TeleSUR _ 25/04/07 -Además de los diputados que llegaron a Colombia, otro grupo se dirigió a la sede diplomática de Estados Unidos en Quito para solicitar asilo político tras la orden de arresto solicitada contra 24 de los congresistas restituidos, según reseñan los medios locales.
Siete diputados de oposición ecuatoriana que habían sido restituidos en sus cargos por el Tribunal Constitucional (TC) viajaron este martes a Colombia y solicitaron asilo político, tras una orden de arresto emitida por Elsa Moreno, fiscal de Pichincha, por sedición contra 24 de los 57 diputados destituidos.
A los funcionarios se les acusó de alzarse contra las autoridades legalmente constituidas. La denuncia fue presentada por legisladores del Bloque de Dignidad Nacional, quienes aseguran que los ex congresistas atentaron contra la seguridad del Estado y derogaron funciones al instalar un congreso paralelo, luego de ser destituidos.
La congresista Gloria Gallardo poco después de llegar a Colombia declaró que han viajado a ese "país hermano en busca de protección y asilo político".
Agregó que otros diputados del Partido Social Cristiano (PSC, derecha) están en proceso de ingresar a Colombia por la ciudad fronteriza de Ipialesa (sur).
Por su parte, el socialcristiano Alfonso Harb señaló que en Ecuador "se vive una dictadura" y aseguró que volverá a su país si se le brinda las garantías procesales en caso de ser detenidos.
Entre tanto el presidente Rafael Correa pidió que, "para tranquilizar a la nación", se retire la demanda presentada contra los 24 diputados restituidos.
En una conferencia de prensa con motivo de sus 100 días de gobierno, Correa dijo que este proceso judicial "altera más" la situación política del país, que el gobierno no quiere agravar.
Además de los congresistas que viajaron a Colombia, otro grupo acudió a la sede diplomática de Estados Unidos en Quito, en espera que Washington les conceda el amparo, según reseñan los medios ecuatorianos.
Entre los congresistas que piden la protección del gobierno colombiano se hallan además Silka Sánchez, Alfonso Harb, Alfredo Serrano, y Mauricio Ponce, según Gallardo.
/Efe/Afp.
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Fuente: TeleSUR.
PRESIDENTE CORREA INVOCA A PAZ CIUDADANA EN MEDIO DE REACTIVADA CRISIS EN ECUADOR.
La crisis política en Ecuador llenó este martes las calles de manifestantes, desintegró el máximo tribunal y dejó en vilo la restitución de 50 diputados, lo que llevó al presidente Rafael Correa a invocar la paz ciudadana ante el "sensible momento por el que atraviesa el país". Correa deslindó cualquier responsabilidad en la inestabilidad política y se opuso a un pedido de arresto lanzado este martes por la fiscal Elsa Moreno contra 24 de los 50 legisladores opositores que habían sido restituidos el lunes, bajo sospecha de "sedición".
"No tenemos que ver absolutamente en nada con estas acciones legales, no son patrocinadas por el gobierno, pero como responsable de la paz ciudadana voy a pedir a los autores de la demanda (contra los diputados) que la retiren", afirmó Correa.
Tras conocer la orden de arresto, al menos once diputados viajaron a Bogotá donde pedirán asilo político y cuatro más se hallan en camino, informó la congresista Gloria Gallardo, poco después de llegar a Colombia.
"Hemos venido a Colombia, que es un país hermano, para pedir protección y asilo político", dijo Gallardo, quien viajó junto a otros 10 diputados del PRIAN (derecha), la principal fuerza parlamentaria de Ecuador.
"Estamos aquí porque en Ecuador no hay garantías para nosotros, ya no vivimos en un estado de derecho sino de una dictadura presidida por Rafael Correa, que ha secuestrado todos los poderes del Estado", afirmó.
La fiscal lanzó su orden de arresto contra los legisladores por "alzarse contra el gobierno, desconocer la Constitución e impedir la reunión del Congreso".
Como ha ocurrido en los últimos dos meses, una resolución de los poderes enfrentados causó un efecto dominó que aumentó la temperatura en Ecuador, el país más inestable de la región, con ocho presidentes en una década.
El lunes el Tribunal Constitucional (TC) restituyó a 50 legisladores cesados el 7 de marzo por torpedear la consulta popular del 15 de abril, en la que fue aprobada por mayoría la instalación de una Asamblea Constituyente.
El fallo fue cuestionado por el propio vicepresidente del organismo, Tarquino Orellana, quien denunció que el texto fue adoptado sin cumplir los procedimientos de ley.
Los magistrados rehabilitaron al grupo de opositores invocando un recurso de amparo otorgado por un juez de provincia, lo que a criterio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) contraviene una sentencia suya que ratificó la destitución el 28 de marzo.
Los poderes del Estado libran un cerrado pulso en torno a la Constituyente que redactará una nueva Carta Política y que Correa aspira a que refuerce el papel del Estado en la economía, recorte los poderes del Congreso y despolitice los tribunales.
El mandatario, quien este martes cumplió cien días de gobierno con una aprobación del 90% según una encuesta de Perfiles de Opinión, desconoció el fallo constitucional por considerarlo "írrito" (inválido).
Rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad policial, el Congreso unicameral (con 100 escaños) sesionó este martes sin los diputados restituidos y cesó con 52 votos a los nueve magistrados del Constitucional.
"Hemos procedido (a la destitución) porque los nombramientos (de los jueces) ya habían vencido, estaban prorrogados y teníamos que hacerlo", señaló el vicepresidente del órgano, Byron Pacheco, negando que la resolución sea una represalia por la restitución de los opositores.
EL TC será reorganizado con las ternas de aspirantes que enviarán el gobierno y la Corte Suprema de Justicia, explicó. En las afueras del Parlamento, unos 400 manifestantes afines al gobierno lanzaron arengas contra los políticos rehabilitados, generando enfrentamientos esporádicos con la Policía que dispersó la multitud con gases lacrimógenos, constató un periodista de la AFP.
"El país entero está en pie de lucha, en esta ocasión nos toca enfrentar una nueva bufonada de la mafia política y el TC. La partidocracia quiere meternos en un limbo jurídico, pero lo resuelto por los magistrados es írrito (inválido)", afirmó Gustavo Ramírez, dirigente del Movimiento Bolivariano Alfarista.
Fuente:www.globovision.com.
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