No es competencia del contralor establecer inhabilidad, por lo cual ese acto es nulo y sin efecto
Con absoluto desparpajo, recurriendo a un dispositivo de la Ley de Contraloría que nada tiene que ver con el derecho a ser elegido para un cargo de representación popular, el contralor general de la República, de un plumazo, ha pretendido inhabilitar a una serie de venezolanos con legítimas aspiraciones políticas.
Al cesto de la basura el Estado de Derecho, la primacía de la Constitución, la interpretación restrictiva de cualquier limitación a un derecho y la desaplicación de una norma que colida con el texto de la Carta que, por ello, es Magna o Suprema. En una palabra, las lecciones elementales de derecho de quien fuera mi alumno, en su segunda carrera, resultan relegadas al olvido, ante apremios de índole política.
Al margen de la incorrecta interpretación de la Ley de Contraloría, cabe destacar que la inhabilitación política es una sanción grave que impide el ejercicio de los derechos políticos y que sólo procede cuando la Constitución -que regula esos derechos- lo prevé, de manera excepcional.
La inhabilitación política es una pena accesoria grave, que sigue a la pena de presidio o de prisión, según el Código Penal y que se impone en una sentencia condenatoria, debiendo constar en forma expresa en la decisión. Además, surte sus efectos, mientras dure la condena y- en mi opinión- no impide la elección para cualquier cargo, salvo para aquellos, como el de presidente de la República, para el cual se exige como requisito expreso "no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme". Por lo tanto, podría ser postulado, por ejemplo, como diputado, un condenado a presidio o prisión -por hechos no relacionados con el ejercicio de un cargo público- y, si resulta electo, se suspende la pena impuesta, por la fuerza de la voluntad del pueblo, que opera como especie de indulto del soberano.
Pero, además, la Constitución es absolutamente clara al regular el derecho a optar a un cargo de representación popular, en el artículo 65, exigiendo que el candidato no haya sido inhabilitado políticamente por una sentencia "por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del hecho". Se trata, entonces, de una inhabilitación política específica, determinada por un juez, siendo esta sanción la que regula la Ley contra la Corrupción, en el artículo 39, cuando señala que queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público quien "haya sido condenado por cualesquiera de los delitos contemplados en esa ley", una vez cumplida la pena, en concordancia con lo que dice la Constitución.
Queda claro, pues, que la inhabilitación política, como sanción, para cargos de elección popular, supone un proceso penal previo, una sentencia condenatoria firme y la determinación precisa que haga el juez, en su decisión, no siendo, en absoluto, competencia del contralor general de la República establecer esta inhabilidad, por lo cual ese acto es nulo y no puede producir, por ello, efecto alguno, por ser violatorio de derechos consagrados en el texto constitucional.
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1 comentario:
El pescuezo no retoña
por Antonio Sánchez García
sábado, 29 marzo 2008
Huele a Apocalipsis A los últimos tiempos de Carlos Andrés Pérez. A “Por estas calles”. Corre un aire cálido y frío que espeluzna y estremece. Un mar en calma que presagia una tremebunda borrasca. Nos aproximamos al desenlace.
Entre quienes conducen esta locomotora desbocada que se abalanza hacia el abismo y el pueblo expectante no hay nada. Un túnel negro aparentemente sin salida. Como sucedía a fines de octubre, comienzos de noviembre de 1957. Nadie sabe todavía cómo y por dónde saltará la liebre. Pero los olfatos más avisados huelen la chamusquina de las catástrofes. A Chávez le está llegando su hora.
La encuesta de Datos es como para que s’esnuque el presidente, se infarte el gabinete y la familia presidencial comience a reservar plazas en el Hotel Nacional, de La Habana. Se ha volteado la tortilla y la popularidad presidencial cae a los abismos que condujeron a la rebelión popular del 11 de abril. Con una diferencia descomunal que nada ni nadie podrá recomponer: se agotaron los ases bajo la manga, no hay más plata para misiones, Fidel Castro pasó a mejor vida y las ratas del CNE se comieron las maquinitas. Incluso los cientos de miles de colombianos cedulados a la mala ya no correrán a votar por los indigestos del PSUV: desde Villavicencio odian a Chávez y al chavismo.
Por primera vez tras nueve años de Poder absoluto, se estremecen las talanqueras. Oficiales medios cuidan sus espaldas ante los convenios de derechos humanos y le temen a un juicio a lo Milosevich como un gato al agua hirviendo. Miran hacia la Argentina de Videla y el Chile de Pinochet y atisban un horizonte nada halagador. Los altos mandos se miran con desconfianza y andan de espaldas a los muros. Los jueces comienzan a sacar sus calculadoras y ya les sonríen a los desorientados administradores de la oposición. Hasta un fiscal se ha atrevido a denunciar a ese personaje de la triste figura, dizque poeta, que Marianella Salazar bautizara con el remoquete de “mangasmiá”.
La asamblea se derrumba. Una señora gritona, estentórea y fruncida hace que la preside. Pero ya le faltan el respeto hasta los ujieres. Desapareció Barreto, a pesar de que se le mueren seis niños de indiferencia sanitaria. Carreño se esfumó. Diosdado espera en el silencio de los culpables por un juicio final que se asoma. Rodríguez Chacín perdió todo su poder: le reventaron a su interlocutor y hasta el brazo le cercenaron al cadáver de otro de sus amigos.
O corren o se encaraman. Suena a paradoja, pero ante la brusca e inevitable caída en las honduras del desprecio lo mejor que podría hacer Chávez es prepararse un colchón electoral. Permitir el drenaje de los odios que crecen exponencialmente y día contra su abotargada figura mediante el expediente electoral. Más vale perder algunas gobernaciones y un par de cientos de alcaldías que la cabeza. Debiera recordar el consejo del segundo de a bordo de Pérez Jiménez la madrugada del 23 de enero de 1958: mejor nos largamos, general, que el pescuezo no retoña.
¿A eso se deberá la decisión de Tibisay Lucena fijando de una vez la fecha de las elecciones regionales? Cuando se va en caída libre, bien vale encontrar una playa donde aterrizar. O a Chávez y al chavismo le pasará lo que al avión de Transvalcar: desaparecer en las aguas cenagosas del olvido.
sanchez2000@cantv.net
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