"UN PAÍS DE SAPOS"
El New York Times publica este martes un análisis sobre la Nueva Ley de Inteligencia y Contrainteligencia decretada la semana pasada por el Presidente Chávez.
“Este es el esfuerzo más escandaloso que ha hecho el gobierno para intimidar a la población en estos últimos 10 años,” dijo Rocío San Miguel, mientras que Rosa Mármol de León, miembro del TSJ, dijo que “Este es un paso adelante en la creación de una sociedad de informantes.”
Argumenta el NYT que la nueva ley, redactada y aprobada a puertas cerradas, tienen aspectos similares a la Ley Patriota de los Estados Unidos pero que también “… tiene influencias de Cuba, el aliado más importante que tiene Venezuela, en materia de inteligencia. Por ejemplo, el uso de grupos sociales de monitoreo para apoyar la labor de recopilación de información de inteligencia es muy parecido al uso que le dan en Cuba a los Comités de Defensa de la Revolución (CDRs) para reportar actividades antigubernamentales.”
Este es el artículo completo traducido por Noticiero Digital.
El Presidente Hugo Chávez realizó por decreto un cambio significativo en las agencias de inteligencia del país, lo que ha provocado un fuerte rechazo de grupos defensores de los derechos humanos así como juristas que dicen que la medida obligará a los ciudadanos a informar sobre otros ciudadanos para evitar la prisión.
Bajo a nueva ley, que comenzó a regir la semana pasada, las dos agencias de inteligencia del país, la DISIP (policía secreta) y la DIM, la Dirección de Inteligencia Militar, serán reemplazadas por dos nuevas agencias, la Oficina General de Inteligencia y la Oficina General de Contrainteligencia, ambas bajo el control del Presidente Chávez.
“La nueva ley obliga a los ciudadanos a ayudar a las nuevas agencias de inteligencia, la policía secreta o grupos vecinales afectos a Chavez. El no cumplimiento puede resultar en prisión de 2 a 4 años para la mayoría de las personas y 4 a 6 años para empleados del gobierno.”
“Tenemos frente a nosotros una serie de medidas que son una amenaza para todos”, dijo Blanca Rosa Mármol de León, miembro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un documento público de oposición a la Ley.”Yo tengo la obligación de decirlo, como ciudadana y como juez. Este es un paso adelante en la creación de una sociedad de informantes.”
Estos cambios reflejan un esfuerzo del Presidente Chávez para lograr mayor control sobre las instituciones públicas al tiempo que enfrenta amenazas políticas luego de la dolorosa derrota en diciembre que habría expandido sus poderes.
Chávez, que ha insistido que la derrota no afectará sus ambiciones de transformar a Venezuela en un Estado Socialista, dijo que la nueva ley garantizará “la seguridad nacional” y protegerá al país contra “ataques imperialistas.”
Chávez acusó a los críticos de la ley de ser agentes del “imperio”, refiriéndose a los Estados Unidos.
El objetivo de la ley, de proteger a Venezuela, está enmarcado dentro de una historia de enfrentamientos entre Caracas y Washington, que comenzó con el apoyo tácito de la administración de Bush al golpe de estado contra Chávez en el 2002.
Recientemente, Venezuela ha denunciado amenazas militares de Estados Unidos, apuntando a una reciente violación del espacio aéreo venezolano por parte de un avión militar estadounidense y a la reactivación de la Cuarta Flota para patrullar las aguas de Latinoamérica y el Caribe.
Este domingo, Chávez acusó a los críticos de la ley de ser defensores de la administración Bush y de la Ley Patriota, una ley antiterrorista que permite a las agencias de seguridad monitorear comunicaciones electrónicas y telefónicas.
La nueva ley de inteligencia del presidente Chávez tiene características similares. Por ejemplo, autoriza a agencias de inteligencia a usar cualquier método técnico para interceptar y obtener información.
