EN VENEZUELA ¿GATO POR LIEBRE?

Ante la denuncia más recientemente realizada por miembros de la oposición contra el Ministro de Energía y Minas, y también Presidente de la empresa del Estado Petróleos de Venezuela Rafael Ramírez , en virtud de una alocución pública difundida mediante un video, más allá de establecer aquí consideraciones jurídicas sobre la autenticidad de la prueba expuesta, o sobre su viabilidad o legalidad procesal, si debemos exponer públicamente nuestra humilde opinión sobre el bochornoso asunto.

Creemos responsablemente, que lo más grave que ha ocurrido, por causa de está denuncia, es que el Ministro en cuestión, en su doble condición de Presidente de la Empresa más poderosa del Estado, y de Ministro de Energía y Minas, reconoció públicamente haber despedido sin que le temblara el pulso a 19.500 trabajadores de la empresa petrolera nacional, por razones políticas, por no apoyar a "la revolución"; lo que implica que en Venezuela "impunemente" se persigue y se discrimina a los ciudadanos por razones políticas, y esto es inaceptable, y debería causar la indignación y repudio colectivos de todo el país, por ser un crimen flagrante contra los ciudadanos venezolanos, pero también porque es inmoral, y anti ético, que un funcionario público en funciones, que es un empleado de toda la nación, abuse de su cargo, de su investidura, de su condición privilegiada, para atropellar y violar los derechos de los trabajadores conciudadanos que tiene bajo su jefatura y dirección. Esto es gravísimo, porque nadie está autorizado por la ley para violarla, cualquiera sea su condición o jerarquía política, por muy encumbrado o apoyado que se sienta y considere.

El Ministro Rafael Ramírez ha quedado ante su pueblo y ante el mundo, como un abusador, como un delincuente flagrante, un violador de derechos humanos, civiles y políticos consagrados en la Constitución Nacional, pero también, como violador de derechos humanos consagrados en Tratados y Convenios Internacionales aceptados y firmados por la República Bolivariana de Venezuela. Esto lo convierten en convicto y confeso de delitos que lo develan como lo que es, un “servil mercenario de la revolución”, puesto allí para ejecutar las órdenes del líder del proceso revolucionario, en detrimento de los derechos del resto de la sociedad que ha establecido reglas, normas y leyes que deben cumplirse a todo evento, para garantizar el estado de derecho y la convivencia pacífica. Argumentar artificio y pretextos para justificar la violación de la ley por parte de funcionarios públicos que son “temporales”, en detrimento de la estabilidad general del colectivo, podría ser suicida, por instigar a delinquir al resto de los ciudadanos, quienes estarían en su derecho de rebelarse legítimamente contra los infractores flagrantes de las leyes, o lo que es peor, se creerían también inautorizados también para violarlas; esto conduciría hacía el establecimiento de un caos general, lo cual sería mortal para la República democrática.

Por eso es incomprensible ante la gravedad de los hechos denunciados, las reacciones del Vicepresidente de la República, quien ha declarado a la prensa prácticamente, que lo que ha hecho el Ministro cuenta con el aval del gobierno; ¡tamaña injusticia!, es respaldada por él Vicepresidente, quien era un denunciante de cuanta violación de derechos había en el pasado; esto es muy grave, porque se está convalidando el delito como mecanismo de competencia política en Venezuela; entonces, será que desean que la lucha política civilista y democrática se convierta peligrosamente en una disputa irracional, antijurídica e ilegal por el poder, para lograr decidir quien administra y controla la botija petrolera. De ser así, lamentablemente vemos venir muchas nubes negras; anunciamos que vendrán tiempos muy borrascosos para la estabilidad de la nación, porque dudamos que el resto de la población permita que sus funcionarios los atropellen impunemente, sin que traten de defenderse legítimamente de los abusos de un régimen, que pretende oprimirlos violando la Constitución y sus derechos, justificándose en la misma Ley para sostenerse impúdicamente en el poder. Así sencillamente cualquier cosa puede ocurrir, porque sin leyes y sin su acatamiento general no podrá haber estabilidad, ni gobernabilidad, ni nada bueno para el país. La Ley es y debe ser sagrada para todos, “dura es la Ley pero es la Ley “ y punto; lo demás son pretextos mal sanos, que engendrarán el odio y la confrontación fraticida sin causa justificable. La ley se hizo para cumplirla y el primero que debe cumplirla y hacerla cumplir es el Presidente de la República y su gobierno, si es que desea realmente la paz de la nación.

