POR:GILDA NÚÑEZ:
La inseguridad ha alcanzado niveles tan severos como para replantear las estrategias
La inseguridad ha alcanzado niveles tan severos como para replantear las estrategias
La violencia letal es un grave problema en cualquier país. En el nuestro, paradójicamente desde la aprobación de una progresista Constitución en 1999 y hasta el año 2007, la tasa de homicidios registrados por cien mil habitantes (pcmh) ascendió de 19,4 a 47,8 según datos oficiales, experimentando un incremento de 146,3%, catapultando al país como uno de los más violentos de América Latina. De acuerdo a las proyecciones, se estima que para el año 2010 se registre una tasa de homicidios de 50,6 pcmh y -siguiendo la línea ascendente de las últimas décadas- 52,8 para el año 2012.
Más que alarma o reproche, las cifras deben motivar la eficiencia en la gestión pública de la seguridad como la única forma de lograr disminuir el número de muertes violentas y modificar la tendencia ascendente de las proyecciones realizadas, hasta lograr revertirla. Para ello, la gestión de la seguridad debe tener en cuenta factores sociales, económicos, culturales e individuales que inciden en la violencia letal y no sólo dirigir la atención hacia las respuestas penales.
La gestión pública de la seguridad parte de una interrogante sobre la naturaleza de los problemas y sus implicaciones, permitiendo tanto a nivel político como a nivel técnico la estructuración de sistemas de acción concretos por parte de los entes involucrados (gobierno central, regional, local) tendentes a la promoción de la convivencia pacífica. Para alcanzar la eficiencia no existen verdades absolutas, pues lo que funciona en un espacio, tiempo y/o para un grupo de personas puede no funcionar en otro escenario lo cual, aunado a la complejidad del contexto, coloca a los decisores en una situación de relativa incertidumbre con respecto a una de las preguntas más frecuentes de la gestión pública: ¿Qué hacer?
Según el texto constitucional, la gestión de la seguridad debe estar insertada en un sistema de administración pública fundamentado en principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad (Art. 141), y ello impone drásticas transformaciones en la cultura y estructura institucional -en todos los niveles de gobierno- para la cristalización de un modelo eficiente de gestión que sea capaz de concretar lo expresado en la política de seguridad diseñada, para que ésta no sea -con o sin intención- una mera "publicidad engañosa".
La clave de un modelo eficiente de gestión es concretar un modelo de seguridad que haga posible -bajo principios democráticos y humanistas- la reducción de la violencia letal, a través de medios legítimos y del respeto irrestricto a los derechos de todas las personas.
La inseguridad en el país ha alcanzado niveles lo suficientemente severos como para que sea necesario replantear las estrategias, innovando, creando, con esfuerzo constante y mancomunado, porque aún con la tendencia al incremento de la violencia letal prevista para los próximos años, es necesario confiar en que se puede modificar la realidad y vencer los pronósticos, a través de una gestión eficiente.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario