POR:ARCANGEL VULCANO.
El ayer sobreseído Sr Chávez, convicto y confeso, por gravísimos crímenes contra la República Bolivariana de Venezuela (que no prescriben) por haber ejecutado un golpe de estado mediante un alzamiento armado contra un gobierno democrático legítimo, cometiendo delitos de conspiración, rebelión militar, usando los tanques y las armas que le confió la República, y también por haber producido un genocidio por provocar las lamentables muertes de un grueso número de venezolanos inocentes, entre efectivos militares, tropas y oficiales, así como de civiles, se comporta actualmente como un cobarde inhabilitador de oponentes democráticos.
El sobreseído inhabilitador Sr Chávez, quien es el verdadero golpista, quien debió ser enjuiciado, condenado a prisión e inhabilitado políticamente entonces, hoy ensoberbecido, embriagado, sordo, enceguecido y envanecido de poder, hoy transmutado, luce inmisericorde, implacable, actuando cobardemente con sobre ventaja, sintiéndose sobre seguro, protegido, para actuar taimadamente, calculadoramente, fríamente, inmoralmente, planificadamente, ejerciendo ilimitados y absolutos poderes desde la jefatura del estado, mediante la grosera intervención de su nociva y perversa influencia, para así ordenar a sus útiles funcionarios al servicio incondicional de su parcialidad política, intentar inhabilitar a sus adversarios políticos, con el evidente objetivo de impedirles postularse como candidatos a gobernadores y alcaldes en las próximas elecciones regionales, porque teme una derrota electoral que de al traste con su obsoleta y destructiva seudo revolución.
El sobreseído inhabilitador Chávez lo está intentando hacer, a través de la dudosa actuación del Contralor General de la República, quien valiéndose de artificios legales, pretende mediante un acto administrativo irrito impedirles a los ciudadanos venezolanos el derecho legítimo que tienen consagrado en la Constitución Nacional, de postularse a cargos de elección popular.
La Constitución Nacional consagra muy clara y categóricamente lo siguiente: Artículo 42. “Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”.La Constitución Nacional le garantiza a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos políticos, y dispone claramente que sólo pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme. Es obvio que en el caso de los inhabilitados políticos, no existe ninguna sentencia judicial que permita suspenderles su legítimo derecho político a ser postulados a cargos de elección popular.Así mismo la Constitución Nacional vigente consagra expresamente: Artículo 62. “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”.
“La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”. Es evidente, que el Jefe del Estado y el resto de los poderes públicos intervenidos políticamente por éste, están incumpliendo sus deberes de garantizar los derechos a la participación y el protagonismo del pueblo, porque mediante las inhabilitaciones inconstitucionales, se cercena e impide el ejercicio del derecho que tenemos todos los venezolanos de ser electos a cargos públicos y a elegir a nuestros representantes.Igualmente la Constitución Nacional también establece lo siguiente: Artículo 65. “No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”. Es muy obvio, que los inhabilitados políticos no han sido condenados por ningún delito, por lo tanto, pueden perfectamente optar a cargos de elección popular. El CNE ha ignorado cínicamente estos preceptos incumpliendo con sus obligaciones, y parcializándose por la posición oficial del Contralor y del gobierno, lo cual es inaceptable.
En este escandaloso caso de las inhabilitaciones, no defendemos personalidades, sino los principios de derecho consagrados en nuestra carta magna, los derechos ciudadanos, el estado de derecho constitucional y los valores democráticos. Nos parecen las inhabilitaciones una sucia jugada política, muy impropia, un grosero ventajismo, un abuso, un atropello y una monstruosidad. Pero además, es una inexplicable cobardía que el país no entendería a estas alturas, cuando el autoproclamado invencible líder del proceso revolucionario suele ufanarse de su gran popularidad y capacidad de convocatoria, que no pareciera muy verídica, porque lo que transmite es un obvio temor, pavor, miedo a contarse transparente y limpiamente en las próximas elecciones regionales con los candidatos que ha inhabilitado. Nos preguntamos si los candidatos del oficialismo están dispuestos a ganar las elecciones sin contendores en el escenario ¿cómo se le llamaría a eso? ¿Acaso puede haber juego limpio democrático sin permitir que compitan rivales dignos?
La pregunta lógica que debemos respondernos todos los venezolanos es: ¿Si lo que se pretende es evitar la impunidad, por qué no se les enjuicia a los inhabilitados para que puedan tener la posibilidad de defenderse en un juicio público con todas las garantías de imparcialidad?
