EL cambio climático es el desafío más importante del siglo XXI. Será tema central de la próxima Asamblea General de la ONU y compromiso de todos los estados.
En Venezuela se realizará en noviembre la Reunión Anual de la Federación de Movimientos Verdes de las Américas, oportunidad para el Movimiento Ecológico Venezolano haga un seminario internacional denominado Desafío de los Verdes de América al cambio climático. Desde el 2005 esta ONG venezolana ha adelantado proyectos y estudios ambientalistas. Es un imperativo proteger, conservar y defender la naturaleza, recuperar el equilibrio ambiental.
Participaré la próxima semana junto con académicos de varios países invitado por la Universidad de Ginebra a inaugurar su instituto sobre el medio ambiente. Trataré el tema de los aspectos diplomáticos y jurídicos de la ecología en América Latina y el Mercado del Carbono dentro del compromiso del Protocolo de Kyoto, igualmente expondré la experiencia del Proyecto de la UBA y su centro Cimavida relacionado al impacto ambiental del lago de Valencia.
Después de las Conferencias de Estocolmo en 1972 y de Río de Janeiro en 1992, en nuestra región se ha desarrollado un proceso de constitucionalización del Derecho Ambiental y la promulgación de leyes con creación de comisiones nacionales y ministerios. La normativa jurídica permite aplicar políticas para la protección de los recursos naturales como el suelo, el agua y la atmósfera, la vida silvestre con la conservación y el uso racional. Todos aceptan el deber de los estados y la sociedad con la naturaleza. En casi todas las constituciones, el ambiente es considerado como un derecho humano. La Constitución argentina de 1994, afirma como deber del Estado la protección de los derechos de sus habitantes, la proporción del uso racional de los recursos naturales, la defensa de la herencia cultural y la diversidad biológica. La de Brasil de 1988, establece el derecho de todos los ciudadanos a su medio ambiente, con la imposición al poder público y a la colectividad de cuidar del mismo para beneficio de todos. La colombiana de 1991, obliga a proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para estos fines, prevenir y controlar los factores de su deterioro, vigilar los ecosistemas de las zonas fronterizas. En Chile, la Constitución de 1980, crea restricciones a ciertos derechos para proteger la naturaleza. En Panamá desde 1972 por primera vez en una Constitución latinoamericana, se responsabiliza al Estado por la protección del medio ambiente.
La Constitución Bolivariana de Venezuela en los artículos 127 al 130 establece el derecho y el deber de todas las generaciones de proteger y mantener el ambiente en beneficio propio y de futuras generaciones con la promoción del desarrollo sustentable y la prohibición de la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, con la conceptualización del ambiente antropocentrista. Igualmente la Ley Orgánica del Ambiente, de diciembre del 2006, recoge una de las normativas más avanzadas en esta materia en América Latina.
Los países desarrollados tienen una gran responsabilidad en el calentamiento del planeta y una gran deuda ecológica con el mundo en desarrollo, por eso, ha surgido el Mercado del Carbono para disminuir el efecto invernadero, factor esencial en el cambio climático. Permite negociar unidades representativas de emisiones contaminantes por la compra de absorción de carbono en proyectos ecológicos en nuestros países, incluyendo los bio-combustibles. Por el Protocolo de Kyoto, los países industrializados deben reducir sus emisiones de gases contaminantes en un 5.2% de los niveles de 1990. Así ha surgido el mercado global de comercialización de permisos y/o créditos de carbono con los mecanismos para un desarrollo limpio, con beneficios reales y duraderos. Venezuela podría participar en este intercambio como lo ha hecho Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú. Se estima en 210.6 millones de dólares las negociaciones en América Latina para reducir 55 millones de toneladas equivalentes de Dióxido de Carbono. Tanto el Gobierno como las empresas y los individuos pueden entrar en este mercado de bonos de carbono.
El presidente Lula, en la gira que realiza por Europa se ha referido a estos temas, en Nueva York todas las cancillerías dejarán oír su voz al reunirse el organismo mundial.
Como decía VIctor Hugo: "Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre, ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza".
Fuente:www.eluniversal.com jcpineda@cantv.net
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