POR: CASTO OCANDO
Foto: C.M. Guerrero/El Nuevo Herald
Bienvenido Jorajuria.
Bienvenido Jorajuria.
Cuando ya no pudo entrar más a la finca familiar La Quinta, ubicada en la fértil región de Yaracuy, en el centro norte de Venezuela, el productor agrícola de origen cubano Bienvenido Jorajuría experimentó una sensación de frustración.
Los terrenos fueron confiscados por el gobierno a mediados de este año, a pesar de estar en plena producción, después que los invadieron campesinos armados con apoyo de la Guardia Nacional.
Los terrenos fueron confiscados por el gobierno a mediados de este año, a pesar de estar en plena producción, después que los invadieron campesinos armados con apoyo de la Guardia Nacional.
La noticia de la expropiación vino de una forma inesperada: durante un programa Aló, Presidente, el propio Hugo Chávez anunció que la propiedad de los Jorajuría sería distribuida entre un grupo de cooperativistas bolivarianos.
En realidad, la mayoría de estos cooperativistas eran hijos de antiguos trabajadores de la finca.
Era la segunda vez que le expropiaban tierras de la familia. La primera vez ocurrió en 1960, cuando la finca familiar Menéndez, en Martí, sobre la costa norte de Matanzas, pasó a manos del Estado después de un juicio relámpago a los hermanos Antonio y Bienvenido Jorajuría.
La finca producía caña de azúcar y sal.
''Mi padre se salvó por un milagro de que lo fusilaran porque lo acusaron de contrarrevolucionario y perdió los terrenos que había trabajado toda su vida'', dijo Bienvenido junior, de 54 años, en una conversación con El Nuevo Herald en su recién alquilada casa de Kendall.
''Ahora la historia se repite conmigo'', acotó Jorajuría, que llegó con su familia a Miami hace un mes huyendo de amenazas de los invasores de sus tierras en Venezuela.
El caso de Jorajuría es apenas uno de entre miles de productores agropecuarios venezolanos y extranjeros que han perdido enormes extensiones de terrenos productivos en Venezuela y han tenido que salir del país a consecuencia de la reforma agraria de tipo socialista que desarrolla el gobierno chavista con asesoría cubana.
Decenas de productores españoles e italianos han perdido sus propiedades. Unos pocos logran que el gobierno los compense parcialmente, pero la cifra nunca llega a los avalúos.
Casi desde el principio del gobierno de Chávez, en 1999, los productores venezolanos que poseían grandes extensiones de terrenos dedicados a la siembra o la cría de ganado sufrieron presiones.
Por una parte debieron enfrentar un número cada vez mayor de invasores estimulados por el oficialismo, dispuestos a tomarse la justicia por su mano, contra productores que consideraban terrófagos y oligarcas.
Por otra parte, tenían que responder a las exigencias oficiales para demostrar que realmente eran propietarios originales de las tierras que explotaban.
''Nos obligaron a demostrar con documentos el carácter privado de la propiedad desde 1850'', dijo Adivi Ahmad, esposa de Bienvenido, que heredó parte de las tierras de La Quinta, adquiridas por su padre en 1947.
''Encontrar estos documentos fue extremadamente difícil por el desorden que reina en los registros públicos en Venezuela'', relató Adivi a El Nuevo Herald.
La esposa de Bienvenido dijo que se demoró seis meses y le costó unos $500 recabar y consignar la documentación, pero al poco tiempo los papeles se ''extraviaron'' en el despacho oficial encargado.
''Era una táctica dilatoria'', opinó Adivi. ``Al final lo que quieren es acabar con la propiedad privada y controlar los medios de producción, siguiendo el modelo cubano''.
La historia de los Jorajuría ilustra lo que han experimentado familias de origen cubano dedicadas a la producción agropecuaria en Venezuela.
Cuando la familia se vio obligada a salir de la isla en 1960, su primer destino fue el estado Yaracuy, en Venezuela.
''Teníamos familiares y amigos cubanos que trabajaban en la siembra de la caña de azúcar'', recordó Bienvenido hijo. Durante un año trabajó en el central azucarero Matilde, en Yaracuy, que presidía Fermín Rodríguez, un cubano que había llegado antes a Chivacoa, una fértil zona azucarera en el centro venezolano donde estaba el central.
