"Crece la presión contra la prensa venezolana".El Nuevo Herald
A pocos días de las elecciones regionales del 23 de noviembre, el gobierno de Hugo Chávez ha incrementado la presión contra los medios y periodistas independientes.
A medida que se acerca la fecha de las elecciones regionales del 23 de noviembre, las presiones contra los medios de comunicación en Venezuela han experimentado un inusitado incremento, con ataques variados que incluyen desde acusaciones de golpistas contra propietarios de medios, acoso en aeropuertos del país a presentadores de la radio y televisión privadas, y protestas violentas con estallidos de bombas.
En menos de 10 días, importantes directivos de medios fueron acusados de fraguar un magnicidio y un golpe de estado, varios sicarios intentaron matar a un influyente columnista en el estado Bolívar, al sur del país, y casi toda la plantilla de periodistas de una emisora de radio en el estado Carabobo fue despedida por presiones del candidato oficialista local, según denunciaron a El Nuevo Herald los propios periodistas afectados.
El fin de semana pasado, en uno de los ataques más violentos hasta ahora contra un periodista, dos supuestos sicarios dispararon a quemarropa contra Eliécer Calzadilla, columnista y abogado del diario El Correo del Caroní, en el estado Bolívar, un diario que mantiene una línea crítica contra el gobierno chavista.
Calzadilla, que lleva dos décadas como columnista del rotativo, es conocido por sus denuncias contra la corrupción del gobierno del estado Bolívar. A pesar de que recibió un impacto de bala en la base del cuello, el periodista sobrevivió el atentado y fue capaz de dictarle a su hija la columna de este próximo domingo.
Diversas organizaciones, entre ellas el Colegio Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras (RSF), pidieron una investigación exhaustiva del ataque.
En otro episodio violento la semana pasada, una bomba lacrimógena estalló en la sede de uno de los canales de televisión más críticos del gobierno, Globovisión, mientras que su propietario y presentadores y periodistas del canal fueron declarados "objetivo militar'' por un grupo conocido como La Piedrita, que dirige la conocida líder chavista Lina Ron.
También la semana pasada, tres influyentes personalidades de radio y televisión denunciaron acosos e intento de amedrentamiento por autoridades del aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando llegaban de viajes fuera del país.
Las denuncias fueron presentadas por Carla Angola y Leopoldo Castillo, ambos conductores de populares programas de televisión que son críticos al gobierno en el canal Globovisión, y el periodista César Miguel Rondón, que conduce un espacio radial diario con cobertura nacional en la emisora Unión Radio de Caracas.
A un cuarto viajero, el profesor Heinz Sonntag, sociólogo de origen alemán y académico de la Universidad Central de Venezuela, que es miembro del opositor Movimiento 2D, le anularon su pasaporte a pesar de que es ciudadano venezolano desde hace más de 20 años.
Sonntag no descartó que la medida esté relacionada con las recientes acusaciones lanzadas por el gobierno contra la agrupación, que reúne a destacados intelectuales venezolanos que defienden una sociedad más democrática.
De hecho, varios miembros de este movimiento, fundado en alusión a la fecha del referendo consultivo que rechazó la reforma constitucional chavista en diciembre pasado, han sido acusados de conspiradores por parte del gobierno.
El principal señalado es Miguel Henrique Otero, editor del diario El Nacional, quien preside el movimiento y es fuertemente crítico de las políticas del gobierno chavista.
Al rechazar los señalamientos, Otero declaró que la "persecución'' contra medios privados independientes es una "cortina de humo'' para acallar varios escándalos que han afectado recientemente la imagen del gobierno, como el caso de la muerte del fiscal Danilo Anderson y el juicio que se sigue en Miami por el caso del maletín con $800,000 que le fue confiscado a un empresario venezolano en un aeropuerto de Buenos Aires.
Ceferino García, absuelto por un jurado que no encontró pruebas suficientes para acusarlo del asesinato de Marcano, había sido señalado por el periodista de ser el más importante jefe del narcotráfico en la región, con importantes conexiones con altos oficiales militares.
La semana pasada, media docena de periodistas de tres emisoras de radio en la localidad de Puerto Cabello, en la costa central de Venezuela, fueron retirados de sus programas presuntamente por presiones del gobierno local, debido a que mantenían una línea crítica.
"Puerto Cabello prácticamente se quedó sin espacios de opinión críticos'', dijo a El Nuevo Herald el periodista Juan Carlos Núñez, uno de los afectados por la decision.
Núñez explicó que los programas radiales fueron suspendidos por los dueños de las emisoras, luego de que las autoridades municipales amenazaron con presentar denuncias de supuestas violaciones cometidas ante el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que regula el sector.
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