11 DE ABRIL INOLVIDABLE

El 11 de abril del año 2.002 pudimos ver al Presidente Hugo Chávez por televisión inconmovible, sentado frente a su escritorio en Miraflores, dando una cadena de televisión inmutable, mientras la pantalla de televisión partida en dos mostraba los muertos que provocaba el enfrentamiento que se sucedía en la avenida Baralt y en Puente Llaguno, jamás olvidaremos su actitud de frialdad. Para nosotros, ese día es de luto nacional y quedó indeleble grabado para siempre en nuestra memoria.

Más allá de toda consideración, sin pretender creernos dueños de la verdad porque no somos investigadores, ni disponemos de elementos de valoración para conocerla a ciencia cierta; para nosotros quedó muy claro que la principal responsabilidad de esos lamentables acontecimientos que degeneraron en tantas muertes y heridos de venezolanos inocentes, la tienen ambos bandos en conflicto por el poder; tanto el gobierno y los grupos de partidarios virulentos que en ese entonces lo apoyaban incondicionalmente, como sectores radicales de la oposición que intentaron a todo evento derrocar al gobierno usando fórmulas distintas a las previstas en la Constitución Nacional.

Por una parte el gobierno es culpable por no dialogar, y asumir una actitud sectaria, estridente, de ceguera, que impidió buscar una salida política adecuada a la crisis que entonces se planteó, y que no permitió auspiciar soluciones pacíficas y democráticas acordes, sino que prefirió en cambio desafiar a toda la sociedad sin medir las consecuencias. Por otra parte, son culpables los sectores de oposición radicales, que forzaron al presidente prácticamente a renunciar, manipulando a una marcha multitudinaria de más de un millón de personas y precipitándola hacia el palacio de Miraflores sin medir el alcance y el negativo impacto que ese hecho irracional produciría, con el saldo negativo provocado por los oscuros franco tiradores asesinos –aún no se sabe si eran del gobierno o de la oposición- obligando a los partidarios del gobierno a reaccionar para defenderlo, produciendo un mortal enfrentamiento entre facciones, y también a buena parte de la población que apoyaba al gobierno y estaban en sus casas sorprendidos y quienes igualmente decidieron salir a las calles posteriormente a protestar la ruptura del hilo constitucional, y el intento imperdonable de borrar de un plumazo todo lo que juntos habíamos logrado los venezolanos.

Los venezolanos en su gran mayoría somos pacíficos y no participamos ese día en esos sangrientos acontecimientos, muchos nos encontrábamos como es habitual, trabajando al frente de nuestros respectivos oficios, unos en el interior del país, otros en la capital, no estábamos marchando, ni echándole tiros a nadie, sino tratando de ganarnos el pan de cada día para nuestros hijos y familias. No cuestionamos a quienes marcharon para protestar, pero tampoco a quienes se apostaron a ejercer su derecho legítimo de defender al gobierno. Reprochamos es el manejo sectario inadecuado, irracional y absurdo de la situación política conflictiva que se planteó entre el gobierno y sectores radicales de la oposición, y el desenlace fatal, las muertes impunes de personas inocentes, sin ninguna justificación; para nosotros todos los caídos eran nuestros hermanos venezolanos sin importar su condición social, racial, religiosa o política, es imperdonable la forma brutal como fueron asesinados.

Sentimos sinceramente que la situación lamentable vivida ese tétrico día 11 de Abril del 2.002, dividió aún más a los venezolanos, esos hechos no deben volver a repetirse. Para tal fin, el gobierno debe seriamente considerar sus fallas y rectificar sus errores, para auspiciar el dialogo fructífero con la auténtica oposición democrática, para facilitar la convivencia y coexistencia pacífica, permitir y promover el libre juego de las ideas, el pluralismo de partidos, y la participación política; sólo así podrá garantizarse la estabilidad democrática y la gobernabilidad. Por su parte, la oposición tiene la inmensa responsabilidad de ser contrapeso político institucional al gobierno. Debe exigirle la posibilidad de dialogar respetando al gobierno, para hacerle oposición con dignidad sin ser coartada en sus derechos, permitiendo que el país logre sosegarse, y así poder trabajar todos juntos por el desarrollo integral de la nación.

Para alcanzar ambos sus objetivos, es indispensable el dialogo político democrático, es necesario que el gobierno por fin reconozca que toda la oposición no es golpista y terrorista como suele torpemente etiquetarla y emblematizarla, es esencial que el gobierno comprenda que su propia estabilidad también depende de que buena parte de la población también lo adversa legítimamente, y esa gente debe sentir que puede hacer oposición sin ser perseguida, ni oprimida, reprendida o discriminada por hacerlo, que puede y debe tener disponible una alternativa distinta, que puede competir democráticamente sin asumir el riesgo de ser reducida, liquidada, acosada, restringida, enjuiciada, o sometida al escarnio público como lacaya del imperio. Por su parte, la oposición democrática, debe promover el dialogo también, garantizándole al gobierno su estabilidad y accionar sin obstruirlo indebidamente, y sin ser una constante amenaza, ni un estorbo para que implemente como es lógico sus políticas gubernamentales y sociales, en beneficio de toda la colectividad.

La gran mayoría de los venezolanos estamos cansados de la violencia injustificada, de la diatriba permanente, del pleito constante entre gobierno y oposición; nos cansamos también de las propuestas de salidas cortas, los atajos, los caminos breves, las aventuras irracionales, las solicitudes absurdas de salida rápida y por la puerta de atrás del presidente de la república, porque a un grupo no le gusta su estilo, o su manera, o tal vez su programa de televisión. Deseamos que exista paz, que el gobierno permita el libre accionar de la disidencia política democrática sin esgrimir ningún pretexto; le exigimos al gobierno que cese la persecución contra sus adversarios, que libere a los presos políticos, auspicie, promueva y lleve adelante una amnistía política general, y que se dedique seriamente a gobernar y a resolver tantos problemas que agobian a toda la población, a partidarios y a opositores.

Le exigimos al gobierno que la reforma constitucional que está promoviendo, la haga a la luz pública y no como lo está haciendo, y como pretende aprobarla, en la oscuridad, entre gallos y media noche. Por lo demás, a propósito del aniversario del fatídico y luctuoso 11 de abril, es preciso también, que por fin se establezcan las responsabilidades de lo ocurrido, se averigüe, investigue y determine la verdad. Para alcanzar tales objetivos, sería prudente y necesario que existiera una comisión de la verdad desprovista de ataduras ideológicas, y de compromisos partidistas, auténticamente transparente, independiente e imparcial, que investigara a fondo los acontecimientos del 11 de abril, para así llegar a la verdad, para encontrar y castigar a los verdaderos culpables.