Pero la nueva ley también tiene influencias de Cuba, el aliado más importante que tiene Venezuela, en materia de inteligencia. Por ejemplo, el uso de grupos sociales de monitoreo para apoyar la labor de recopilación de información de inteligencia es muy parecido al uso que le dan en Cuba a los Comités de Defensa de la Revolución (CDRs) para reportar actividades antigubernamentales.
“Esto es una política al puro estilo cubano”, declaró Juan José Molina, diputado por Podemos, un partido que se distanció de la coalición de Chávez el año pasado. “Nuestros gobernantes nos quieren imponer un viejo modelo.”
El ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, anunció la semana pasada los cambios, diciendo que eran necesarios para combatir “las interferencias de los Estados Unidos” al permitir que los miembros de las agencias de inteligencia tengan un “compromiso ideológico.”
Este lunes, sin embargo, Rodriguez Chacín bajo el tono, diciendo que la ley no produciría intimidación política o restricciones a la libertad de expresión. “Estamos hablando de la responsabilidad de todos los venezolanos con la seguridad del Estado y la solución de cualquier crimen”, dijo.
La redacción y aprobación de la ley fue hecha a puertas cerradas, sin una discusión pública que se hubiera realizado si Chávez la envía a la Asamblea Nacional, algo que contribuyó a aumentar las protestas y las suspicacias.
Un aspecto de la ley, que explícitamente obliga a jueces y fiscales a cooperar con los servicios de inteligencia, ha generado mucha preocupación entre abogados y expertos legales, que ya estaban alarmados por el deterioro de la independencia del poder judicial bajo Chávez.
Aunque el lenguaje es vago, expertos legales dicen que la idea es clara: Las personas que trabajan con la justicia, incluyendo jueces, están obligados a colaborar activamente con las agencias de inteligencia en lugar de servir como un contrabalance a sus actuaciones.
“Este es un gobierno que simplemente no cree en la separación de poderes,” dijo José Miguel Vivanco, Director para las Américas del Human Rights Watch, una ONG de derechos humanos ubicada en Nueva York. “Tienes aquí a un presidente legislando por decreto que los jueces deben fungir de espías para el gobierno.”
Oponentes a Chávez han explicado el porqué el presidente escogió este momento para realizar el cambio, con un gobierno luchando con problemas económicos como una inflación en aumento y una disminución del crecimiento económico, a pesar que el precio del petróleo, el alimento fundamental de la economía venezolana, a alcanzado niveles históricos.
“Aun dentro del movimiento bolivariano, esta ley impondrá purgas al estilo soviético y cubano, que permitirá acusar a los disidentes de espías, de traidores o agentes del imperialismo”, dijo El Nacional en un editorial reciente, terminando con las palabras: “Da asco”. [Se refiere al editorial del sábado 31 de mayo Paso dictatorial).
De alguna manera los cambios hechos solo afinarán el control que tiene Chávez sobre las agencias de inteligencia. Su gobierno ha usado el registro de votantes para purgar a empleados considerados desleales al presidente que se encuentran en las agencias de inteligencia y en otras partes del gobierno.
Varios activistas de derechos humanos estudiaban este lunes maneras para apelar la ley, pero no está claro si lo puedan lograr. “Este es el más escandaloso esfuerzo para intimidar a la población en estos últimos 10 años,” dijo Rocío San Miguel, una experta legal que dirige una ONG que monitorea temas de seguridad y defensa.
San Miguel dijo que su organización tiene información que podría ser considerada ilegal bajo la nueva ley. Esta ONG tiene información de fuentes militares que muestran que los esfuerzos de Chávez para crear una milicia de un millón de personas no han sido suficientes.
“Bajo la nueva ley, esta información puede ser considerada como una amenaza a la seguridad nacional y yo podría ser enviada a la cárcel”, dijo.
“Efectivamente esta es una manera de instaurar miedo en ONGs y medios de información, y en sectores de la sociedad que no están bajo la influencia del gobierno.”
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