La forma más civilizada para que una sociedad logre mantener la paz de manera permanente, el equilibrio necesario, para alcanzar entre todos le desarrollo integral, es a través del cumplimiento estricto de la ley por parte de todos los ciudadanos que la integran sin excepciones ni privilegios de ninguna naturaleza. La humanidad ha encontrado en el derecho la manera más eficaz para regular la vida de las sociedades.
Cuando los pueblos y sus gobernantes, se colocan deliberadamente en actitud de desobediencia e inobservancia impune ante las leyes que los rigen, y sus autoridades legítimamente elegidas se comportan arbitraria y abusivamente al margen de la ley, y dejan de regirse estrictamente por las normas y reglas de derecho que se han dado de mutuo acuerdo para regularse, se cae pronto inevitablemente en la nociva anarquía.
Sin la aplicación de una justicia transparente, independiente, autónoma e imparcial, la sociedad pronto estará a merced del caos. Sin un estado de derecho plenamente vigente, acatado, respetado y aceptado pacífica y colectivamente por todos los ciudadanos de común acuerdo, solo nos quedará la ley de la selva, la que impondrá el más fuerte, no el más aceptado.
Nuestra vida en la sociedad debe a todo evento regirse por la Constitución Nacional y todas las leyes de la república. Hacer lo contrario es un claro hostigamiento a delinquir, una perversa incitación a la guerra. Nadie absolutamente puede estar por encima de la ley, nadie por muy popular y encumbrado que esté en el poder, tiene el derecho absoluto para violar la Constitución y las leyes. Quien así lo haga se estaría colocando al margen del estado de derecho y debería ser considerado como enemigo público número uno de la sociedad, por el grave riesgo –casi suicida- de conflicto injustificable al cual la expone irresponsablemente.
No haremos aquí un compendio de las constantes violaciones a la Constitución Nacional y a las leyes de la república que en Venezuela se vienen produciendo impunemente, con el agravante de que las autoridades investidas de legítima autoridad, pertenecientes a todos los poderes públicos, obligadas a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, que deben ser garantes de su observancia, permanecen inertes, inmóviles, indiferentes e inmutables, ante el constante abuso de poder y las flagrantes violaciones que se cometen a la Constitución y las leyes desde el ejercicio del gobierno, convirtiéndose presuntamente en cómplices de esas arbitrariedades, abusos, excesos e infracciones.
Tampoco diremos hoy cuantos ni cuales artículos de la Constitución Nacional y las leyes han violado, violan y continuarán violando el presidente de la república y su gobierno; sólo alertamos a la opinión pública nacional e internacional, sobre la gravedad de está impune situación. No especificaremos ningún ejemplo de esas violaciones hoy, basta leer en la prensa las declaraciones del presidente, o escuchar los discursos presidenciales, las amenazas en sus constantes y extensas intervenciones públicas proferidas gratuitamente a instituciones nacionales e internacionales, a personas jurídicas y naturales, repletas de múltiples instigaciones al odio, anuncios de confiscaciones, expropiaciones, cargadas de mensajes divisionistas, incitaciones a la guerra, haciendo clara desobediencia e inobservancia de las normas explícitamente contenidas en la Constitución, para comprender lo que aquí responsablemente advertimos.
Expresamos digna y decorosamente, nuestra legítima preocupación sobre esta gravísima situación de riesgo que hoy vivimos los venezolanos, quienes en su gran mayoría somos ciudadanos pacíficos, amantes de la paz y la libertad, respetuosos de la ley, el derecho, defensores practicantes de la democracia y el pluralismo político, promotores del dialogo, el consenso, la convivencia y la coexistencia pacífica entre todos y cada uno de los venezolanos, sin atender a su condición social, racial, religiosa o a su ideología política.
