¡Chito! rufianes,ventrílocuos y neo esbirros políticos

POR:ARCANGEL VULCANO.

Por culpa de las omisiones, acciones y delitos de ambiciosos caudillos, los venezolanos en el pasado padecieron y sufrieron las violaciones de sus derechos humanos por parte de “algunos” tristemente célebres inolvidables esbirros, que permanecen imborrables en la memoria colectiva popular. Son por ejemplo indelebles los tétricos y patéticos nombres de Tarazona y Pedro Estrada, tenebrosos operadores políticos de los dictadores Generales Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, quienes actuando cual ventrílocuos a través de sus secuaces, hostigaban, perseguían, encarcelaban, torturaban, silenciaban e inhabilitaban políticamente a sus adversarios políticos abusando de su poder, atropellando, violando sus derechos humanos, incluso el sagrado derecho a la vida de sus conciudadanos, desde el ejercicio ilegítimo de la presidencia de la república, que por desgracia ejercieron.

Hoy día los aspirantes a caudillos totalitaristas, parecieran ser los herederos de los excesos de aquellos autócratas del pasado, parecieran ejecutar, reproducir y calcar los escenarios, las actitudes despóticas de entonces, cuando pretenden imitando a los esbirros de ayer, inhabilitar políticamente a sus adversarios. Intentando torpemente justificar sus atropellos y argucias. Así persiguen escudarse algunos rufianes políticos, alegando que están aplicando el artículo 105 de la Ley de la Contraloría, dizque "para luchar contra la corrupción"; es decir, que condenan sin juicio previo, conculcando el derecho a la defensa y el debido proceso a los ciudadanos que deben presumirse inocentes, convirtiéndose en los funcionarios no sólo más poderosos de la nación, sino en los neo esbirros, en jueces y en parte que se pagan y se dan el vuelto ¡qué maravilla! Pero es claro que, si una norma (el Art. 105 de la Ley de la Contraloría) choca con la Constitución, la Constitución prevalece. Y la norma no es válida. Y no debe aplicarse.

Por eso las inhabilitaciones políticas sin juicio y sin una condena previa, expedida lícitamente mediante una sentencia definitivamente firme, proveniente de un tribunal competente presidido por un juez natural de la República, son inconstitucionales, pero además nulas de pleno derecho. Están viciadas de nulidad absoluta y deben a todo evento ser desestimadas, y consideradas como si no existieran. Que lo tengan muy claro todos los funcionarios públicos envestidos de autoridad administrativa –no judicial-, especialmente los integrantes del CNE, so pena de convertirse en rufianes políticos, si no quieren que el pueblo venezolano los trate como esbirros.

Recuerden todos los funcionarios públicos venezolanos, que La Constitución Nacional y las leyes de la República prevén claramente los anticuerpos naturales para combatir exitosamente el virus mortal del caudillismo, y a los modernos rufianes políticos manejados por aventajados y abusivos ventrílocuos.

La Constitución Nacional venezolana vigente (1.999), en su Art. 7°, expresa claramente lo siguiente: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.”. “En otras palabras -continuamos hilando el argumento- si una norma (como el Art. 105 de la Ley de la Contraloría antes mencionado) va contra la Constitución, dicha norma no tiene validez. Si un Acto del Poder Público se ejecuta contra lo que dispone la Constitución, tampoco es válido. Esto lo corrobora, entre otros, el Art. 137 de nuestra Carta Magna”, que dispone: “La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.

Es preciso que todos los venezolanos, conozcamos suficientemente los sagrados e inviolables principios y derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, para facilitar así la defensa de los mismos; para poder alegar apropiadamente en el ejercicio de nuestros legítimos derechos políticos defendernos eficazmente ante estos atropellos, que intentan perpetrarse flagrantemente a la luz pública y a la sombra del poder.

La Constitución Nacional establece textualmente en el Art. 42, y según lo corrobora también su Art. 65; que el ejercicio de estos “Derechos Políticos” sólo puede suspenderlo un Tribunal, y sólo después de haber dictado sentencia condenatoria firme”. Ya que según dicen claramente esos artículos: “Art. 42.- Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”. “Art. 65.- No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.