De Venezuela la familia viajó a Nueva York y luego a Hialeah, donde vivieron 17 años.
Cuando Bienvenido se casó con la venezolana Adivi dejó Miami para volver a la actividad agropecuaria en Venezuela en 1982.
Al año siguiente ya estaba produciendo caña de azúcar, maíz, tomate y criando ganado para producir carne y leche.
Durante 24 años desarrolló una red de contactos con financistas y clientes para colocar sus productos y prosperar.
La finca avanzaba a paso firme aunque ''siempre teníamos la amenaza de los invasores, sobre todo en época de elecciones'', recordó Bienvenido. ''Pero se respetaba la ley'', acotó.
Cuando llegaron los chavistas las cosas cambiaron radicalmente.
''Los chavistas tenían mucho poder y querían apropiarse de las tierras ajenas para destruir la propiedad privada'', se quejó Adivi, la esposa de Bienvenido, especialista en relaciones internacionales.
De hecho, la expropiación de fincas y haciendas ha permitido a grupos de campesinos organizados en cooperativas establecerse en una gran cantidad de tierras sembradíos propios, con apoyo logístico y financiero del Ministerio de Agricultura y Tierras.
El decreto presidencial 3408, por ejemplo, permite a los campesinos organizarse ``para eliminar de forma progresiva el latifundio en las zonas rurales del país e incorporar a los grupos de población y comunidades organizadas''.
Pero las invasiones ha generado también un efecto indeseable: ha reducido sensiblemente la producción de rubros como caña de azúcar, maíz, cereales y leche, contribuyendo a la escasez de alimentos que este año ha golpeado notablemente a los consumidores venezolanos.
''Las reforma agraria chavista ha colapsado la producción de azúcar'', aseguró Pedro Pablo Alcántara, dirigente del partido político opositor Un Nuevo Tiempo y ex diputado de la Asamblea Nacional que presidió la comisión parlamentaria de Agricultura y Tierras.
Según Alcántara, hasta ahora se han perdido más de 16,000 hectáreas sembradas de caña de azúcar a causa de las invasiones en todo el país.
Unas 400 de estas hectáreas pertenecían a la finca de Vladimir Rodríguez, nieto del cubano Fermín Rodríguez, en el municipio Veroes, el más azucarero del estado Yaracuy.
''Cuando llegó Chávez en 1999 producíamos 35,000 toneladas anuales de caña de azúcar'', dijo Rodríguez, que llegó a Miami con toda su familia después que un grupo de invasores lo ''expulsó'' de sus propios terrenos bajo amenaza de muerte.
En el 2007, después de varias invasiones sistemáticas, dijo Vladimir, ``no pude cosechar nada''.
''Y la finca [está] totalmente perdida, improductiva'', apuntó Rodríguez, quien espera que el gobierno le reconozca el valor de los bienes confiscados. También ha apelado a su condición de descendiente de cubano para acogerse al beneficio de la ley de ajuste cubano en Miami.
El productor dijo que tras la expropiación los cooperativistas ''sembraron en muy pequeña escala'' y ''perdieron las cosechas por el manejo inapropiado de las inundaciones''. Actualmente, la finca está totalmente improductiva y el gobierno no ha compensado el costo de la maquinaria y la infraestructura de la finca, cuyo proceso de expropiación no ha concluido.
Según cifras de la Federación de Productores Agrícolas (Fedeagro), hasta ahora unas 2 millones de hectáreas han sido intervenidas y confiscadas y apenas unas 33,000 hectáreas siguen en producción.
''De 14 millones de cabezas de ganado, hemos bajado a 10 millones por razones de inseguridad y falta de estímulo'', dijo Rafael Marcial Garmendia, ex presidente de Fedecámaras y productor pecuario, cuya finca de 5,000 hectáreas en el estado Lara ha sido intervenida parcialmente.
Garmendia aseguró que actualmente ``no hay ninguna finca de las intervenidas que esté produciendo igual que antes''.
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