POR:ANGEL OROPEZA
Una de las características
definitorias del fascismo es el uso sesgado de la historia con la
finalidad de reinterpretarla de acuerdo con sus intereses de dominación.
Y en este intento de reelaboración histórica, el objetivo primordial es
explotar aquellos aspectos que contribuyan a la exaltación de las masas
mediante la utilización de la frustración colectiva. Poco importa si, a
pesar de estar en posición de lograrlo, no se hace nada para evitar la
repetición de las tragedias del pasado.
En la narrativa oficialista, los lamentables sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 son recurrentemente utilizados con fines de legitimación para darle un supuesto origen social a un modelo militarista de dominación. En la fantasiosa -pero muy bien mercadeada- historieta gobiernera, el golpe de estado de 1992 no obedeció a los apetitos de poder de un grupo de sediciosos, que venían de hecho organizando su asalto insurreccional mucho antes de 1989, sino que se produjo como consecuencia de una supuesta (y para nada creíble) indignación de una facción militar con aquellos acontecimientos. Así presentados, lo que siempre ha buscado la propaganda oficial es quitarle al golpe del 92 su carácter codicioso, y lavar su cara inventando una imaginaria intencionalidad de desagravio al dolor popular vivido en aquellos aciagos días de 1989.
Lo cierto es que lo único que a la oligarquía oficialista parece interesarle del llamado Caracazo de 1989 es tergiversar sus causas reales para presentarlo, de manera adulterada, como antecedente social de su proyecto político, dejando de lado y hasta burlándose del dolor sufrido en esas tristes jornadas por las víctimas y sus familiares.
Más allá del demostrado falseamiento de los hechos, y de la consecuente manipulación de la fecha con intereses politiqueros, existen 2 expresiones concretas del desprecio de la actual clase gobernante por los caídos del Caracazo y sus deudos. La primera, no existe todavía -a 25 años de esa tragedia- una sola sanción condenatoria emitida por el sistema judicial venezolano. A pesar de la callada pero persistente lucha de los familiares de las víctimas, así como de la encomiable labor realizada por organizaciones como Cofavic, no hay ningún responsable, material o intelectual, que haya sido condenado, y los restos de los desaparecidos siguen sin identificación y sin ser entregados a sus familiares. La falta de voluntad política para enfrentar la verdad, la necesidad de que ésta no florezca, o la no conveniencia de tocar ciertos intereses o personas, parece estar detrás de esta gravísima omisión del Estado venezolano.
La segunda, el gobierno ha sido renuente en adoptar y poner en práctica reformas indispensables para combatir la impunidad y para garantizar que las actuaciones de los organismos de seguridad del Estado se rijan por el obligante respeto a los derechos y dignidad de las personas. La irresponsabilidad del Estado en garantizar la primacía de los derechos humanos en las actividades de control del orden, y la inalienable garantía al derecho a la vida en situaciones de uso de la fuerza pública, ha mostrado sus frutos más crueles en las jornadas de protesta estudiantil de este mes de febrero.
Al momento de escribir esta nota, ya son 11 los venezolanos asesinados en el marco de estas legítimas expresiones ciudadanas, más de 500 los detenidos y por encima de 140 los heridos, lesionados y torturados. Estos números, aunados a la crueldad y saña que han caracterizado la actuación de algunos cuerpos represivos del madurocabellismo, permiten que organizaciones y activistas de los DDHH hayan descrito el actual escenario represivo que se vive en Venezuela como la peor situación en materia de violación a los derechos humanos que se haya visto en décadas en el país.
Las comparaciones entre las atroces barbaridades sufridas por los venezolanos en estos días y la tragedia de los sucesos de 1989 ya han comenzado a surgir, no en relación con el número de las víctimas, sino con las consecuencias lamentables de la militarización del orden público. Además de su mayor alcance geográfico, desafortunadamente para el gobierno actual existen hoy 2 diferencias con aquellos eventos de hace 25 años que le colocan en una situación desventajosa desde el punto de vista comparativo: la presencia de fuerzas paramilitares que cumplen funciones de terrorismo, y la excesiva crueldad que muestran los órganos represivos del gobierno, al punto que pareciera que su objetivo no es poner orden, como le correspondería a un Estado responsable, sino acabar con un enemigo, a quien se le tiene mucha rabia contenida. Estas dos diferencias, típicas de los regímenes fascistas, son la marca distintiva de lo que ya algunos llaman el Caracazo del madurocabellismo.