Toda persona debe presumirse siempre inocente hasta que se demuestre lo contrario. La Constitución Nacional vigente establece nítidamente el principio del debido proceso así: Artículo 49. “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia”:“1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6.Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas”.
El sagrado principio constitucional del debido proceso está siendo flagrantemente violado por el sobreseído inhabilitador Sr Chávez, a todos los inhabilitados políticos, al impedirles el ejercicio pleno del derecho a defenderse sin ni siquiera ser oídos por sus jueces naturales. Esto es una inaceptable maniobra política, que lo muestra ante el país desnudo como un gran manipulador político, que desea garantizarse para sí y sus candidatos todas las ventajas políticas, incluso la más repugnante de todas, competir en elecciones sin rivales, ¡que cobardía! no le bastan todas las cínicas, indecorosas y abusivas actitudes que despliega al usufructuar descaradamente, malversando y desviando, sin límites, ni restricciones, ni castigos, a su antojo y absoluta discreción, todos los multimillonarios recursos financieros, logísticos, propagandísticos y publicitarios del estado para realizar ventajosamente todas las campañas y propagandas de sus candidatos a gobernadores y alcaldes. Son puras picardías, tramposas acciones, para intentar ganar las elecciones sin contendores fuertes, sería una imperdonable cobardía.
La gran tragedia que vivimos los venezolanos es que un sólo hombre envanecido por el poder, cobardemente, valiéndose de la protección que le ofrecen sus partidarios aduladores oportunistas y logreros armados, pretende ejercer todos los poderes, esclavizándonos, atornillándose en el cargo que ostenta para el que fue electo temporalmente; ya de por si eso es gravísimo, pero aún más preocupante es que existan personajes decadentes, desvergonzados, serviles, obedientes e incondicionales como el contralor y otros enquistados en el resto de los poderes públicos (Asamblea Nacional, Defensoría del pueblo, TSJ y Fiscalía) que colaboran por acción u omisión para imponernos sus perversos propósitos.
Ante estas atrocidades, frente a la inequidad y las injusticias proferidas contra el indefenso pueblo venezolano por el sobreseído inhabilitador Sr Chávez y su gobierno integrado por sus aduladores serviles, el país democrático debe reaccionar vigorosamente, organizarse y unirse para enfrentar eficazmente este atropello, este burdo intento por conculcar nuestros legítimos derechos ciudadanos, amenazados por un caudillo hegemónico con cínicas e inescrupulosas ínfulas de dictador eterno.
Al sobreseído inhabilitador Sr Chávez, quien debió ser inhabilitado, pero que fue muy convenientemente sobreseído en virtud de una magnánima amnistía política, y que hoy no tiene compasión con sus conciudadanos, quienes un día lo perdonaron por sus confesos delitos para facilitar la paz y la reconciliación nacional, el pueblo venezolano le debe estar recordando a cada instante este artículo de la Constitución Nacional, que es lo que seguramente hoy le debe poner la carne de gallina, tal y como alguna vez lo calificó su buen amigo Arias Cárdenas: Artículo 66. “Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado”. Quisiéramos entonces, poder verle las expresiones del rostro al sobreseído inhabilitador y a sus cómplices serviles. El día, en que por fin deban rendir cuentas de su gestión pública frente al pueblo venezolano, irremediablemente se aproxima rápidamente; el tiempo no se detiene, y el sobreseído inhabilitador probablemente jamás vuelva a ser sobreseído, esta vez la vendetta pública no perdonará ni será compasiva con su victimario.
El ayer sobreseído Sr Chávez, convicto y confeso, por gravísimos crímenes contra la República Bolivariana de Venezuela (que no prescriben) por haber ejecutado un golpe de estado mediante un alzamiento armado contra un gobierno democrático legítimo, cometiendo delitos de conspiración, rebelión militar, usando los tanques y las armas que le confió la República, y también por haber producido un genocidio por provocar las lamentables muertes de un grueso número de venezolanos inocentes, entre efectivos militares, tropas y oficiales, así como de civiles, se comporta actualmente como un cobarde inhabilitador de oponentes democráticos.
El sobreseído inhabilitador Sr Chávez, quien es el verdadero golpista, quien debió ser enjuiciado, condenado a prisión e inhabilitado políticamente entonces, hoy ensoberbecido, embriagado, sordo, enceguecido y envanecido de poder, hoy transmutado, luce inmisericorde, implacable, actuando cobardemente con sobre ventaja, sintiéndose sobre seguro, protegido, para actuar taimadamente, calculadoramente, fríamente, inmoralmente, planificadamente, ejerciendo ilimitados y absolutos poderes desde la jefatura del estado, mediante la grosera intervención de su nociva y perversa influencia, para así ordenar a sus útiles funcionarios al servicio incondicional de su parcialidad política, intentar inhabilitar a sus adversarios políticos, con el evidente objetivo de impedirles postularse como candidatos a gobernadores y alcaldes en las próximas elecciones regionales, porque teme una derrota electoral que de al traste con su obsoleta y destructiva seudo revolución.
