Manifestantes rodean el Parlamento argentino por el conflicto agrario
El Gobierno argentino retoma las conversaciones con el campo aunque se mantienen las discrepancias.- El Congreso estudia el proyecto de Ley que ha motivado las huelgas de los últimos tres meses
La sede del Parlamento argentino ha quedado rodeada hoy de manifestantes a favor y en contra de los impuestos a las exportaciones de granos, medida que mantiene enfrentados desde hace varias semanas al Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al sector agropecuario.
Los manifestantes que apoyan las reivindicaciones de los producores agrícolas y piden reducir la presión fiscal sobre el sector montaron un campamento en la plaza situada frente al edificio del Legislativo, donde distintas agrupaciones oficialistas ya habían instalado seis carpas. Si bien las acampadas fueron organizadas por sectores antagónicos y sus protestas quedaron a pocos metros de distancia, hasta ahora no se han registrado incidentes, aunque las concentraciones provocaron grandes complicaciones de tráfico en el centro de Buenos Aires.
Los manifestantes que apoyan las reivindicaciones de los producores agrícolas y piden reducir la presión fiscal sobre el sector montaron un campamento en la plaza situada frente al edificio del Legislativo, donde distintas agrupaciones oficialistas ya habían instalado seis carpas. Si bien las acampadas fueron organizadas por sectores antagónicos y sus protestas quedaron a pocos metros de distancia, hasta ahora no se han registrado incidentes, aunque las concentraciones provocaron grandes complicaciones de tráfico en el centro de Buenos Aires.
Quienes instalaron las carpas prometen permanecer allí mientras el Parlamento debata un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo con el propósito de ratificar la escala de impuestos progresivos sobre las exportaciones de cereales decidida en marzo.
Esto se produce después de que representantes del Gobierno y del sector agropecuario retomaran el diálogo interrumpido hace un mes, aunque el encuentro sólo ha servido para dejar claro que continúan las discrepancias sobre los impuestos que gravan la exportación de grano, que desató el conflicto entre el campo y el Gobierno el pasado 11 de marzo.
Después de que los productores rurales levantaran el viernes la cuarta huelga comercial en tres meses, la presidenta Fernández ha recibido en su despacho a los dirigentes de las cuatro patronales del campo. Ambas partes han destacado la importancia de haber recuperado el diálogo, pero mientras el Gobierno se ha mostrado más optimista y ha calificado el encuentro como "positivo", el campo ha sido más cauto a la hora de evaluar los resultados de la reunión.
"Hay que valorar que se haya reanudado el diálogo, algo que viene a interrumpir un proceso de confrontación. Se ha reconstituido una instancia de democracia, con discrepancias, pero con respeto. Es importante decirnos las cosas a la cara", ha declarado el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi.
En la reunión no se ha llegado a ningún acuerdo ni compromiso, solo se ha producido una invitación de la presidenta al campo para sumarse a los "acuerdos del bicentenario" y la expectativa de los dirigentes para que el jefe de gabinete, Alberto Fernández, les vuelva a convocar a la mesa de diálogo agropecuario, que se rompió el pasado 26 de mayo. Aunque desde marzo, los productores rurales han llevado a cabo cuatro huelgas que han consistido principalmente en no enviar a los mercados granos con destino a la exportación, además de instalar bloqueos de carreteras que han derivado en desabastecimiento y encarecimiento de combustibles y alimentos.
Mientras el jefe de gabinete ha asegurado en una rueda de prensa que en la reunión no se habló de las retenciones, los dirigentes rurales han señalado que volvieron a pedirle a la mandataria que suspenda el esquema tributario. "La presidenta hizo una fuerte defensa constitucional (de las retenciones) y señaló que es ahora el Congreso el que decide", aseguró Buzzi.
Consulta en el Congreso
El nuevo proyecto de ley que incluye los impuestos a las exportaciones de soja, girasol, maíz y trigo ha comenzado a analizarse hoy en el Congreso (después de que Fernández lo enviara el pasado martes al Parlamento), por donde desfilaron dirigentes rurales y gobernadores de las provincias agropecuarias.
Hoy, la presidenta ha exhibido estadísticas de la Aduana que revelan que en los primeros cinco meses del año los ingresos por exportaciones de granos y alimentos procesados registraron un alza interanual del 28 por ciento, con saltos mucho mayores para la soja, la harina de trigo y el aceite de girasol, en un período en el que las entidades estaban en plena protesta.
"La presidenta les dijo (a los dirigentes rurales) que veía con cierto pesar estos datos (de la Aduana), porque corroboran que se siguió exportando y los argentinos sufríamos el desabastecimento de comida y combustibles", comentó el jefe de gabinete.
Buzzi discrepó con la visión de la presidenta en este punto y señaló que los datos de la Aduana presentados así "intentan poner a la protesta agropecuaria como si fuese dirigida hacia los argentinos".
El titular de las Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, sostuvo que la huelga comercial "no fue contra el interior de Argentina" y explicó que "lo que pasó es que había bastantes granos que ya estaban en los puertos (antes del inicio del conflicto) y se exportaron".
"Uno tiene la sensación de que está por empezar el partido, de que salimos a la cancha y todos estamos dispuestos a jugar bien, pero todavía falta jugar el partido. Y esos noventa minutos significan arreglar los problemas que tiene el campo argentino y entender que lo que reclama el campo es crecer", añadió Llambías.
Argentina es el primer exportador mundial de girasol, el segundo de maíz, el tercero de soja y el cuarto de trigo, y ocupa también puestos de relevancia en el comercio global de derivados (aceites y harinas) de estos granos.
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