En la narrativa oficialista, los lamentables sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 son recurrentemente utilizados con fines de legitimación para darle un supuesto origen social a un modelo militarista de dominación. En la fantasiosa -pero muy bien mercadeada- historieta gobiernera, el golpe de estado de 1992 no obedeció a los apetitos de poder de un grupo de sediciosos, que venían de hecho organizando su asalto insurreccional mucho antes de 1989, sino que se produjo como consecuencia de una supuesta (y para nada creíble) indignación de una facción militar con aquellos acontecimientos. Así presentados, lo que siempre ha buscado la propaganda oficial es quitarle al golpe del 92 su carácter codicioso, y lavar su cara inventando una imaginaria intencionalidad de desagravio al dolor popular vivido en aquellos aciagos días de 1989.
Lo cierto es que lo único que a la oligarquía oficialista parece interesarle del llamado Caracazo de 1989 es tergiversar sus causas reales para presentarlo, de manera adulterada, como antecedente social de su proyecto político, dejando de lado y hasta burlándose del dolor sufrido en esas tristes jornadas por las víctimas y sus familiares.
Más allá del demostrado falseamiento de los hechos, y de la consecuente manipulación de la fecha con intereses politiqueros, existen 2 expresiones concretas del desprecio de la actual clase gobernante por los caídos del Caracazo y sus deudos. La primera, no existe todavía -a 25 años de esa tragedia- una sola sanción condenatoria emitida por el sistema judicial venezolano. A pesar de la callada pero persistente lucha de los familiares de las víctimas, así como de la encomiable labor realizada por organizaciones como Cofavic, no hay ningún responsable, material o intelectual, que haya sido condenado, y los restos de los desaparecidos siguen sin identificación y sin ser entregados a sus familiares. La falta de voluntad política para enfrentar la verdad, la necesidad de que ésta no florezca, o la no conveniencia de tocar ciertos intereses o personas, parece estar detrás de esta gravísima omisión del Estado venezolano.
La segunda, el gobierno ha sido renuente en adoptar y poner en práctica reformas indispensables para combatir la impunidad y para garantizar que las actuaciones de los organismos de seguridad del Estado se rijan por el obligante respeto a los derechos y dignidad de las personas. La irresponsabilidad del Estado en garantizar la primacía de los derechos humanos en las actividades de control del orden, y la inalienable garantía al derecho a la vida en situaciones de uso de la fuerza pública, ha mostrado sus frutos más crueles en las jornadas de protesta estudiantil de este mes de febrero.
Al momento de escribir esta nota, ya son 11 los venezolanos asesinados en el marco de estas legítimas expresiones ciudadanas, más de 500 los detenidos y por encima de 140 los heridos, lesionados y torturados. Estos números, aunados a la crueldad y saña que han caracterizado la actuación de algunos cuerpos represivos del madurocabellismo, permiten que organizaciones y activistas de los DDHH hayan descrito el actual escenario represivo que se vive en Venezuela como la peor situación en materia de violación a los derechos humanos que se haya visto en décadas en el país.
Las comparaciones entre las atroces barbaridades sufridas por los venezolanos en estos días y la tragedia de los sucesos de 1989 ya han comenzado a surgir, no en relación con el número de las víctimas, sino con las consecuencias lamentables de la militarización del orden público. Además de su mayor alcance geográfico, desafortunadamente para el gobierno actual existen hoy 2 diferencias con aquellos eventos de hace 25 años que le colocan en una situación desventajosa desde el punto de vista comparativo: la presencia de fuerzas paramilitares que cumplen funciones de terrorismo, y la excesiva crueldad que muestran los órganos represivos del gobierno, al punto que pareciera que su objetivo no es poner orden, como le correspondería a un Estado responsable, sino acabar con un enemigo, a quien se le tiene mucha rabia contenida. Estas dos diferencias, típicas de los regímenes fascistas, son la marca distintiva de lo que ya algunos llaman el Caracazo del madurocabellismo.
@angeloropeza182
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