EL ARBITRARIO CHÁVEZ CONTRA RCTV

El gobierno que recibe su poder y su mandato del pueblo, tiene como finalidad principal la búsqueda del Bien Común, es decir asegurar el conjunto de condiciones de vida que hacen posible a las agrupaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia protección. Por esto los ciudadanos investidos de autoridad:
-No están por encima de la Ley.
-Deben salvaguardar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos.
De allí que es esencial en una sociedad auténticamente democrática, tenga presente que nadie puede conculcar impunemente el derecho que tienen los hombres a formar organizaciones para su desarrollo y para alcanzar mejores niveles de vida.

Igualmente nadie puede conculcar arbitraria y abusivamente la libre emisión del pensamiento, a la información veraz, objetiva, y a la participación política efectiva y respetada.

A propósito de la difundida decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión al canal de televisión privado RCTV, que le impediría el funcionamiento. El presidente Chávez alegando el derecho legítimo que tiene el Estado venezolano de conceder o no concesiones de uso del espectro radioeléctrico a los particulares, anunció el 28 de diciembre pasado públicamente que no le renovará la concesión de funcionamiento a la mencionada estación televisiva.

Sin entrar en consideraciones de orden legal, más allá de tecnicismos jurídicos, es evidente la intención política del régimen, y la interesada argumentación que ofrecen al mundo de este espinoso y delicado asunto. Es notoria la arbitrariedad del presidente y su gobierno, como también el descarado manejo que hace de los órganos del poder público, para inclinar la balanza del poder a favor de sus confesos particulares intereses políticos, esto es lo más censurable de tan engorrosa circunstancia; que el gobierno anuncia abiertamente con el mayor desparpajo, sin ningún recato, que no le renovará la concesión a una planta de televisión porque ella constituye un adversario de sus confesos intereses políticos.

Mediante el manejo arbitrario y abusivo del poder del jefe del estado, ejercido sin límites, se está coartando no sólo el derecho de una planta televisiva privada para operar y desplegar sus normales y habituales actividades de toda índole, sino que también se está conculcando el derecho legítimo de toda la colectividad a disfrutar de su transmisión en señal abierta. Pero más grave aún, se pretende impedir el ejercicio pleno de la libertad de expresión, y la difusión libre de mensajes a través del medio televisivo al que se impide su funcionamiento lícito.

El presidente, y su gobierno, haciendo uso sin pudor de tecnicismos legales, emprende la más brutal y despiadada persecución política jamás protagonizada por presidente democráticamente electo en Venezuela; cínicamente sin reparar en el grave daño que le causaría a la democracia, alega en su favor razones y motivos absolutamente in sustentables moral y éticamente hablando. Nos ha dicho que RCTV es “golpistas y terrorista”, que sus principales directivos participaron en la planificación de los sucesos del 11 de abril que degeneraron en "la renuncia o derrocamiento" (¿comisión de la verdad?) del presidente, olvidando muy tendenciosa y convenientemente que no ha habido ninguna decisión judicial, que hubiera condenado por esos hechos a alguno de los integrantes de esa planta televisiva, ni siquiera a unos de sus periodistas o empleados ¿Cómo es esto entonces?.

Se dice con socarrona actitud por boca de los voceros del gobierno: “No es cierre, es que se les venció la concesión” ¡Por Dios! ¡Qué cinismo!. Pues de ser así, lo que deberían hacer es renovársela y punto. Pero no, ellos no lo harán, porque su verdadera aviesa y mala intención es silenciar a una planta de televisión que no le es incondicional, sino por el contrario, es una contundente adversaria (piedra en el zapato), que les denuncia ante la opinión pública nacional e internacional constantemente sus arbitrariedades en el ejercicio abusivo de sus atribuciones gubernamentales, así como en el incumplimiento de sus promesas electorales demagógicas y populistas, y les mantiene en el aire las calamidades nacionales, como testigos de esas circunstancias; les sacan a la luz los problemas de la comunidad que no resuelven desde el gobierno, y eso desde luego les causa una fuerte animadversión hacia la planta televisiva, sus directivos, periodistas, empleados etc; sencillamente no soportan a la opinión contraria, aspiran imponer desde el gobierno la unanimidad, sostener una sola visión totalitarista como política comunicacional, convertir peligrosamente a la mayoría de los medios de comunicación en agencias propandísticas del proyecto político revolucionario bolivariano, que sólo tolera una única línea editorial, que sea afecta a su tendencia política, a su filosofía socialista comunista, esto es una aberración, vivimos un suceso gravísimo, que traerá terribles consecuencias para todos.