El sobreseído inhabilitador Chávez lo está intentando hacer, a través de la dudosa actuación del Contralor General de la República, quien valiéndose de artificios legales, pretende mediante un acto administrativo irrito impedirles a los ciudadanos venezolanos el derecho legítimo que tienen consagrado en la Constitución Nacional, de postularse a cargos de elección popular.
La Constitución Nacional consagra muy clara y categóricamente lo siguiente: Artículo 42. “Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”.La Constitución Nacional le garantiza a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos políticos, y dispone claramente que sólo pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme. Es obvio que en el caso de los inhabilitados políticos, no existe ninguna sentencia judicial que permita suspenderles su legítimo derecho político a ser postulados a cargos de elección popular.Así mismo la Constitución Nacional vigente consagra expresamente: Artículo 62. “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”.
“La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”. Es evidente, que el Jefe del Estado y el resto de los poderes públicos intervenidos políticamente por éste, están incumpliendo sus deberes de garantizar los derechos a la participación y el protagonismo del pueblo, porque mediante las inhabilitaciones inconstitucionales, se cercena e impide el ejercicio del derecho que tenemos todos los venezolanos de ser electos a cargos públicos y a elegir a nuestros representantes.Igualmente la Constitución Nacional también establece lo siguiente: Artículo 65. “No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”. Es muy obvio, que los inhabilitados políticos no han sido condenados por ningún delito, por lo tanto, pueden perfectamente optar a cargos de elección popular. El CNE ha ignorado cínicamente estos preceptos incumpliendo con sus obligaciones, y parcializándose por la posición oficial del Contralor y del gobierno, lo cual es inaceptable.
En este escandaloso caso de las inhabilitaciones, no defendemos personalidades, sino los principios de derecho consagrados en nuestra carta magna, los derechos ciudadanos, el estado de derecho constitucional y los valores democráticos. Nos parecen las inhabilitaciones una sucia jugada política, muy impropia, un grosero ventajismo, un abuso, un atropello y una monstruosidad. Pero además, es una inexplicable cobardía que el país no entendería a estas alturas, cuando el autoproclamado invencible líder del proceso revolucionario suele ufanarse de su gran popularidad y capacidad de convocatoria, que no pareciera muy verídica, porque lo que transmite es un obvio temor, pavor, miedo a contarse transparente y limpiamente en las próximas elecciones regionales con los candidatos que ha inhabilitado. Nos preguntamos si los candidatos del oficialismo están dispuestos a ganar las elecciones sin contendores en el escenario ¿cómo se le llamaría a eso? ¿Acaso puede haber juego limpio democrático sin permitir que compitan rivales dignos?
La pregunta lógica que debemos respondernos todos los venezolanos es: ¿Si lo que se pretende es evitar la impunidad, por qué no se les enjuicia a los inhabilitados para que puedan tener la posibilidad de defenderse en un juicio público con todas las garantías de imparcialidad?
Toda persona debe presumirse siempre inocente hasta que se demuestre lo contrario. La Constitución Nacional vigente establece nítidamente el principio del debido proceso así: Artículo 49. “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia”:“1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6.Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas”.
El sagrado principio constitucional del debido proceso está siendo flagrantemente violado por el sobreseído inhabilitador Sr Chávez, a todos los inhabilitados políticos, al impedirles el ejercicio pleno del derecho a defenderse sin ni siquiera ser oídos por sus jueces naturales. Esto es una inaceptable maniobra política, que lo muestra ante el país desnudo como un gran manipulador político, que desea garantizarse para sí y sus candidatos todas las ventajas políticas, incluso la más repugnante de todas, competir en elecciones sin rivales, ¡que cobardía! no le bastan todas las cínicas, indecorosas y abusivas actitudes que despliega al usufructuar descaradamente, malversando y desviando, sin límites, ni restricciones, ni castigos, a su antojo y absoluta discreción, todos los multimillonarios recursos financieros, logísticos, propagandísticos y publicitarios del estado para realizar ventajosamente todas las campañas y propagandas de sus candidatos a gobernadores y alcaldes. Son puras picardías, tramposas acciones, para intentar ganar las elecciones sin contendores fuertes, sería una imperdonable cobardía.
