POR:CASTO OCANDO
El Nuevo Herald.Un nuevo e inesperado método de presión podría ampliar el cerco del gobierno venezolano contra opositores y sectores de la clase media de Venezuela, que se oponen a las políticas chavistas: la revisión de cuentas bancarias privadas.
De acuerdo con documentos y decisiones oficiales recientes, funcionarios del gobierno chavista están buscando reunir información detallada de personas con cuentas, tarjetas de crédito u otros instrumentos financieros que movilicen cantidades superiores a los 200,000 bolívares fuertes (alrededor de $93,000 al cambio oficial) mensuales.
Adicionalmente, el gobierno quiere saber detalles de las operaciones de movimientos financieros realizados entre enero del 2005 y diciembre del 2007 por la misma cantidad, una decisión que algunas entidades financieras están viendo con preocupación.
La petición, que no es nueva, podría ser revocada por las nuevas autoridades financieras nombradas esta semana por el mandatario venezolano. Sin embargo, en los últimos dos años el gobierno mostró su intención de procesar datos de cuentahabientes con movimientos superiores a los 400,000 bolívares fuertes.
Entre las personas cuyas cuentas bancarias el gobierno quiere investigar está el disidente general Raúl Baduel, ex ministro de la Defensa y crítico del gobierno chavista, cuya influencia en el sector militar venezolano es motivo de preocupación de la administración del presidente Hugo Chávez.
Según un comunicado firmado en mayo pasado por el Superintendente de Bancos (SUDEBAN) Trino Alcides Díaz, considerado un marxista radical, dirigido a todos los bancos y entidades financieras, se solicitó que envíen a la agencia tributaria del país, el SENIAT, "un listado de clientes que presenten saldos mensuales en montos superioreS a 200,000 bolívares fuertes en los distintos instrumentos financieros tales como cuentas corrientes, de ahorro, fondos de activos líquidos, tarjetas de crédito y cualquier instrumento movilizable mediante chequera o tarjeta electrónica''.
La exigencia incluye además "el número de cédula o registro de información fiscal (FIR), las fechas y montos de las transacciones superiores a 200,000 bolívares fuertes, y los saldos a cierre de cada mes''.
La medida podría ser revocada debido a la salida de Trino Díaz de SUDEBAN.
"Este requerimiento viola el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de nuestros clientes'', cuestionó el banquero Oscar García Mendoza, presidente del Banco Venezolano de Crédito, y abierto opositor al gobierno chavista.
Según García Mendoza, el gobierno podría ampliar su exigencia de información confidencial, lo cual "puede exponer a nuestros clientes a riesgos innecesarios, pues no hay garantías que una vez entregada la información ésta sea debidamente salvaguardada'', según escribió en un comunicado dirigido a los clientes del banco el 28 de mayo pasado.
Una lista de personas con capacidad financiera podría filtrarse al público y crear problemas de secuestros, advirtió el economista independiente Orlando Ochoa.
"Aquí todas las bases de datos con información sensible se venden y se expone al secuestro a gente con estos recursos'', indicó Ochoa.
La información también podría ser utilizada para presionar a adversarios políticos.
Esta semana, la Superintendencia remitió un memorando a todas las entidades bancarias y financieras para que informen sobre "la relación de las cuentas bancarias que aparezcan reflejadas en esa entidad bancaria, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o instituto, a nombre del ciudadano Raúl Isaías Baduel'', y detalla que la información debe ser enviada a la Fiscalía Militar Tercero Nacional, donde se le sigue una causa al ex ministro de Defensa.
La investigación de las cuentas bancarias de Baduel forma parte de un procedimiento solicitado por la diputada chavista Iris Varela, que acusó en abril pasado al general retirado de vínculos con narcotraficantes, y de recibir dinero de la National Endowment for Democracy (NED), un organismo patrocinado por el congreso norteamericano.
Varela dijo que Hermágoras González, acusado de narcotraficante y actualmente detenido, recibió $2 millones en septiembre de 2007 por parte del NED, mientras que Baduel recibió $1.22 millones dos meses después por el mismo organismo norteamericano.
La parlamentaria aseguró tener pruebas que demuestran la conexión entre Baduel y el narcotraficante, entre ellas, un recibo bancario de noviembre de 2007 por más de $1 millón que González presuntamente depositó a Baduel en una cuenta personal.
El ex ministro de la Defensa y fuerte opositor al presidente Chávez calificó la denuncia como una "tramoya'' para coaccionarlo a bajar el tono de sus denuncias o a desistir.
En la actualidad, Baduel encabeza las encuestas de los candidatos a gobernador del estado Aragua, desde cuyo fuerte militar ayudó a Chávez a recuperar la presidencia en abril del 2002.
"Así como algunos diputados y diputadas, validos de su inmunidad parlamentaria, hacen temerarias acusaciones, sin importar los sustentos ni el curso que puedan tomar, eso no me amilanará. Eso será una motivación para seguir luchando por la democracia'', dijo Baduel en una declaración.
Entradas
.png)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario