POR:ALBERTO QUIRÓS CORRADI.
Pdvsa no es rescatable. Porque sus objetivos se han pervertido y su cultura organizacional sepultada en una seudoideología trasnochada. Su identidad borrada para ser sustituida por la teología de la adoración perpetua al Presidente de la República y a una simbología foránea que recoge imágenes de santos imaginarios. Para volver a colocar a Venezuela en el mapa petrolero mundial como suministrador profesional seguro y confiable tenemos que rescatar el recurso humano que, en un acto criminal sin precedentes en nuestra historia civil, el régimen destituyó sin fórmula de juicio, de nuestra gran empresa nacional. Es importante recordar lo que sucedió en Pdvsa en el año 2003. De un plumazo se despidieron a 18.756 trabajadores (durante el año la cifra pasó de 20.000). Se destruyó la capacidad gerencial de la empresa. Se despidió 67% del personal ejecutivo y gerencial. 67% del personal técnico y supervisorio. 29% de operadores y artesanos. 27% de obreros calificados. Entre ellos promediaban una edad de 41 años y 15 años de servicio en la empresa. Se desmantelaron las operaciones de apoyo (Finanzas 98%. Recursos Humanos 88%. Planificación 80%. Auditoria 61%) Se dejó al Intevep (Instituto de Investigación) sin 60% de su personal. Las funciones básicas de la empresa se descabezaron inmisericordiamente (Exploración 79%. Comercio y Suministro 68%. Mantenimiento 59% y Operaciones 45%). El personal despedido incluyó a 212 ingenieros geólogos de yacimientos. 120 ingenieros de procesos. 216 operadores de planta. 147 ingenieros de seguridad, higiene y ambiente. 377 profesionales de procesos de planificación y 156 expertos en presupuesto. En total se perdieron 282 mil años de experiencia. Además, a las víctimas del "proceso" se les confiscó sus prestaciones sociales y sus ahorros en planes de la empresa. Se les negó la jubilación. Se les canceló los servicios médicos, la educación que recibían sus hijos en las escuelas de las comunidades petroleras y se les expulsó, a veces violentamente, de las casas que habitaban en esas comunidades. Se les vetó en el país sus oportunidades de empleo y se ofició a las empresas petroleras privadas, extranjeras y nacionales, para que se abstuvieran de emplear a los nuevos leprosos del sistema. En fin, se les canceló su estilo de vida y se les condenó a no tener alternativa de remuneración. Un número importante salió al exterior y hoy se encuentra laborando en 21 países. Otros se quedaron y trabajan en actividades distintas lejos del brazo vengador del régimen. Algunos se enfermaron. Otros se murieron. Todos quedaron marcados por la injusticia, el abuso de poder y la falta de solidaridad de una sociedad que presenció, con pasmosa perplejidad, la destrucción de una institución y de muchas vidas útiles. Los venezolanos tienen una deuda impagable con este grupo de ciudadanos. Hay que reinsertarlos en la actividad productiva nacional y pagarles lo que se les debe. Los que se quedaron en el país podrán ser útiles en la nueva operación petrolera, dentro o fuera de la empresa nacional. Los que se fueron podrán regresar a posiciones productivas o, servir de contactos con empresas petroleras en el exterior con las cuales se podrán lograr acuerdos comerciales, de entrenamiento de nuestro personal o de suministro de nuevas tecnologías. A los 20.000 trabajadores despedidos hay que hacerlos socios operativos para la construcción de una nueva eficiencia y un nuevo orgullo nacional. No sólo porque se lo merecen, sino porque sin ellos, no habrá política petrolera eficiente.
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