, que interfieren en la actividad empresarial, que hacen imposible la relación laboral y minan de obstáculos la menor solicitud de un ciudadano hacia la administración pública, sea esta un permiso, un simple documento de identidad, una licencia de exportación o un requerimiento de divisas.

Todo, absolutamente todo, está regulado hasta el cansancio con dos objetivos: El primero, paralizar el país y hacer que todo dependa de la potestad y el criterio de un funcionario público al servicio de una agenda del miedo; la segunda, hacer del simple ciudadano un criminal. Las leyes chavistas son tan absurdas que nadie las puede cumplir, con lo que hace a la sociedad sospechosa de ilícitos, de allí la actitud de los órganos represivos del Estado como el Seniat, Conatel, Onidex, Sudeban o la nueva policía económica que es el Indepabis que presumen la mala fe de antemano y de allí sus actitudes para con el comerciante y el empresario productivo de "manos contra la pared". Todos estos organismos parapoliciales que incluyen alcaldías, ministerios, consejos comunales y otras dependencias de la administración pública, han creado una red nacional de observatorios panópticos que tienen vigilados a los ciudadanos que no han podido cumplir con las leyes, y cuyas infracciones los convierten en enemigos de la revolución y por ende en traidores a la patria (cuando no en especuladores, explotadores, capitalistas salvajes, acaparadores y un largo etcétera de epítetos). Pero lo más importante, son leyes, organismos y funcionarios cuyo fin primordial es "negociar" con el infractor, lo chantajean para que la revolución y el socialismo avancen en los cuadros de mayor resistencia al proceso. ¿Quieres la renovación de tu concesión? ¿Necesitas el permiso o que te llegue el servicio público? Pues entonces tienes que decir, hacer, contratar, comprar y publicar lo que yo te diga, como, cuando, donde y con quien, a qué precio y en qué condiciones, y para rematar, como te estoy ayudando, una pequeña contribución para tu amigo revolucionario no vendría mal. El que se niegue aceptar estas imposiciones corre el riesgo cierto de ser "nacionalizado", es decir, un piquete de la reserva y la milicia te ocupa el negocio, lo saquean, lo arruinan y si quieres protestar, demándanos -dice el Estado- en los tribunales revolucionarios.

En el país, los funcionarios tienen una discrecionalidad absoluta, en contra del Estado no hay posibilidades de defensa, la carga de la prueba siempre la tiene el infractor, se supone que hay un Estado de Derecho porque hay leyes y un poder judicial "autónomo e imparcial", bajo estas condiciones ¿Quién puede acusar al gobierno socialista revolucionario bolivariano de no ofrecer las garantías suficientes para que exista un Estado de Derecho? Además, tenemos la mejor Constitución del mundo, esa que dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (al que se le desconoce sus decisiones cuando van en contra del gobierno), y que vivimos en un Estado de Derecho, premisas que son pisoteadas con regularidad por el comandante revolucionario, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo en su afán por construir el país de esclavos que el socialismo necesita.
Fuente:http://www.eluniversal.com/2009/02/23/opi_art_el-laberinto-del-fau_23A2233101.shtml
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