(Publicado el lunes 29 de enero del año 2007).
La guerra, en cualquiera de sus manifestaciones, y que ocurre en diversas partes del mundo, nos parece no sólo un crimen, sino un absurdo. Destruye vidas, requiere sacrificios y gastos monstruosos, siembra el llanto y las humillaciones. Igualmente es absurdo y criminal destruir los derechos fundamentales de la vida que le dan su sabor y razón de ser.
Además de las guerras atómicas, biológicas, son ya conocidas las armas psicológicas, a las que podríamos añadir las armas legales. Cuando la ley se convierte en un procedimiento de fuerza, para privar del ejercicio de los derechos ciudadanos, para esterilizar la acción ciudadana, para aprisionar y torturar por el solo delito de no aceptar un único sistema o régimen determinado, es la guerra legal. Es la absurda destrucción del hombre por la ley.
El Papa Benedicto XV decía: “Que a la fuerza material de las armas sustituya la fuerza del derecho”.
No hay más que una forma de no estar en guerra: reconocer los derechos humanos y procurar regular el libre ejercicio de los mismos.
En Venezuela lamentablemente, el presidente, su gobierno y todo el régimen pareciera haberse declarado en guerra contra todos aquellos quienes no compartan su visión excluyente de país, su ideología seudo socialista, militarista, estatista, intervencionista, colectivista, autocrática de corte totalitaria, con tendencia hegemónica. La democracia pareciera estar amenazada ante los mecanismos legales que el presidente ha anunciado implementar a través de una reforma constitucional "ilegal", y mediante la puesta en vigencia de una Ley habilitante que le otorga poderes especiales absolutos casi dictatoriales, desafiando al resto de la sociedad que no lo apoya.
Si el presidente y su régimen seudo revolucionario de inspiración marxista, contrario a la Constitución Nacional vigente, la cual está obligado a cumplir y hacer cumplir, se empeñara en llevar a delante la imposición de su proyecto político conculcador de las libertades y derechos humanos al resto de la sociedad, sin convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (único medio lícito para reformar o cambiar principios constitucionales fundamentales) que permitieran la discusión, el sano e indispensable debate político, dentro de un marco de pluralismo democrático; Chávez estaría prácticamente declarándole la guerra a la sociedad democrática que se vería seriamente amenazada.
La democracia en Venezuela pareciera estar seriamente amenazada y en riesgo de sernos arrebatada. El régimen no oculta sus pretensiones de dominación totalitaria de toda la sociedad, y sus intenciones de desmantelar el sistema de derecho preestablecido, lo anuncia sin rubor, sin ninguna limitación ni vergüenza, el desafío es abierto, desata la más despiadada guerra psicológica contra los ciudadanos indefensos, ante su inconmensurable e ilimitado poder económico, su aparato propagandístico y su brutal poderío militar, que ejerce a discreción, con la aparente anuencia del resto de los poderes públicos sumisos y obedientes.
Su actitud conculcadora y violatoria de los derechos democráticos colectivos e irrenunciables es evidente, intenta desplegar sus planes de dominación desatando la más inmoral guerra psicológica contra el resto de la sociedad democrática que no lo apoya, para neutralizarla, inmovilizarla, debilitarla y someterla a sus designios, para que se le someta sumisa absolutamente a sus pretensiones, de instaurar un régimen político y económico distinto al consagrado en la Constitución Nacional aprobada por todos los venezolanos.
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