Por eso el gobierno no disimula ya sus verdaderas motivaciones. Desea impedirle a ese medio de comunicación su funcionamiento legal, no autorizándole, no concediéndole, o no renovándole su concesión, evitándole el uso de la frecuencia radioeléctrica que ha empleado durante más de 50 años, impidiéndole la renovación de su derecho; pero no porque haya violado alguna ley, sino simplemente porque el gobierno considera que los propietarios son golpistas y terroristas, porque son opositores, porque piensan diferente al gobierno. Eso no es un cierre repiten insolitamente Ministros y serviles voceros del arbitrario caprichoso que no soporta a RCTV, no le perdonan que no aceptara doblegarse sumisamente a sus designios.

Es decir, que el presidente en vez de cumplir con su deber y realizar una lógica acusación penal,y formularle cargos a los “presuntos golpistas” de RCTV (los estaría encubriendo si no lo hace), y someterlos legalmente a un juicio justo, sin darles oportunidad a que se defiendan de esos cargos, los condena a priori por sus presuntos delitos penales, pero no por decisión judicial, sino mediante una decisión administrativa contra el canal privado RCTV (¿retalización?), y se les castiga de un curioso modo, silenciándoles la televisora, tapándoles la boca, todo el propósito pareciera entonces ser, que no usen más el espectro radioeléctrico para atacar al gobierno, no el de castigar efectivamente a los culpables por los presuntos "delitos" o motivos por los cuales alegan la no renovación de la concesión.

Eso no tiene otro nombre que abuso arbitrario de la autoridad; que no por ser legítima o legal, es justa, por el contrario, es una aberrante arbitrariedad del gobierno que se niega por razones políticas a conceder la licencia de funcionamiento, constituye sin duda alguna la violación del derecho legítimo a que se conceda la concesión para usar legalmente la frecuencia del espectro radio eléctrico, pero además, se trata de la conculcación ilegítima de un derecho sin que existan causas justificables para ello; pero visto desde la perspectiva del obligado a ejercer la autoridad –el estado- mediante el empleo de su discrecionalidad mal ejercida, estaría incurriendo en una administración deshonesta y excesiva de sus competencias y facultades, sería una falta de probidad absolutamente, porque estaría motivando sus decisiones en razones personales; que es en definitiva exactamente lo que le está ocurriendo a la planta de televisión RCTV, lo cual es un exceso terrible.

El arbitrario presidente Chávez, en su carácter de jefe del estado, en ejercicio de un ilimitado poder discrecionalmente ejercido, realiza la más brutal y descomunal persecución política contra una planta de televisión indócil y muy díscola como RCTV; un canal de televisión que está siento impunemente atropellado, conculcándosele abusivamente sus derechos legítimos. El presidente con la anunciada no renovación de la concesión la condena al cierre; pero también paralelamente está violando el derecho de todos los venezolanos a continuar disfrutando libremente de su programación.

Desde luego, que el verdadero objetivo develado del régimen, es el de posesionarse paulatinamente de los principales medios de comunicación, hasta controlarlos sistemática y progresivamente, a objeto de convertirlos en incondicionales adeptos al servicio de sus causas revolucionarias excluyentes, presiguiendo imponerles una línea editorial única e ideologizada, que los convierta en difusores propagandísticos de su ideología socialista comunista, y así logar consolidar un poderoso aparato comunicacional servil al proyecto político personalista, autocrático y totalitario, en detrimento del resto de la sociedad que tiene legítimo derecho a actuar y pensar diferente. El arbitario presidente, emplea inmoralmente y sin ningún pudor, todos sus poderes discrecionales para atropellar a los ciudadanos indefensos ante su poder desmedido, contra quienes no lo apoyan en sus ambiciones de perpetuarse en el poder.