Estamos profundamente preocupados por el comportamiento antidemocrático que viene asumiendo el jefe del estado desde el gobierno, confundiendo sus atribuciones y facultades, colocándose al margen de la Constitución y de las leyes, convirtiéndose en un constante factor de disociación entre hermanos de un mismo pueblo, alentando recurrentemente a la división y produciendo artificialmente una continúa perturbación social en la sociedad democrática, desatendiendo las prudentes recomendaciones que oportunamente le han venido haciendo organismos internacionales, y desoyendo a la nación, a partidarios y a opositores, prefiriendo adoptar la actitud de un líder de facción antidemocrático y no de un país entero, y desdeñando sus deberes de gobernar democráticamente para todos sin excepción, ciñéndose a la Constitución y a las leyes, cumpliendo con toda la sociedad, sino que prefiere discriminar y perseguir a un grueso sector de la población por no plegarse a su ideología socialista, ni identificarse con su proyecto político excluyente y conculcador de los derechos de los ciudadanos, que no lo acompañan ni apoyan incondicionalmente en sus planes políticos.
Hemos visto como en Venezuela se viene desplegando y desarrollando sistemáticamente, un plan político muy pernicioso, que intenta y pretende el desmantelamiento progresivo del estado de derecho, y del modelo socio político y económico democrático, previsto en nuestro actual ordenamiento jurídico vigente. Lo tratan de hacer desde el gobierno con el apoyo incondicional de una facción militarista, quienes ejerciendo un poder hegemónico por la garantía del monopolio de la fuerza y su poder de fuego, están dispuestos a usarlos sin contemplaciones, y controlando políticamente todas las instancias del poder público nacional, para ponerlo al servicio de un proyecto político personalista de corte totalitario, conculcador sucesivo de los derechos ciudadanos conquistados por la sociedad democrática.
El plan ya está develado, no lo disimulan, está en plena ejecución y se ha venido realizando tácticamente, mediante la puesta en práctica de astutas estrategias, por etapas, gradualmente, y a contracorriente de lo que necesita y desea el pueblo pacífico y libertario de Venezuela.
Quienes piensen ciegamente que el pueblo venezolano lo ignora están supremamente equivocados, y podrían en el futuro vivir una terrible decepción, porque el pueblo venezolano jamás renunciará sumisamente a sus derechos y conquistas democráticas. Quienes no lo entiendan, estarán precipitándonos inevitable y deliberadamente hacia una lamentable confrontación fraticida, el caos y la anarquía. Si lo hacen deliberadamente, no prevalecerán aunque derroten militarmente al pueblo democrático, porque más tarde o más temprano caerían, y la historia les cobraría sus afrentas contra sus hermanos pacíficos, que serán entonces los mártires de la democracia; pero los conculcadores del derecho de toda la sociedad, serían los esbirros del futuro, y etiquetados por la historia como quienes empujaron un día a sus hermanos a la guerra fraticida para imponer sus desquiciadas ideas divisionistas, que solo alentaban demagógicamente el odio entre clases sociales para eternizarse en el poder, obviando a la sociedad plural, que si quiere regirse por el estado de derecho que ellos como falsos redentores pretenden perniciosamente desmantelar.
Cuando los pueblos y sus gobernantes, se colocan deliberadamente en actitud de desobediencia e inobservancia impune ante las leyes que los rigen, y sus autoridades legítimamente elegidas se comportan arbitraria y abusivamente al margen de la ley, y dejan de regirse estrictamente por las normas y reglas de derecho que se han dado de mutuo acuerdo para regularse, se cae pronto inevitablemente en la nociva anarquía.
Sin la aplicación de una justicia transparente, independiente, autónoma e imparcial, la sociedad pronto estará a merced del caos. Sin un estado de derecho plenamente vigente, acatado, respetado y aceptado pacífica y colectivamente por todos los ciudadanos de común acuerdo, solo nos quedará la ley de la selva, la que impondrá el más fuerte, no el más aceptado.
Nuestra vida en la sociedad debe a todo evento regirse por la Constitución Nacional y todas las leyes de la república. Hacer lo contrario es un claro hostigamiento a delinquir, una perversa incitación a la guerra. Nadie absolutamente puede estar por encima de la ley, nadie por muy popular y encumbrado que esté en el poder, tiene el derecho absoluto para violar la Constitución y las leyes. Quien así lo haga se estaría colocando al margen del estado de derecho y debería ser considerado como enemigo público número uno de la sociedad, por el grave riesgo –casi suicida- de conflicto injustificable al cual la expone irresponsablemente.
No haremos aquí un compendio de las constantes violaciones a la Constitución Nacional y a las leyes de la república que en Venezuela se vienen produciendo impunemente, con el agravante de que las autoridades investidas de legítima autoridad, pertenecientes a todos los poderes públicos, obligadas a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, que deben ser garantes de su observancia, permanecen inertes, inmóviles, indiferentes e inmutables, ante el constante abuso de poder y las flagrantes violaciones que se cometen a la Constitución y las leyes desde el ejercicio del gobierno, convirtiéndose presuntamente en cómplices de esas arbitrariedades, abusos, excesos e infracciones.
Tampoco diremos hoy cuantos ni cuales artículos de la Constitución Nacional y las leyes han violado, violan y continuarán violando el presidente de la república y su gobierno; sólo alertamos a la opinión pública nacional e internacional, sobre la gravedad de está impune situación. No especificaremos ningún ejemplo de esas violaciones hoy, basta leer en la prensa las declaraciones del presidente, o escuchar los discursos presidenciales, las amenazas en sus constantes y extensas intervenciones públicas proferidas gratuitamente a instituciones nacionales e internacionales, a personas jurídicas y naturales, repletas de múltiples instigaciones al odio, anuncios de confiscaciones, expropiaciones, cargadas de mensajes divisionistas, incitaciones a la guerra, haciendo clara desobediencia e inobservancia de las normas explícitamente contenidas en la Constitución, para comprender lo que aquí responsablemente advertimos.
Expresamos digna y decorosamente, nuestra legítima preocupación sobre esta gravísima situación de riesgo que hoy vivimos los venezolanos, quienes en su gran mayoría somos ciudadanos pacíficos, amantes de la paz y la libertad, respetuosos de la ley, el derecho, defensores practicantes de la democracia y el pluralismo político, promotores del dialogo, el consenso, la convivencia y la coexistencia pacífica entre todos y cada uno de los venezolanos, sin atender a su condición social, racial, religiosa o a su ideología política.
Estamos profundamente preocupados por el comportamiento antidemocrático que viene asumiendo el jefe del estado desde el gobierno, confundiendo sus atribuciones y facultades, colocándose al margen de la Constitución y de las leyes, convirtiéndose en un constante factor de disociación entre hermanos de un mismo pueblo, alentando recurrentemente a la división y produciendo artificialmente una continúa perturbación social en la sociedad democrática, desatendiendo las prudentes recomendaciones que oportunamente le han venido haciendo organismos internacionales, y desoyendo a la nación, a partidarios y a opositores, prefiriendo adoptar la actitud de un líder de facción antidemocrático y no de un país entero, y desdeñando sus deberes de gobernar democráticamente para todos sin excepción, ciñéndose a la Constitución y a las leyes, cumpliendo con toda la sociedad, sino que prefiere discriminar y perseguir a un grueso sector de la población por no plegarse a su ideología socialista, ni identificarse con su proyecto político excluyente y conculcador de los derechos de los ciudadanos, que no lo acompañan ni apoyan incondicionalmente en sus planes políticos.
Hemos visto como en Venezuela se viene desplegando y desarrollando sistemáticamente, un plan político muy pernicioso, que intenta y pretende el desmantelamiento progresivo del estado de derecho, y del modelo socio político y económico democrático, previsto en nuestro actual ordenamiento jurídico vigente. Lo tratan de hacer desde el gobierno con el apoyo incondicional de una facción militarista, quienes ejerciendo un poder hegemónico por la garantía del monopolio de la fuerza y su poder de fuego, están dispuestos a usarlos sin contemplaciones, y controlando políticamente todas las instancias del poder público nacional, para ponerlo al servicio de un proyecto político personalista de corte totalitario, conculcador sucesivo de los derechos ciudadanos conquistados por la sociedad democrática.
El plan ya está develado, no lo disimulan, está en plena ejecución y se ha venido realizando tácticamente, mediante la puesta en práctica de astutas estrategias, por etapas, gradualmente, y a contracorriente de lo que necesita y desea el pueblo pacífico y libertario de Venezuela.
Quienes piensen ciegamente que el pueblo venezolano lo ignora están supremamente equivocados, y podrían en el futuro vivir una terrible decepción, porque el pueblo venezolano jamás renunciará sumisamente a sus derechos y conquistas democráticas. Quienes no lo entiendan, estarán precipitándonos inevitable y deliberadamente hacia una lamentable confrontación fraticida, el caos y la anarquía. Si lo hacen deliberadamente, no prevalecerán aunque derroten militarmente al pueblo democrático, porque más tarde o más temprano caerían, y la historia les cobraría sus afrentas contra sus hermanos pacíficos, que serán entonces los mártires de la democracia; pero los conculcadores del derecho de toda la sociedad, serían los esbirros del futuro, y etiquetados por la historia como quienes empujaron un día a sus hermanos a la guerra fraticida para imponer sus desquiciadas ideas divisionistas, que solo alentaban demagógicamente el odio entre clases sociales para eternizarse en el poder, obviando a la sociedad plural, que si quiere regirse por el estado de derecho que ellos como falsos redentores pretenden perniciosamente desmantelar.
Es un dilema mortal, muy destructivo, por lo suicida, el que están irresponsablemente provocando, desde el gobierno y desde la oposición: ¿Respeto a la Constitución o la confrontación?.El respeto y el cumplimiento pleno de la Constitución por todos, gobernantes y gobernados, partidarios del gobierno y opositores, todos debemos cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, es la única verdadera garantía de la paz, lo demás es tentar al "diablo"...¡ay de aquellos que no lo comprendan!. El gobierno tiene la principal responsabilidad y debe abrirse al dialogo constructivo con el resto de la sociedad que no lo apoya, la oposición debe responsablemente exigirle democráticamente al gobierno que cumpla con la Constitución, pero si no cumplen con su deber ambos o uno sólo de ellos, el pueblo y la historia algún día los arrollará pasándoles la factura completa.
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4 comentarios:
que hayamos llegado al punto donde nuestra única arma es tratar de defender una constitución hecha a la medida del régimen y su lider, no hace más que confirmar la hipotesis del callejon sin salida, la "bicha perfecta" que iba a durar 100 años y que se construyó con miles de vicios. sin disidencia, apelando a una falsa originariedad... es ahora el marco de nuestra defensa... pues al tnte. coronel solo le sirvió de transición
La plena vigencia del estado de derecho, la Constitución y las leyes es la mejor arma para defender la democracia y la vida civilizada, no existe otra fórmula más eficaz para alentar la anarquía, la guerra y el caos que desconocer y desobedecer las leyes.
Son las reglas que nos hemos dado todos para convivir pacíficamente, sin importar quien las promoviera. Son las que tenemos, las que están vigentes.Esa misma Constitución que quieren ahora reformar para aprobar la reelección indefinida constituye hoy día el principal impedimento para instaurar la dictadura.
La Constitución Nacional, y el estado de derecho debe ser el instrumento de la sociedad democrática para combatir el autoritarismo, el estatismo, el centralismo e impedir el intento totalitario de perpetuarse en el poder. En esa Conmstitución están los principios que debemos defender,respetar,acatar y cumplir así de simple...lo demás es tentar al diablo
Saludos.
Me faltó agregar, que desde luego la Constitución no es la "única arma" que posee la sociedad democrática para luchar por sus derechos. Hay muchísimas otras "armas", como por ejemplo: Los partidos políticos organizados, los entes no gubernamentales, las ONG, mediante la participación ciudadana activa, la resistencia pacífica, la lucha gremial, la activación militante y activa de los ciudadanos en las distintas comunidades, la constante vigilancia, supervición, fiscalización y control ciudadana, mediante la denuncia; el trabajo comunitario, el trabajo de activismo político legítimo, activándose en todos los escenarios públicos, en foros, conferencias, eventos, las manifestaciones pacíficas,el entrenamiento en el control electoral, el trabajo propagandístico y publicitario,las protestas cívicas, las demandas en tribunales nacionales e internacionales, la presencia permanente de los líderes civiles en los medios de comunicación;mediante entrevistas, declaraciones, artículos de opinión, haciendo política de altura, trabajando en los barrios urbanizaciones, en la calle con la gente, asumiendo liderazgos locales, regionales,y nacional, hay muchas formas.
Ahora que, la política es muy difícil y es una actividad sin límites, pero hay que competir sin resignarse jamás, y estar dispuesto a perder y a ganar, respetando la voluntad popular,pero armas políticas hay y muchas...
Estimado Arcangel,
Tengo todo el gusto en te indicar el seguinte e-mail:
pedro_ncm@hotmail.com
Saludos,
Pedro Nuno Monteiro
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