El Ministro está protegido por el Presidente de la República quien lo ha investido de autoridad para violar así los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos consagrados en la Constitución Nacional, es decir, el Derecho al trabajo, a elegir libremente a que pensamiento o ideología afiliarse, o simplemente inclinarse; a decidir si se está o no de acuerdo con un presidente, en fin, el derecho legítimo que cualquier ciudadano tiene de expresar su parecer, su libre opinión. Ha quedado desnudo el régimen "autocrático" de Hugo Chávez ante el delito que está cometiendo su Ministro, él es el responsable directo de esos crímenes porque él es el jefe del poder ejecutivo, el jefe del estado y del gobierno, y su Ministro cumple sus órdenes y las ejecuta eso es lo grave; que está convicto y confeso ante el país y ante el mundo; por lo que si estuviera en un país en donde existiera un verdadero estado de derecho y funcionaran eficazmente las instituciones democráticas, debería renunciar o ser destituido enjuiciado y condenado a prisión, por encontrarse en flagrancia.

Se pondrán ahora a prueba la solvencia e imparcialidad del garante del cumplimiento de la Ley, del Fiscal General de la República, del Ministerio Público, de Isaías Rodríguez, muy diligente para perseguir, enjuiciar y encarcelar a los opositores disidentes del régimen; la probidad del Tribunal Supremo de Justicia; así como la imparcialidad de los Rectores del Consejo Nacional Electoral, quienes tienen la obligación de sancionar los excesos de los funcionarios públicos que intervengan indebidamente en campañas electorales. Por cierto les preguntamos a todos los venezolanos: ¿En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela existe o está contenido en algún artículo el término revolución, o el concepto de gobierno revolucionario? Se los pregunto porque el gobierno de su país se anuncia en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, al difundir toda clase de mensajes publicitarios que lo promocionan, como el "gobierno revolucionario"; y se ufanan de estar llevando adelante "una revolución democrática pero armada". Hemos estudiado y revisado a fondo la Constitución Nacional y no existen esos términos o conceptos; no están contenidos, no están consagrados en ninguna parte del texto constitucional, se los aseguro responsablemente; esos términos está siendo usados de forma ilegítima e ilegal porque la Constitución ni siquiera los menciona por ninguna parte.

La Constitución De la República Bolivariana de Venezuela, establece y consagra son los conceptos de “gobierno democrático” y los principios democráticos generales universalmente conocidos, los derechos de participación política y alternabilidad, etc. ¿Será democrático lo que ha hecho el Ministro quien representa al ejecutivo, al presidente?. Más aún, ¿será lícito, legal y legítimo autoproclamarse como gobierno revolucionario que ejecuta o realiza una revolución, cuando no se encuentran estos términos consagrados en la Constitución Nacional? ¿Cómo es que un Presidente sin consultar al pueblo en referéndum, ni previa reforma legal constitucional realizada por La Asamblea Nacional órgano legislativo facultado para ello, se autoproclama jefe de un gobierno revolucionario que no existe legalmente?, ¿Cómo es que se atreve a anunciarse inescrupulosamente, que en Venezuela existe una revolución cuando el pueblo no ha votado para consagrarla legalmente en el texto Constitucional y peor aún como es que osa sostenerla e implementarla? .Con todo respeto, pero diera la impresión de que a los venezolanos les están "metiendo gato por liebre", les están imponiendo tácitamente algo que jamás han aprobado "por ahora". ¿Será que en diciembre votarán los venezolanos para convalidarla, luego de que el gobierno se las ha venido implementando sin su autorización?