La gran tragedia que vivimos los venezolanos es que un sólo hombre envanecido por el poder, cobardemente, valiéndose de la protección que le ofrecen sus partidarios aduladores oportunistas y logreros armados, pretende ejercer todos los poderes, esclavizándonos, atornillándose en el cargo que ostenta para el que fue electo temporalmente; ya de por si eso es gravísimo, pero aún más preocupante es que existan personajes decadentes, desvergonzados, serviles, obedientes e incondicionales como el contralor y otros enquistados en el resto de los poderes públicos (Asamblea Nacional, Defensoría del pueblo, TSJ y Fiscalía) que colaboran por acción u omisión para imponernos sus perversos propósitos.
Ante estas atrocidades, frente a la inequidad y las injusticias proferidas contra el indefenso pueblo venezolano por el sobreseído inhabilitador Sr Chávez y su gobierno integrado por sus aduladores serviles, el país democrático debe reaccionar vigorosamente, organizarse y unirse para enfrentar eficazmente este atropello, este burdo intento por conculcar nuestros legítimos derechos ciudadanos, amenazados por un caudillo hegemónico con cínicas e inescrupulosas ínfulas de dictador eterno.
Al sobreseído inhabilitador Sr Chávez, quien debió ser inhabilitado, pero que fue muy convenientemente sobreseído en virtud de una magnánima amnistía política, y que hoy no tiene compasión con sus conciudadanos, quienes un día lo perdonaron por sus confesos delitos para facilitar la paz y la reconciliación nacional, el pueblo venezolano le debe estar recordando a cada instante este artículo de la Constitución Nacional, que es lo que seguramente hoy le debe poner la carne de gallina, tal y como alguna vez lo calificó su buen amigo Arias Cárdenas: Artículo 66. “Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado”. Quisiéramos entonces, poder verle las expresiones del rostro al sobreseído inhabilitador y a sus cómplices serviles. El día, en que por fin deban rendir cuentas de su gestión pública frente al pueblo venezolano, irremediablemente se aproxima rápidamente; el tiempo no se detiene, y el sobreseído inhabilitador probablemente jamás vuelva a ser sobreseído, esta vez la vendetta pública no perdonará ni será compasiva con su victimario.
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Evo reconoce que Chávez ya le ha ‘regalado’ más de 100 millones de US
El presidente boliviano Evo Morales reveló hoy que la ayuda del presidente Chávez ya suma “más de cien millones de dólares” en fondos no reembolsables con los que financia proyectos de infraestructura básica en las alcaldías.
Foto: Reuters - Morales entrega cheques con fondos procedentes de la ayuda venezolana
El programa se llama “Bolivia cambia, Evo cumple”.
Morales lo reveló en el mismo acto donde anunció que dejará la presidencia del mayor sindicato de los cocaleros por considerarse el dirigente sindical “más viejo” luego de 20 años de ejercer ese cargo. Morales, que debe cumplir 49 años de edad en octubre, hizo el anuncio en una reunión con corresponsales en el Palacio Presidencial.
“El próximo mes quiero despedirme” como dirigente sindical, dijo el gobernante y comentó que cuando lo eligieron como presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, al centro de Bolivia, era el más joven y ahora es el más viejo de los dirigentes.
Morales se inicio en el sindicalismo cocalero como secretario de deportes y desde allí forjó una carrera política que lo llevó a la presidencia en diciembre de 2005 cuando ganó las elecciones con el 54% de los votos.
Sus opositores le reprochan que acapare cargos, ya que además es jefe de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).
Por años el sindicato de la zona cocalera de Chapare fue el más aguerrido. Se enfrentó a los gobiernos que impulsaron una dura política de erradicación de cocales. Morales reelegido en el cargo a principios de este año.
Morales también anunció que este fin de semana lanzará su campaña para el referendo revocatorio del 10 de agosto. El mandatario, el vicepresidente Alvaro García y los prefectos (gobernadores), la mayoría opositores, someterán sus cargos al resultado de la votación.
El mandatario dijo que el referendo es una profundización de la democracia porque “por primera vez el pueblo tendrá la oportunidad no sólo de elegir autoridades, también de revocarlas”. Con base en sondeos propios, anticipó que espera obtener un 56% de votos a favor.
Sin embargo, dijo que sus opositores conservadores promoverán las semanas siguientes un boicot para desabastecer de algunos productos con el propósito de frustrar la consulta.
“Están preparando una guerra cruel contra el pueblo para perjudicarme”, dijo.
Con parte de información de Efe
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