POR:EDUARDO BATTISTINI.
Se están diseñando leyes para callar las voces de quienes denunciamos la realidad
Se están diseñando leyes para callar las voces de quienes denunciamos la realidad
La semana pasada se estrenó la novísima Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, como decreto-ley promulgado por el señor Presidente, con la única función de imponerle a la disidencia un camino legal para silenciarla. Esta ley no sólo incentiva la persecución política sino que subjetiviza la actuación de la justicia, ya que abre una amplia ventana para acusar de traidor a cualquier venezolano que -según el Gobierno- ponga en peligro con alguna declaración, comentario o simple postura a "la seguridad de la nación".
Los venezolanos imaginábamos que el último episodio de terror y persecución estatal sobre la ciudadanía había desaparecido con la caída de Pedro Estrada y todo el aparataje de la temida Seguridad Nacional. Pero ahora vemos cómo de la mano del señor Presidente nace un nuevo esbirro al mando de las bandas de represión política, prevalido de una nueva ley: Ramón Rodríguez Chacín.
Qué tristeza que en un país donde la delincuencia anda suelta y de su cuenta, donde los homicidios son el pan nuestro de cada día, donde la pobreza cada día lidera el ranking de nuestro pueblo, en ese país se estén diseñando instrumentos para acallar a las voces que denunciamos estas realidades, y se pretenda coartar la libertad de expresión, denuncia y pensamiento.
Señor Presidente: en vez de hacer decretos ley de este corte, agilice el Decreto Ley de Seguridad Social, que tanta falta le hace al trabajador venezolano. No crea que en los barrios la gente come con la "inmaculada" revolución. La gente come con trabajo, sudor y esfuerzo. Deje de jugar al paranoico espía. Dedíquese a gobernar y a solucionar los problemas. Recuerde que sus días en Miraflores están en cuenta regresiva.
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4 comentarios:
No se le ha prestado mucha atencion a la fulana ley y es verdad, es solo un mecanismo legal para justificar el "apartheid" y persecucion que sufre la gente con "cerebro" en Venezuela. Es la ley del terror, la ley del que no tiene razon, lamentablemente mientras no exista una oposicion con liderazgo, ideas y union ,este satrapa de siglos pasados seguira transformando a Venezuela en Cubazuela, corregida y aumentada gracias a Don Petroleo.
Dicen quienes asistieron a esos fatídicos eventos, también los historiadores que se han encargado de transmitir a las generaciones siguientes lo allí acontecido, que la dictadura comunista que después de más de cincuenta años de instaurada todavía persiste en Cuba, solo pudo consolidarse por la materialización de tres hechos históricos: la implantación del socialismo como sistema de gobierno, la aprobación constitucional de la presidencia vitalicia para Fidel Castro y la puesta en ejecución de una ley que obligaba a cada ciudadano cubano a convertirse en soplón de la revolución, so pena de ser acusado de cómplice (cuando no implicarlo) en supuestas o reales acciones “contrarrevolucionarias” como las llaman allá … y aquí también.
Esta aberración (que llevó a la paranoia al pueblo cubano) exacerbó los temores de la ciudadanía y le impuso la autocensura ante el miedo de ser delatados por cualquier vecino y hasta por algún familiar, con las consecuencias de pérdida de la libertad y hasta la vida que ello conlleva en regímenes donde se desconoce los derechos de los ciudadanos e impera un derecho penal de guerra, ajustado a estados policiales y autoritarios.
Si alguna duda persistía en torno al carácter dictatorial del actual régimen, se disipó con la aprobación del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, que entró en vigencia con su publicación en la Gaceta Oficial Nº 38940 del 28 de Mayo pasado. Esta Ley, dictada por Hugo Chávez en uso de las atribuciones que en el año 2007 le consagró la Asamblea Nacional mediante Ley Habilitante, viola expresos mandatos de la Constitución Nacional vigente, toda vez que dicta norma sobre derechos ciudadanos consagrados en la propia Constitución, lo cual es potestad indelegable de la Asamblea Nacional.
Así como es ilegítima en su génesis jurídica, esta Ley en su aplicación sería deleznable y abyecta toda vez que distorsiona elementales normas éticas y morales del venezolano, principios que serían rendidos ante la obligación de convertirse en espías y delatores de sus amigos, vecinos y hasta de su propia familia por disposición de una Ley que, lejos de contribuir al combate de la delincuencia desbordada y envalentonada por la impunidad imperante en Venezuela, lo que persigue es la implementación de un estado permanente de vigilancia policial donde los propios vecinos serían los sapos ad honórem del régimen, obligatoriamente, como se desprende del Artículo 16 de la Ley citada: Artículo 16. Son Órganos de Apoyo a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, las personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, nacionales o extranjeras, así como los órganos y entes de la administración pública nacional, estadal, municipal, las redes sociales, organizaciones de participación popular y comunidades organizadas, cuando le sea solicitada su cooperación para la obtención de información o el apoyo técnico, por parte de los órganos con competencia especial. Las personas que incumplan con las obligaciones establecidas en el presente artículo son responsables de conformidad con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y demás actos de rango legal y sublegal aplicables a la materia, en virtud de que dicha conducta atenta contra la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación.
