Por:GONZALO GUILLEN
El Nuevo Herald
Colombia quedó horrorizada ayer al amanecer con la noticia de la muerte de 11 diputados del departamento del Valle del Cauca que se hallaban secuestrados desde abril del 2002 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en lo que, según el gobierno, fue una masacre del grupo guerrillero cometida el pasado 18 de junio.
Colombia quedó horrorizada ayer al amanecer con la noticia de la muerte de 11 diputados del departamento del Valle del Cauca que se hallaban secuestrados desde abril del 2002 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en lo que, según el gobierno, fue una masacre del grupo guerrillero cometida el pasado 18 de junio.
El presidente Alvaro Uribe culpó directamente a las FARC ''del asesinato de los diputados vallecaucanos'' a tiempo que las FARC informaban que los secuestrados murieron durante un enfrentamiento con el ejército.
El único diputado sobreviviente fue Sigifredo López, abogado de 40 años. Su paradero y su estado de salud se desconocen por completo.
En un comunicado desplegado en internet, las FARC atribuyeron la muerte de los diputados al ''fuego cruzado'' que se produjo ``cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento, atacó el campamento donde se encontraban''.
Los muertos son: Juan Carlos Narváez, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Edison Pérez, Héctor Arizmendi, Javier Giraldo, Ramiro Echeverry, Rufino Varela, Carlos Charry, Carlos Barragán y Nacianceno Orozco.
Uribe aseguró que no hubo enfrentamientos armados entre las FARC y tropas regulares. Los secuestrados solían permanecer en jaulas de alambres de púas improvisadas en la selva y amarrados unos a otros con cadenas, según videos de un periodista que los visitó y declaraciones de un policía que escapó del cautiverio.
''Los diputados habrían sido asesinados por las FARC vilmente. La fuerza pública no estaba en operaciones de rescate'', afirmó Uribe al mediodía de ayer al leer un comunicado oficial.
La versión de las FARC sobre ''fuego cruzado'' causó indignación debido a que hace suponer que los secuestrados fueron usados por los terroristas como escudos humanos para enfrentar a las fuerzas que presuntamente habrían atacado el campamento en el que se hallaban.
Al señalar que el comunicado de las FARC está fechado el 23 de junio cuando los hechos habrían ocurrido el 18 de junio, y solamente es difundido al amanecer de hoy [ayer], 28 de junio, Uribe aseguró que ``es evidente el propósito criminal y de ocultamiento de las FARC''.
La comunicación de las FARC está fechada simplemente desde algún lugar de la ''Cordillera Occidental'', una de las tres formaciones montañosas andinas que recorren el país de sur a norte.
''El Gobierno no ha recibido informe alguno de ciudadanos o de otras fuentes sobre un posible combate en el que hubieran muerto 11 diputados. La gravedad del hecho habría impedido que pasara desapercibido durante 10 días'', señaló Uribe.
''El Gobierno no ha recibido informe alguno de ciudadanos o de otras fuentes sobre un posible combate en el que hubieran muerto 11 diputados. La gravedad del hecho habría impedido que pasara desapercibido durante 10 días'', señaló Uribe.
La mayor parte de las familias de los diputados muertos cree que el Ejército sí intentó un rescate y expresaron escepticismo por las palabras de ayer del Presidente al recordar que Uribe ha dicho en otras oportunidades que liberará por la fuerza a los secuestrados y ha anunciado en público que para lograrlo, incluso recurriría a bombardeos de la aviación.
Dos reclusos de una cárcel bogotana condenados por pertenecer a las FARC, declararon ayer telefónicamente a El Nuevo Herald, a través de una tercera persona, que los diputados últimamente permanecían encadenados en una zona boscosa del departamento de Nariño, al sur de Colombia, y su custodia estaba a cargo del comandante guerrillero Jairo Arroyabe, alias ''El Flaco'' o ``El Grillo''.
Estas fuentes explicaron que los diputados solían estar divididos en grupos de tres, cada uno, custodiados por cuadrillas de entre 20 y 25 guerrilleros.
Los servicios de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares habían recibido informaciones similares, informó ayer a El Nuevo Herald un oficial de Ejército especializado en analizar el tema de los secuestrados de las FARC.
El comunicado de las FARC, firmado por el ''Comando Conjunto de Occidente'', sostiene que ``en el área de los acontecimientos se desarrollan desde hace varias semanas amplias operaciones conjuntas de militares y paramilitares, lo que ha generado innumerables combates y creciente presencia de fuerzas oficiales''.
Además, asegura que hubo ``permanentes operativos de rescate y otro ataque a los diputados por parte del ejército en otro campamento, de donde habíamos logrado sacarlos sin novedad''.
A las familias de las víctimas, las FARC aseguraron en su comunicado: ``haremos lo que esté a nuestro alcance para que puedan recoger los despojos mortales lo más pronto posible''.
Aunque no hay información precisa para encontrar los despojos mortales de los diputados, el presidente Uribe declaró: ``Pedimos apoyo a la comunidad internacional para buscar los cadáveres y al hallarlos solicitaremos una comisión forense internacional que le explique al mundo las circunstancias de este crimen atroz''.
El vocero del Departamento de Estado en Washington, Tom Casey, declaró que ''los responsables de las muertes de estos individuos son aquellos que los hicieron rehenes'' y reclamó la liberación de todos los secuestrados en Colombia, entre ellos tres militares estadounidenses que trabajaban allí para el Departamento de Defensa y cayeron en poder de las FARC en el 2003.
Desde Londres, Amnistía Internacional pidió la liberación de los secuestrados ya que ``la toma de rehenes es una flagrante violación a la ley humanitaria internacional, que puede constituir un crimen de guerra''.
La ONU y otros organismos humanitarios también condenaron la masacre.
Los diputados muertos hacían parte de un grupo de 56 personas secuestradas, entre ellos militares, policías y políticos, con los que las FARC pretenden hacer un canje por todos los guerrilleros presos en la cárceles y repatriar a dos importantes miembros de la organización que se hallan presos en Estados Unidos.
Entre los secuestrados se encuentran, desde hace cinco años, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y su compañera de fórmula, Clara Rojas, quien tuvo un hijo en cautiverio con un guerrillero.
También hay militares y policías próximos a cumplir 10 años confinados en campos de concentración de las FARC.
Fuente: elNuevoHerald.com.
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