Por otra parte, debemos también recordar el Art. 25 de la CRBV”, que dice: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo”.

Primera conclusión: Todos los funcionarios integrantes de los poderes públicos nacionales, incluyendo desde el Presidente de la República hasta el funcionario público de menor rango, exceptuando los jueces que integran el poder judicial, sólo pueden imponer sanciones administrativas, no penales (jamás). Segunda conclusión: Sólo pueden hacerlo dentro de lo que le paute la Constitución, que no contra ésta. Tercera conclusión: Si lo hacen contra lo que la Constitución dispone o “por fuera” de sus preceptos y principios, toda sanción que impongan es nula y no tiene ninguna validez.

Les preguntamos a los rufianes y ventrílocuos: “¿Son Ustedes Jueces o Partes del Poder Judicial?”. “No” respondemos-. Continuamos: ¿“Ustedes pueden ‘dictar sentencias’?. “No” les expresamos.

“¿Pueden Ustedes dictar sentencias condenatorias por delitos?” –preguntamos-. “No, respondemos a los rufianes y ventrílocuos, - sólo pueden emitir sanciones administrativas, les explicamos para aclararles su mente despótica- Dictar sentencias condenatorias sería un acto de ‘usurpación de funciones’ del Poder Judicial, que es nulo porque así lo ordena el Art. 138 de la Constitución” les expresamos finalmente categóricamente, ¿estamos claros?. “En consecuencia, –concluimos- los funcionarios públicos sin envestidura judicial ¿pueden o no pueden privar de sus derechos políticos a cualquier ciudadano, a través de un acto que no es, una sentencia judicial firme?”.Les respondemos, que por supuesto que no, ni que fueran esbirros como Tarazona o Pedro Estrada, ¿o si? Será que se asemejan, ¡Nooooo! “¡Con la Constitución todo, contra la Constitución, nada!”.

Si una norma (el Art. 105 de la Ley de la Contraloría) choca con la Constitución, la Constitución prevalece. Y la norma no es válida. Y no debe aplicarse. Por eso las inhabilitaciones son inconstitucionales.

En Venezuela se está actualmente produciendo una gravísima confabulación política de todos los poderes públicos del estado, comandada, desarrollada fría y calculadamente por el jefe sectario del gobierno con evidentes signos autocráticos, empleando estrategias y tácticas destructivas de la democracia, violatorias de la Constitución Nacional y las leyes de la República, pero también violatorias de las más elementales reglas de la libre competencia democrática civilizada, que supone que existan garantías para competir por el liderazgo político en igualdad de condiciones, con todas las indispensables garantías democráticas institucionales, frente al poderoso aparato del estado en manos de un caudillo inescrupuloso y sus serviles aventajados cómplices.

Los Poderes Públicos están integrados en su mayoría por conciudadanos honestos que no comparten el oprobio.En tal sentido, es útil recordarles a todos los funcionarios que integran los Poderes Públicos del estado, que estuvieran prestando su colaboración directa o indirecta, actuando por acción u omisión, para llevar adelante la deplorable e injusta táctica de las inhabilitaciones políticas contra sus indefensos e impotentes conciudadanos, es prudente recordarles apenas tres artículos de la LEY CONTRA LA CORRUPCION Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario de fecha 07 de abril de 2003 aprobada por la actual Asamblea Nacional:Artículo 13. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares.

Artículo 67. El funcionario público que abusando de sus funciones, ordene o ejecute en daño de alguna persona un acto arbitrario que no esté especialmente previsto como delito o falta por una disposición de la ley, será castigado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años; y si obra por un interés privado, la pena se aumentará en una sexta (1/6) parte.

Artículo 68. El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años.