SAPO VETE DE AQUÍ, SAPO PONTE PA LLÁ
Publicado en: 'Derechos Humanos' | Martes, Junio 3, 2008 | Trackback
Esa canción del sapo de Serenata Guayanesa, la tomaremos como el himno contra la Ley Sapo, muy grave…
Con la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia (”Ley Sapo”) todos estamos obligados a suministrar información confidencial al gobierno nacional. No es una exageración. Por ejemplo, un mesonero tiene el deber, si así lo requiere el gobierno nacional, de fungir como agente de inteligencia y suministrar la información que así le exijan.
Así puede suceder, igualmente, con el taxista, el médico, la enfermera, la aeromoza, el abogado, el juez, el zapatero, el cajero del banco, etc. Todos ellos tienen el deber de suministrar información de “inteligencia” al gobierno nacional, sobre cualquier persona, si así le es requerido. Sólo lean ustdes mismos el artículo 16 de la ley, ya vigente:
“Son Órganos de Apoyo a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, las personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, nacionales o extranjeras, así como los órganos y entes de la administración pública nacional, estadal, municipal, las redes sociales, organizaciones de participación popular y comunidades organizadas, cuando les sea solicitada su cooperación para la obtención de información o el apoyo técnico, por parte de los órganos con competencia especial.
Las personas que incumplan con las obligaciones establecidas en el presente artículo son responsables de conformidad con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y demás actos de rango legal y sublegal aplicables a la materia, en virtud de que dicha conducta atenta contra la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación”.
Este domingo en el Boulevard de El Cafetal, 10.00 a.m. manifestaremos con nuestras camisas moradas contra la Ley Sapo que afecta a todos. Lleven sus sapos.
Gonzalo Himiob Santomé
Noticiero Digital
Yo sapeo, tu sapeas, él sapea
Me permito comenzar esta entrega con esta cita textual de un libro que siempre le pido a mis alumnos de criminología que lean. Es una frase que versa sobre el parecer del autor de la misma sobre las acusaciones secretas y las delaciones. Reza así:
Cita:
“…Tal costumbre hace a los hombres falsos y solapados. Quien puede sospechar en otro un delator, ve en él un enemigo. Entonces los hombres se acostumbran a enmascarar los sentimientos propios y, con el uso de escondérselos a otros, llegan finalmente a escondérselos a sí mismos. ¡Desgraciados los hombres cuando llegan a tal extremo!. Sin principios claros e inamovibles que los guían, vagan perdidos y fluctuantes en el vasto mar de las opiniones; permanentemente ocupados en salvarse de los monstruos que los amenazan , viven el momento presente amargado con la incertidumbre del futuro…”
La cita no es de algún teórico crítico a los autoritarismos latinoamericanos del Siglo XX, o del Siglo XXI. Tampoco lo es de algún perseguido por los rigores de la “justicia” Nacional Socialista de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial; o de algún crítico a las dictaduras de Castro, Videla, Pinochet u otro similar. En todos éstos esquemas la “Doctrina de la Seguridad Nacional” (DSN) impuso legislaciones y formas de vincular al poder con la ciudadanía que, básicamente, promovían el irrespeto de la individualidad, del ser humano y de sus derechos, a favor de lo que se asume como “colectivo”, del “bien o la seguridad” generales; conceptos que sólo pueden ser interpretados “a cabalidad” por el caudillo de turno, caudillo al que los cultores al “personalismo” (lo que es lo mismo, los “jalamecates” de siempre) rinden pleitesía a ciegas sin cuestionamientos de ningún tipo.
La cita es de Cesare Beccaria, de su libro “De los delitos y de las penas” que tuvo que publicar desde el anonimato en 1.764. Y la escribe contra las delaciones y acusaciones secretas propias de los regímenes monárquicos contra los que se alzó todo el movimiento iluminista del Siglo XVIII. Es decir, ya hace casi tres siglos se cuestionaba al “sapeo institucionalizado” como mecanismo del poder para someter a los ciudadanos.
Y es que a veces, a los seres humanos, no nos hace falta sino mirar hacia atrás para darnos cuenta de que lo que se nos ofrece como “novedoso” no es tal, sino por el contrario más de lo que ya ha sido ensayado, y aplicado, por quienes no buscan más que, a través del miedo y de la imposición, perpetuarse en el poder.
El Decreto Ley sobre el “Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia” no es más que un salto atrás de casi tres siglos que ha roto un record en cuanto a su alcance. Nos ha devuelto al oscurantismo propio del “ancien régime” absolutista y ha puesto, una vez más, a los ciudadanos a ser forzados enemigos los unos de los otros. Y lo que es peor, nos pretende volver cobardes delatores que, además de negar nuestros sentimientos a los otros, a final, parafraseando a Beccaria, tendremos que ser títeres del miedo negándonos a nosotros mismos la verdad.
