Por: MAYRA PERTOSSIAP. Además de la causa por violaciones a los derechos humanos por la que se anuló su indulto, el general Santiago Riveros se encuentra bajo arresto desde agosto del 2000 por la sustracción, ocultación y retención de menores nacidos en cautiverio.
BUENOS AIRES --La Corte Suprema argentina declaró el viernes inconstitucional el indulto otorgado en 1989 a ex militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1976 a 1983.
En un fallo dividido, cuatro de los siete integrantes del máximo tribunal declararon la nulidad del indulto que el entonces presidente Carlos Menem concedió al ex general Santiago Omar Riveros, contra quien pesaban decenas de causas por delitos de lesa humanidad como detenciones ilegales, torturas y desapariciones de presos políticos, y que aún no había sido condenado.
Dos magistrados votaron en disidencia y otro se abstuvo de hacerlo.
Aunque el fallo del tribunal se refiere sólo a Riveros, abre el camino para que los jueces de instancias inferiores decreten también la inconstitucionalidad de otras decenas de indultos que Menem concedió en 1989 y 1990.
En un comunicado oficial al que tuvo acceso AP, la Corte argumentó su fallo al sostener que "los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no sólo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional, razón por la cual la obligación que pesa sobre todos los Estados de esclarecerlos e identificar a sus culpables surge también de los tratados internacionales y aún del ius cogens, que es la más alta fuente de derecho internacional, no susceptible de ser derogada por tratados en contrario".
El decreto de indulto que benefició a Riveros, que lleva el número 1002/89, también alcanzó a otro grupo de militares que estaban siendo juzgados, entre ellos el ex presidente de facto Leopoldo Galtieri y el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides.
En un comunicado, Menem defendió los indultos y acusó al actual mandatario Néstor Kirchner de implementar "una política de revisión sesgada del pasado, parecida a una venganza".
"La idea de anular indultos surgió de esa visión tuerta que le imprimió al tema la Casa Rosada (casa de gobierno), destinada a anular los indultos de una de las partes enfrentadas en aquel momento, mientras se preservan vigentes los de la otra, los de las organizaciones terroristas", agregó el ex jefe de Estado.
El fallo de la Corte sigue al del procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien en mayo dictaminó la inconstitucionalidad del decreto de indulto.
Entre 1975 y 1978 Riveros fue comandante de los institutos militares de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, una de las mayores prisiones clandestinas de la dictadura y sede de numerosos partos de prisioneras cuyos hijos les fueron robados al nacer.
Cuando en 2005 la Corte Suprema declaró inconstitucionales dos leyes de amnistía dictadas en la década de 1980 que protegían de la justicia a ex militares y policías, la causa contra Riveros fue reabierta.
En 2006 la Cámara de Casación Penal anuló el indulto a Riveros y ordenó su detención, bajo la modalidad del arresto domiciliario. Fue entonces cuando Righi convalidó la anulación del indulto tras sostener que debe ser prohibida toda medida que impida que se juzguen los "crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales en ejercicio de sus funciones".
En diálogo con AP, el constitucionalista Gregorio Badeni expresó sus dudas respecto del fallo. "Lo que me preocupa es que en la década de 1990 la Corte Suprema (entonces integrada por jueces afines a Menem) había declarado la validez del indulto a Riveros, de modo que no comprendo con qué argumentos la Corte ahora ha ido en contra de su propio fallo".
Según las denuncias de los organismos de derechos humanos, 30.000 personas fueron muertas, secuestradas o desaparecidas durante la llamada "guerra sucia". Los informes oficiales dan cuenta de 13.000 casos.
En 1985 un tribunal enjuició y condenó a los líderes de dictadura por 709 casos de violaciones a los derechos humanos, pero en 1986 y 1987 violentos levantamientos militares obligaron al entonces presidente Raúl Alfonsín a impulsar la sanción de la ley de Punto Final -que terminó los procesos abiertos contra represores- y la de Obediencia Debida -que exculpó a los cuadros menores de las Fuerzas Armadas que habían sido obligados a cumplir órdenes-.
Además de la causa por violaciones a los derechos humanos por la que se anuló su indulto, Riveros se encuentra bajo arresto desde agosto del 2000 por la sustracción, ocultación y retención de menores nacidos en cautiverio, un delito que había escapado a los juicios contra los represores.
Esa causa fue elevada a juicio oral en abril de este año.
Desde que asumió el poder en mayo de 2003, el presidente Néstor Kirchner ha hecho de la revisión de lo ocurrido durante la dictadura uno de los ejes de su gestión.
Ese mismo año promovió la anulación en el Congreso de las leyes de amnistía, que luego fueron declaradas inconstitucionales por la Corte, lo que dio un nuevo impulso a las más de 1.000 causas judiciales por las que actualmente unos 170 represores se encuentran detenidos.
Fuente:elNuevoHerald.com.
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