Estos preceptos jurídicos relucen radiantes como el sol; que después no se diga que no los conocían. Funcionarios públicos, recuerden siempre que “la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento” y que no podrán alegar jamás en su defensa, que estaban cumpliendo órdenes en el ejercicio de sus funciones, porque los Poderes Públicos por principio son autónomos, pero además, porque no deberían olvidar nunca tampoco, sus obligantes deberes ante el soberano pueblo venezolano, que a pesar de todo, espera que actúen con dignidad, apegados a la Constitución y las leyes, dictaminados únicamente por sus propias conciencias.El país no les perdonaría jamás ser partes y cómplices por acción u omisión de una perversa confabulación política, que persigue cercenar los sagrados derechos ciudadanos destruyendo la democracia. El pueblo de Bolívar, sabría pacientemente esperar y actuar, para cobrárselos muy caro, sin importarle el tiempo que deba transcurrir para hacerlo, no lo duden. Sencillamente, una vez identificados los rufianes, determinados y conocidos sus auténticos objetivos y motivaciones, hay que definitivamente neutralizarlos y contrarrestarlos eficazmente con acciones democráticas, civilizadas, mediante estrategias y tácticas políticas adecuadas. El país democrático deberá saber encontrar la forma correcta y efectiva de encarar con éxito los serios desafíos y amenazas que lo acechan.

Las armas más poderosas para luchar contra los rufianes y sus ventrílocuos están disponibles en La Constitución Nacional. El glorioso y libertario pueblo venezolano sabrá usarlas eficazmente para impedir como corresponde la violación de sus legítimos derechos; pero además, lo hará espontáneamente, sin solicitárselo, porque el aguerrido e indoblegable pueblo de Simón Bolívar, ya ha demostrado fehacientemente en la historia, que no se arrodilla jamás ante ningún dictador ni serviles esbirros, que no solo detesta y le repugna las injusticias, arbitrariedades y ambiciones de los caudillos, los tiranos, los delatores sapos, los tenebrosos esbirros que ha debido padecer, sino que también execra a los patéticos rufianes, a los aventajados aduladores y sobre todo a los cobardes tramposos, a quienes no juegan limpio, al pueblo le encantan son los gallardos ganadores, y premia únicamente a quienes compiten por el favor popular transparentemente, ganando por sus méritos y no por sus manipulaciones y maniobras; pero a quienes desafían al pueblo haciendo ventajistas tramposerías para imponerse ilegítimamente sobre la sagrada voluntad popular, algún día el pueblo los sabrá castigar severamente, y los enterrará en el estercolero de la historia, pero jamás los olvidará, los bautizará como esbirros poniéndoles para siempre el insoslayable signo de los tiranos, el de despreciables y apestosos neo esbirros de dictadores.

Al valiente pueblo venezolano le repugnan las trampas, las picardías, la falta de moral, la carencia de gallardía, por eso rechaza la cobardía, y le asquea tanto el juego sucio, y exige siempre el juego limpio, ¡ay de aquellos que ante el pueblo venezolano actúen como cobardes rufianes para complacer los designios y caprichos de un caudillo! porque la marca de Tarazonas y Pedros Estradas que el pueblo les impondrá en la frente será indeleble y la transmitirán de generación en generación a sus descendientes, bautizándolos y graduándolos con en título de “Neo Esbirros legalizados por el poder”.

Es claro entonces, que los neo esbirros legalmente no pueden juzgar ni condenar a los ciudadanos venezolanos, y si lo hacen ilegalmente, no pasará mucho tiempo sin que deberán con toda seguridad asumir el alto costo que eso implica, porque algún día ellos serían los condenados por el pueblo, al violarles cínicamente los derechos a sus conciudadanos. La justicia tarda pero llega, pregúntenselo a los herederos de Tarazona y Pedro Estrada.

Cuentan algunos, que el dictador Juan Vicente Gómez, cada vez que requería mandar a callar a su servil esbirro Tarazona, le expresaba sin consideraciones un fuerte ¡Chito!.Hoy el pueblo venezolano, a todos los funcionarios públicos aspirantes a emular a Tarazona, Estrada, a Rufianes y a ventrílocuos modernos comportándose cual neo esbirros, les expelen poderosamente frente a sus naricez, profiriéndoles en sus cínicas caras un grito altisonante que dice: ¡CHITO!"...