POR:TEODORO PETKOFF.
La moribunda Asamblea Nacional, por órdenes, obviamente, de Chacumbele, está en plan de designar un nuevo grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con base en la jubilación anunciada por once de sus actuales titulares en marzo pasado, así como la designación de 32 suplentes, hasta ahora nunca normados. Esto constituye un gravísimo atentado político contra la República.
Político, porque el asunto no es meramente legal. Desde un punto de vista puramente formal, o sea legal, el Parlamento estaría facultado para hacer esas designaciones, pero ocurre que el tema no es formal. Cualquiera entendería que elegida una nueva Asamblea Nacional y quedándole a la vieja apenas poco más de dos meses de vida, lo prudente, lo que haría cualquier gobierno distinto al de Chacumbele (meramente democrático, cualquiera fuere su signo), sería recoger el espíritu de una decisión electoral nacional que ha creado una nueva correlación política tanto en el país como en la Asamblea Nacional y remitir el tema del TSJ al nuevo Parlamento. Pero, lamentablemente para el país y sus instituciones, nos toca lidiar con un gobierno que carece completamente de escrúpulos, dispuesto a remachar su control sobre el TSJ sin tener que pasar por el proceso de discusión y votación en un cuerpo legislativo donde no tendrá los 2/3 de diputados que le serían necesarios para pasar la aplanadora con la remoción de once magistrados y la elección de sus sustitutos.
Todo el proceso de designaciones ha sido llevado de un modo descaradamente tramposo. La reimpresión de la Ley del TSJ hace pocos días, "por error de copia", introdujo un cambio en el texto vigente, del modo más desvergonzado y abusivo. El lapso para el proceso de designaciones, que en el texto original se establecía como "no menor de treinta días", ahora, en la "reimpresión" aparece como "no mayor" de un mes. Esta jugarreta tramposa favorece las postulaciones exprés, las ya decididas por Miraflores, y dificulta aquellas que no provienen del oficialismo. De allí en adelante todo ha avanzado según el plan chacumbeliano de rellenar el TSJ con figuras absolutamente sumisas, sin correr ningún riesgo de que algunos de los magistrados muestren, como ha ocurrido en algunos casos, cierto espíritu de independencia y de decencia. Chacumbele, que ahora no tendrá una Asamblea como la que fenece, quiere entonces, en sustitución, un TSJ chacumbelianamente blindado. Los once "nuevos" y los 32 suplentes que serán "elegidos" serán aquellos que Chacumbele personalmente habrá seleccionado entre la manada de sus incondicionales. Todo se hace de modo opaco, no se conoce de la existencia de un baremo, no se conocen los postulados, el lapso para ejercer oposición es insignificante. La Asamblea, velozmente, complacerá a Chacumbele.
Surge una pregunta: ¿Esta colosal estafa a la República pasará por debajo de la mesa?
Político, porque el asunto no es meramente legal. Desde un punto de vista puramente formal, o sea legal, el Parlamento estaría facultado para hacer esas designaciones, pero ocurre que el tema no es formal. Cualquiera entendería que elegida una nueva Asamblea Nacional y quedándole a la vieja apenas poco más de dos meses de vida, lo prudente, lo que haría cualquier gobierno distinto al de Chacumbele (meramente democrático, cualquiera fuere su signo), sería recoger el espíritu de una decisión electoral nacional que ha creado una nueva correlación política tanto en el país como en la Asamblea Nacional y remitir el tema del TSJ al nuevo Parlamento. Pero, lamentablemente para el país y sus instituciones, nos toca lidiar con un gobierno que carece completamente de escrúpulos, dispuesto a remachar su control sobre el TSJ sin tener que pasar por el proceso de discusión y votación en un cuerpo legislativo donde no tendrá los 2/3 de diputados que le serían necesarios para pasar la aplanadora con la remoción de once magistrados y la elección de sus sustitutos.
Todo el proceso de designaciones ha sido llevado de un modo descaradamente tramposo. La reimpresión de la Ley del TSJ hace pocos días, "por error de copia", introdujo un cambio en el texto vigente, del modo más desvergonzado y abusivo. El lapso para el proceso de designaciones, que en el texto original se establecía como "no menor de treinta días", ahora, en la "reimpresión" aparece como "no mayor" de un mes. Esta jugarreta tramposa favorece las postulaciones exprés, las ya decididas por Miraflores, y dificulta aquellas que no provienen del oficialismo. De allí en adelante todo ha avanzado según el plan chacumbeliano de rellenar el TSJ con figuras absolutamente sumisas, sin correr ningún riesgo de que algunos de los magistrados muestren, como ha ocurrido en algunos casos, cierto espíritu de independencia y de decencia. Chacumbele, que ahora no tendrá una Asamblea como la que fenece, quiere entonces, en sustitución, un TSJ chacumbelianamente blindado. Los once "nuevos" y los 32 suplentes que serán "elegidos" serán aquellos que Chacumbele personalmente habrá seleccionado entre la manada de sus incondicionales. Todo se hace de modo opaco, no se conoce de la existencia de un baremo, no se conocen los postulados, el lapso para ejercer oposición es insignificante. La Asamblea, velozmente, complacerá a Chacumbele.
Surge una pregunta: ¿Esta colosal estafa a la República pasará por debajo de la mesa?
Fuente:http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=42382&secid=44#
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