El Decreto convierte de facto, y sin preguntarle a nadie si es de su interés o no, a todos los funcionarios o funcionarias públicos, de cualquier nivel (desde el Ministro más encumbrado hasta el más humilde empleado u obrero) en agentes de inteligencia o de contrainteligencia (Art. 2°, numeral 3°), y también hace lo mismo con toda persona (sea que trabaje en una empresa pública o privada, nacional o extranjera, en el país o fuera del país) en “…actividades de custodia, prevención y seguridad en las instalaciones y bienes de interés estratégico…”. O lo que es lo mismo, se convierte obligatoriamente en “espía” a todo empleado de seguridad (vigilantes, custodios y similares) que se desempeñe en cualquier institución que sea interpretada por el Poder Ejecutivo como de interés “estratégico”, como por ejemplo, las empresas energéticas, las de producción de alimentos, o de “insumos básicos que se utilicen en los procesos productivos del país” (lean ustedes el Art. 3° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, que conjuntamente con otros artículos de la Constitución y otras leyes, definen lo que debe ser considerado “estratégico”) las de agricultura y acuicultura, las mineras y otras similares.
En el caso de los funcionarios públicos (de cualquier nivel o de cualquier órgano del Estado, que ahora serán parte forzada del “Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia”) la cosa es tan grave que en el Párrafo Tercero del Art. 18 del Decreto se condicionan su permanencia en el cargo, sus ascensos, o sus aspiraciones a otros cargos (y esto vale tanto para el mundo civil como el militar) a que sigan programas de “formación, profesionalización y especialización” en inteligencia o contrainteligencia. Es decir, o aprendes a ser “espía” y te mejoras y profesionalizas como tal, o no asciendes y no se te garantiza tu permanencia en tu puesto de trabajo. Y punto. Eso por no hablar de los funcionarios que hacen parte del Sistema de Justicia (jueces, alguaciles, fiscales, defensores públicos, secretarios y demás) que tienen, con base en lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto, la “obligación especial” de coadyuvar en el ejercicio de actividades de inteligencia. Es decir, tienen la especial responsabilidad de someterse al Poder Ejecutivo (acabando con ello con la separación de poderes y la poca autonomía que le quedaba al Poder Judicial) cuando de temas de “seguridad”, “defensa” o “desarrollo integral” de la Nación se trate.
Y lo mismo ocurre con los particulares. Nos dice el decreto que se aplica igualmente a “…toda persona que en el desarrollo de sus actividades dentro o fuera del territorio nacional, posea o tenga acceso a información de interés estratégico para la Nación…” (Art. 2°, numeral 5, del Decreto Presidencial). Esto va dirigido a todos los demás ciudadanos y ciudadanas, especialmente a aquellos que se desempeñan en el área de la comunicación social (periodistas, reporteros, investigadores) y a quienes trabajan en el área financiera o comercial (importadores, exportadores, productores o comercializadores de “insumos básicos”, de bienes o productos energéticos, de metales u otros minerales preciosos, etc.). Ninguno podrá utilizar información que obtenga en el desarrollo de sus actividades sin “pedir permiso” en el caso de los civiles, al Ministerio de Interior y Justicia, y en el caso de los militares, al Ministerio de la Defensa.
No se podrá difundir la verdad de ningún hecho que afecte al gobierno sin pedirle permiso al gobierno. Y si se tiene acceso a este tipo de informaciones, éstas deberán ser puestas de inmediato bajo el control del gobierno. Y el que las publique o divulgue sin cumplir con las disposiciones del Decreto puede ser castigado con penas que, en el caso de los funcionarios públicos, pueden llegar hasta los diez años de prisión.
Esto es grave queridos lectores, muy grave. Ya Alfredo Romero; Antonio Rosich, quien suscribe y los demás miembros de la ONG VIVE y del Foro Penal Venezolano veníamos trabajando en lo que hemos llamado el “Cerco a las libertades ciudadanas” que se instrumenta, entre otras cosas, en normas como éstas que nos convierten a los venezolanos y venezolanas en “sapos”. Y nos someten a la voluntad única de quien se cree “ungido” como el máximo intérprete de los supuestos “intereses del pueblo y de la Nación”.
Se habla mucho de “unidad”. Pero algunos corren ciegos hacia las metas electorales dejando pasar temas como éstos (el del currículo educativo, la ley de Policía Nacional, etc.) por debajo de la mesa. Ya Alfredo Romero ha propuesto varias veces a otros precandidatos (que como él tienen legítimas aspiraciones electorales) a demostrarle al país que la verdadera unidad no es la netamente electoral. Les ha invitado, como yo lo reitero y secundo en este momento, a sumar voluntades para luchar contra éste y otros abusos. Es el deber de toda persona que aspire a un puesto de elección popular dar el ejemplo a la ciudadanía. Y entender que el país no comienza, ni termina, en Noviembre de 2008, y que la verdadera unidad es la de los principios y los valores democráticos. Unámonos para lograr victorias electorales, si. Pero unámonos también para evitar que el cerco a nuestras libertades termine por asfixiar los pocos espacios de ejercicio ciudadano que aún nos quedan.
No vaya a ser que, pasada la próxima contienda electoral, ya sea demasiado tarde.
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